Los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades se reducen un 66% con Sánchez

El próximo 6 de junio, Barcelona acogerá la XXIX Conferencia de Presidentes. Un encuentro al que los presidentes autonómicos del PP y Pedro Sánchez llegan en un momento de especial confrontación política. El PP ha convocado una manifestación dos días después contra la "corrupción" y la "mafia" del Gobierno. Y a tenor de los hechos no se vislumbra posibilidad alguna de acuerdos.

De hecho los populares votaron en contra del orden del día del encuentro pese a incluirse sus peticiones, según manifestó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP exigieron incluir algunos asuntos que no eran competencia de este foro. Todos estos elementos y otros antecedentes previos como el plantón de la derecha en el último Consejo de Política Fiscal hacen que incluso en Moncloa no descarten que se produzca algún tipo de boicot en la misma Conferencia de Presidentes. 

En este contexto se han  interpuesto recientemente nuevos recursos cruzados ante el Tribunal Constitucional (TC). Pese a todo ello, los datos reflejan que durante los Gobiernos de Sánchez la conflictividad ha bajado sustancialmente en comparación a la etapa de Mariano Rajoy. Al mismo tiempo, se han llegado a muchos más acuerdos entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

Según los datos recopilados por el Ministerio de Política Territorial, se ha reducido la conflictividad en un porcentaje que alcanza el 63% en datos globales. Es decir, frente a los 238 recursos de inconstitucionalidad cruzados que se plantearon desde 2011 a 2018 con los Gobiernos del PP, desde 2018 sólo se han planteado 88. 

Durante la etapa de Rajoy en Moncloa hasta la moción de censura de Sánchez en 2018, las comunidades autónomas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en 132 ocasiones. De ellos, 87 se realizaron de manera directa y 45 tras pasar por una negociación infructuosa en la comisión bilateral que permite el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Se trata del instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas y para evitar que se llegue a estos recursos. Por contra, el Ejecutivo central interpuso hasta 106 recursos. De ellos, 37 fueron de manera directa y 69 tras intentar la negociación entre administraciones.

En cambio, en los siete años que lleva Sánchez como presidente, (un intervalo temporal muy similar incluso superior por unos meses a los que estuvo Rajoy en Moncloa), las cifras recopiladas por el Ministerio de Política Territorial son mucho menores. Las comunidades autónomas han presentado hasta la fecha 44 recursos contra el Gobierno de Sánchez, es decir, un tercio de los registrados con Rajoy al frente. Casi la mitad, une veintena, han sido impulsados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso. 

De ellos, 34 han sido de manera directa y 10 tras el proceso negociador. Por su parte, el Ejecutivo estatal ha presentado curiosamente la misma cifra: 44 recursos. La diferencia es que solo ocho se efectuaron de manera directa y 36 tras intentar el paso previo de negociar.

Entre los principales temas que han generado conflictos entra las administraciones en la actual legislatura destacan la ley de vivienda, la ley de amnistía o los menores migrantes. Las normas impulsadas por el Gobierno al respecto han sido recurridas al TC de manera organizada por muchas comunidades autónomas del PP. Por su parte, el Gobierno ha impugnado especialmente cuestiones sobre memoria histórica como las denominadas "leyes de concordia" pactadas por PP y Vox, así como leyes trans y LGTBIQ+ de Ayuso, entre otras. 

Los acuerdos logrados 

Desde el Ministerio liderado por Torres ponen también en valor el número de acuerdos en cada uno de los periodos tras la mencionada comisión bilateral. "Se repite esta tendencia de negociaciones mucho más exitosas con los gobiernos del PSOE", señalan las fuentes consultadas. 

El número de acuerdos finales firmados entre el Estado y las CCAA que han evitado la interposición de recursos llegó a 180 durante la etapa de siete años de Rajoy. Se basaron en 27 leyes estatales y 153 leyes autonómicas. Mientras tanto, con los gobiernos de Sánchez esta cifra aumenta hasta la firma de 291 acuerdos finales que han evitado el recurso. Han sido en relación a 12 leyes estatales y 279 autonómicas. Esto supone un incremento porcentual de negociaciones exitosas de un 61%.

Desde el inicio de la actual XV legislatura y hasta la fecha de hoy se han firmado un total de 57 acuerdos finales con las comunidades. De ellos, 56 han sido totales y uno, parcial. Los últimos acuerdos alcanzados este 2025 fueron en febrero. Por un lado, con Asturias y su Ley de Impulso Demográfico. Por otro, con el País Valencià y su Decreto Ley de simplificación administrativa de la Generalitat. También se llegó a un acuerdo en enero con Aragón y su Ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias. 

Fuentes del Ministerio de Política Territorial ponen en valor estos datos porque "reflejan que la política de diálogo y cooperación obtiene buenos resultados". "El Gobierno siempre va a primar el diálogo a la confrontación. Lo lleva haciendo desde que Pedro Sánchez gobierna", añaden desde el equipo de Torres.