Ryanair echa un pulso al Gobierno con los viajeros como rehenes tras recibir millones en ayudas públicas durante años

"Un choque de poder". Así ha definido este jueves el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, el último enfrentamiento que Ryanair y el Gobierno mantienen después de que la aerolínea low cost decidiera reducir e, incluso, suspender sus operaciones en varios aeropuertos españoles tras denunciar que las tasas aeroportuarias (el dinero que las empresas que explotan los servicios deben pagar por utilizar las instalaciones) son demasiado altas.

La aerolínea anunció el miércoles el cierre de su base en Santiago de Compostela  y la cancelación de sus vuelos a Vigo a partir del 1 de enero y a Tenerife Norte a partir del próximo mes de octubre (cuando se inicia la temporada de invierno), así como la reducción de sus operaciones en otros territorios, una decisión motivada, según se explicó desde la propia empresa, por el aumento de las tarifas aeroportuarias. En verano la corporación ya había suspendido sus operaciones en Valladolid y en Jerez.

Esta decisión tuvo una dura respuesta por parte del presidente de Aena, Maurici Lucena, que acusó a esta compañía de tener "una inquietante concepción plutocrática del sistema político" y "una política de comunicación y relaciones institucionales guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje".

También desde el Gobierno se ha criticado la decisión del gigante irlandés, que conllevará la reducción de un millón de plazas de la oferta de Ryanair durante la temporada de invierno que afectará, principalmente, a Canarias, Zaragoza y Santander, y en menor medida, a Asturias y Vitoria. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó este jueves a la corporación de "chantaje y extorsión" durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, unas críticas que se suman a las de otros ministros del Ejecutivo, como Bustinduy o la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz (que, además, ha solicitado una "reunión urgente" a los directivos de la compañía para discutir el impacto laboral que tendrán los recortes de Ryanair en sus operaciones en España).

Fondos públicos a través de patrocinios turísticos

El choque entre esta empresa y el Gobierno es total, pero las tensiones entre la corporación irlandesa y las administraciones públicas del Estado vienen de lejos. Algunas de estas administraciones (en concreto, algunos ayuntamientos), han acusado a la aerolínea de bajo coste de aprovecharse de la recepción de fondos públicos para luego abandonar estas operaciones cuando sus cálculos no se ajustaban a la rentabilidad deseada por la compañía.

La implementación de Ryanair en España es indisociable del boom del ladrillo que imperó en el país en los 2000. Muchas de las infraestructuras creadas en esta época son aeropuertos, especialmente en ciudades medianas que no disponían de conexiones aéreas directas al tener relativamente cerca ciudades de mayor tamaño que ofrecían este servicio.

En ese momento, Ryanair implementó sus operaciones en muchas de estas ciudades y ayudó a poner en marcha la actividad de estos aeropuertos (además de incrementar sobremanera el número de pasajeros de otros aeropuertos que antes de la llegada del gigante irlandés y de otras compañías apenas tenían tránsito). Con una potente oferta de viajes low cost y una publicidad potente y renovada, la corporación logró elevar sobremanera la demanda de viajes en avión e, incluso, ayudó a potenciar el atractivo turístico de algunas ciudades.

Sin embargo, su implementación en estos aeropuertos no se hizo a coste cero. Ryanair recibió durante años dinero procedente del erario público para abrir estas rutas (según una información de El Economista, hasta el año 2019 la empresa había recibido más de 236 millones de diferentes administraciones). Aunque la ley no permite a la administración transferir dinero a compañías privadas con el fin de implementar sus operaciones en los aeropuertos (lo que supondría una injerencia en la libre competencia), existía un modus operandi para hacerlo.

Ayuntamientos y otras administraciones transferían dinero a estas aerolíneas de bajo coste (con un papel muy destacado de Ryanair) a través de patrocinios que casi siempre eran turísticos (aviones pintados con campañas publicitarias, anuncios en la página web de la empresa relacionados con promociones turísticas impulsadas desde las distintas administraciones...).

Denuncias por "subvenciones encubiertas"

En 2015, por ejemplo, el Concello de Vigo rubricó con Ryanair un contrato de 4,4 millones de euros para impulsar la conectividad del aeropuerto de la ciudad con rutas europeas (Barcelona, Dublín y Bolonia) durante tres años (hasta el 2018). Pese a recibir este dinero, la empresa irlandesa y el entonces alcalde de la ciudad, Abel Caballero, protagonizaron un duro enfrentamiento cuando en 2019 Ryanair le exigió al ayuntamiento triplicar los fondos públicos que recibían por un acuerdo promocional con la ciudad. El consistorio se negó y la empresa optó por suspender sus operaciones en Vigo y llevarse estos vuelos a Santiago y a Oporto (una decisión que provocó, incluso, la cancelación de billetes).

En 2010 Ryanair anunció que dejaba de volar al aeropuerto Federico García Lorca de Granada después de que la Diputación anunciara que le resultaba imposible mantener el convenio que desde 2007 tenía con la aerolínea por falta de recursos. En total, según El Economista, la provincia pagó a la compañía 4,5 millones de euros.

En 2022, Greenpeace denunció la existencia de "subvenciones encubiertas" a Ryanair y a otras compañías de bajo coste, como Vueling, para que operasen en los aeropuertos de Andalucía. "Solo en 2021 se concedieron casi un millón de euros a aerolíneas que operan en aeropuertos como Málaga o Sevilla, que ya tienen una gran demanda y no requerirían subvenciones. La reiteración de estas ayudas demuestra que, lejos de ser una promoción puntual, las aerolíneas utilizan estos contratos para mantener artificialmente operativas ciertas conexiones. Una práctica que ya está siendo vigilada de cerca por entidades como el Tribunal de Cuentas Europeo, al perturbar los principios de libre competencia", denunciaba entonces Greenpeace.

Esta y otras organizaciones denunciaron estas "subvenciones encubiertas" en patrocinios turísticos en otros territorios como Asturias o el País Valencià, que destinaron dinero a empresas como Ryanair con el fin, según recogían las denuncias, de mantener vuelos y rutas en aeropuertos de baja demanda que no serían rentables sin la concurrencia de dinero público.

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Público / EFE

Este no es el primer choque que el gigante irlandés tiene con el Gobierno. Son conocidos los ataques de esta corporación a Pablo Bustinduy, que desde la cartera de Consumo sancionó a la compañía con una multa histórica de 107 millones de euros por prácticas abusivas, especialmente las relacionadas con el cobro del equipaje de mano.

Consumo impuso una multa a Ryanair de 107 millones de euros por prácticas abusivas

"Consumo tiene la obligación de defender a los consumidores y esta empresa es conocida por tratar muy mal a los consumidores españoles. Cobrar por la maleta de mano o cobrar a los dependientes por sentarse al lado de las personas que les prestan apoyo son acciones sancionables. Por eso hemos puesto una sanción histórica de 107 millones de euros, y no están acostumbrados. Son gente muy poderosa, se están moviendo en Bruselas y tienen un lobby muy fuerte, pero ninguna empresa está por encima de la ley", advertía este jueves el ministro de Derechos Sociales durante una entrevista en La Cafetera.

Sobre la reunión que la ministra de Trabajo ha pedido con los directivos de la compañía, Díaz advirtió de que "la legislación laboral en España se va a cumplir y no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales en nuestro país".

"Ryanair lo que dice abiertamente es que Aena renuncie a sus beneficios a cambio de que Ryanair crezca. Ryanair seguirá viniendo a España, no se preocupe, y seguirá aumentando el número de viajeros. Lo que no lo hará es con el chantaje y la extorsión al Gobierno", respondía este jueves Óscar Puente a un diputado en el Congreso.

Sobre todas estas cuestiones (el choque con el Gobierno, el cierre de las operaciones o el dinero público recibido) en Ryanair se remiten, tras ser contactados por Público, a una nota de prensa difundida el miércoles por la compañía en la que piden al presidente de Aena "que se tranquilice y reduzca las elevadas tasas monopolísticas en los aeropuertos regionales españoles, tasas que están dañando el tráfico aéreo, el turismo y el empleo".