Turismo, vivienda o entretenimiento son algunos de los sectores estratégicos que han entrado en el radar del Ministerio de Consumo, decidido a poner coto a las prácticas abusivas de algunas de las grandes compañías que dominan estos mercados. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha lanzado una ofensiva reguladora que puede sacudir los cimientos de algunas de las compañías más reconocidas del mercado digital. Airbnb, Ryanair, Alquiler Seguro o Ticketmaster son algunas de las firmas que forman parte de una serie de investigaciones y sanciones para poner fin a prácticas consideradas abusivas, opacas o ilegales.

"Pasa en el sector de la aviación y del transporte, pero también en el de la vivienda, en el comercio electrónico, en la venta de entradas y en muchos otros ámbitos en los que parece que hemos normalizado que las grandes compañías dicten las reglas del mercado y puedan colocarse por encima de la ley. El Ministerio de Consumo lo va a decir las veces que haga falta, y lo va a demostrar en la práctica, que ni los consumidores están en una posición de impotencia ni las empresas están por encima de la ley", anunciaba Bustinduy este miércoles en rueda de prensa.

Sanciones a Airbnb y Alquiler Seguro

Uno de los principales frentes abiertos por Bustinduy es el del acceso a la vivienda, una de las mayores preocupaciones de los españoles. En este terreno, Consumo ha decidido poner coto al auge descontrolado de los anuncios de alquileres turísticos. El Ministerio ha exigido a Airbnb este lunes la retirada inmediata de 65.935 anuncios "ilícitos" de viviendas turísticas que se ofrecen en la plataforma, por "contravenir" la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.

Consumo había informado hasta en tres ocasiones de la existencia de ofertas que incumplían la normativa, tanto a la multinacional como a las comunidades autónomas donde se anunciaban estos negocios.

En la misma línea, el pasado mes de diciembre Consumo puso en marcha una investigación para destapar posibles prácticas encubiertas en la plataforma Airbnb. El foco estaba puesto en perfiles que, aunque aparentaban ser particulares, estarían gestionados en realidad por grandes gestoras de pisos turísticos. El objetivo, según Consumo, sería ganarse la confianza de inquilinos que prefieren tratar con familias antes que con corporaciones que cuentan con un negocio de miles de viviendas.

Fruto de esta investigación, se abrieron expedientes por presunta publicidad engañosa. El engaño, según la investigación de la Dirección General de Consumo, reside en aparentar que quien ofrece el alojamiento es una persona física -o varias- cuando en realidad se trata de una empresa. Estas conductas están tipificadas como desleales en el artículo 27 de la misma ley, que prohíbe crear de forma fraudulenta la impresión de que un profesional actúa fuera del ámbito de su actividad empresarial, "presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario". Estas infracciones graves podrían acarrear multas de hasta 100.000 euros.

El Ministerio que dirige Bustinduy también ha incoado un expediente sancionador a Alquiler Seguro, una "gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional", por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler.

Estas denuncias acotan las malas prácticas de las inmobiliarias que incumplen la Ley de Vivienda, que prohíbe explícitamente que los inquilinos asuman los gastos de gestión y formalización del contrato. Entre las denuncias interpuestas a la inmobiliaria en cuestión, destacan infracciones como "pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino", advierten desde el Ministerio.

Lucha con las aerolíneas por el equipaje de mano

En noviembre del pasado año, el Gobierno español, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, multó con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano. La sanción más elevada fue para Ryanair con 107.775.777 euros. Michael O'Leary, CEO de Ryanair, no tardó en cargar contra Bustinduy con insultos personales, calificándolo de "payaso" y "loco comunista", y lanzó una campaña con su imagen caricaturizada como un payaso para ridiculizar al ministro y bajo el lema: "Reserva precios locos (antes de que un payaso suba precios)".

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Hace unos días, Bustinduy ha secundado la iniciativa lanzada desde los consumidores europeos para denunciar ante la Comisión Europea y ante la Red de Autoridades de Protección al Consumidor a siete aerolíneas, entre ellas Ryanair y las españolas Vueling y Volotea, por prácticas abusivas por el cobro del equipaje de mano.

Investigación abierta a Ticketmaster

A esta ofensiva se ha añadido recientemente una nueva investigación, esta vez contra la gestora de entradas Ticketmaster tras recibir denuncias por parte de consumidores por el cobro de recargos ilícitos en la venta online de los conciertos en España de Bad Bunny. La investigación se suma a otro expediente informativo que el Ministerio mantiene abierto a otras empresas de venta de entradas online.

Una entrada con un coste de 79,50 euros incrementa su precio de forma desorbitada hasta llegar a los 269,30 euros

Según la OCU, una entrada con un coste de 79,50 euros incrementa su precio de forma desorbitada hasta llegar a los 269,30 euros al añadir los gastos adicionales: 150 euros por cargo vip adicional, 36,50 euros y 3,30 euros en concepto de donación. Esta denuncia de la OCU se suma a otras de la organización por repercutir al usuario, y no al vendedor, los gastos de gestión en el precio final.

Precios de Uber y Cabify

El ministerio también abrió un expediente informativo para investigar las potenciales subidas de precios de empresas VTC, como Uber o Cabify, tras el apagón. La medida responde a denuncias de usuarios en comunidades autónomas donde se había declarado el estado de emergencia. Este tipo de prácticas están prohibidas desde finales de 2024, cuando se reformó la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios a raíz de la DANA.

Otro punto de la agenda de Consumo pasa por frenar las llamadas spam. A partir de ahora, las operadoras estarán obligadas a bloquear aquellas comunicaciones publicitarias no consentidas, una medida que busca poner coto a una de las prácticas más denunciadas por los consumidores en los últimos años.