Los Gobiernos de PSOE y PP ignoraron las peticiones para tratar de hallar a varios españoles desaparecidos en Argentina

Son 22 líneas escritas a mano, con letra mayúscula y dolor gigante. Francisca Sala de Carlas, una madre catalana que vivía en Buenos Aires, le escribió en octubre de 1978 al rey Juan Carlos I para pedirle auxilio: Francisca necesitaba ayuda para saber dónde estaba su hijo. A Eduardo Carlas Sala se lo había llevado la dictadura de Jorge Rafael Videla una noche del verano argentino de 1977. Nunca, jamás, se supo su destino.

"Me dirijo y le suplica una madre desesperada a S.M., como máxima autoridad de los españoles, para que por su medio me sea dada la información de su ubicación, situación y estado físico, con el valor de su influjo ante las autoridades argentinas", escribió aquel día. Sus dolores y fracasos se repiten en las historias de otras tantas familias españolas que perdieron a sus seres queridos durante la dictadura argentina y que aún hoy siguen esperando una respuesta.

Este miércoles 30 es el día de Eduardo y de todas aquellas personas oriundas de este lado del Atlántico que vieron sus vidas truncadas por obra del sangriento régimen argentino. Se estima que unos 100 españoles residentes en ese país latinoamericano murieron en manos de aquel régimen, cuyos responsables acabaron juzgados por crímenes de lesa humanidad. Si a esa lista se suman aquellas personas de origen español nacidas en Argentina que también fueron víctimas de la dictadura, la cifra aumenta hasta unos 4.000 casos.

"Los españoles desaparecidos en Argentina eran el jamón del sándwich. Aquí cada uno se lavaba las manos", afirmó esta misma semana la madrileña Mercedes Salado, responsable de Identificación en el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), una entidad que trabaja incansablemente para localizar los restos de víctimas de la salvaje dictadura de Videla.

En una entrevista online difundida por la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina, Salado revivió precisamente sus intentos por tratar de conseguir la colaboración de las autoridades españolas en esa búsqueda. "Me encontré durante muchos años entregando una lista con 135 nombres al Estado español para que confirmaran si eran españoles, si había alguna huella dactilar en algún registro para cruzarla con huellas de los cadáveres y se sabía el lugar de origen (de las personas desaparecidas) para ver si podíamos encontrar familiares", relató.

Tras realizar esas declaraciones, Salado explicó a Público que esas peticiones de ayuda fueron realizadas "desde 2006 en adelante". "Pasamos por varios gobiernos, y ninguno nos pasó ni un solo dato", afirmó.

De los 135 nombres que figuraban en esa lista, 71 correspondían a personas nacidas en España y otros 64 a personas que poseían doble nacionalidad. Los restos de ocho de ellos fueron posteriormente localizados. "Yo resaltaba en amarillo los casos sobre los que teníamos escasa información. De unos 20 casos solo sabíamos que eran españoles, pero sin forma de contrastarlo. Hubo gente que recibió el listado y que mostró disposición, pero nunca hubo respuesta sobre ninguno de esos nombres", destacó la integrante del EAAF.

En ese contexto, Salado admite su frustración ante lo acontecido. "A los diez años –subrayó– me cansé de pedirle al Estado español no precisamente que pusiera recursos económicos, sino que confirmara que esos ciudadanos españoles eran, efectivamente, españoles". "Nunca hubo respuesta. Es doblemente frustrante. Siendo española, no lo podía creer", apuntó.

Lo que España no hizo

Las trabas que describe la integrante del EAAF guardan similitud con las que vivieron los familiares de los desaparecidos en sus gestiones para tratar de encontrar a sus seres queridos. De hecho, la actuación de las autoridades españolas mereció el reproche del Defensor del Pueblo. En un informe de octubre de 1986 al que tuvo acceso Público, dicho organismo subrayaba que "salvo contadas excepciones, la Embajada y el Consulado se limitaron durante el periodo dictatorial a cursar oficios de petición de información por la vía administrativa ordinaria (Ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Culto)".

Tras estudiar las quejas de varios familiares de desaparecidos, el Defensor del Pueblo concluyó que "las respuestas en las que se decía desconocer el paradero de la persona secuestrada eran aceptadas sin más trámite". Destacaba además que "a pesar de la evidente vulneración de derechos de españoles", no constaba que se hubiese presentado durante la dictadura "nota de protesta, verbal o escrita, en la que el Estado español comunicase al Estado argentino su disconformidad con su conducta en estos casos de desaparición y rogando o exigiendo el restablecimiento o reparación de la situación anterior".

Dos meses después, el entonces Gobierno de Felipe González admitió esas negligencias. En una carta secreta remitida al Defensor del Pueblo en diciembre de 1986, el entonces ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, pedía que se tomara nota de su "seria preocupación" ante las "posibles vulneraciones de las autoridades diplomáticas españolas" en relación a su actuación "durante el proceso dictatorial" argentino, en el que hubo miles de víctimas.