Greenpeace y WWF rechazan que endurecer las penas como plantea el PP frene los incendios

El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), quiso abrir este viernes un debate al respecto de las penas que reciben quienes causan incendios, "pirómanos", dijo. "Estaría dispuesto a un endurecimiento claro y contundente de las penas a estos asesinos y pirómanos", dijo Moreno Bonilla. El Código Penal ya establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes "provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas".

"Me gustaría abrir un debate. Es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, que tiene que ser con colaboración de todos, llamando al 112, [cuando] lo cogemos, no podemos tener un Código Penal absolutamente inocuo. [Este] tiene que ser mucho más duro para las personas que ponen en peligro el patrimonio natural y personal de muchas familias y la vida de muchas personas", manifestó el presidente de la Junta en una entrevista en la cadena Cope.

Los expertos, sin embargo, dudan de que para frenar los incendios sirva un endurecimiento de las penas. Las ONG Greenpeace y WWF las consideran suficientes sobre el papel y ponen el foco en reducir primero la siniestralidad y en dotar después de medios a las fiscalías de medio ambiente, a los agentes forestales y al Seprona de la Guardia Civil para que se pueda producir una aplicación más "efectiva" y "disuasoria" del Código Penal. 

"Hablar de terrorismo ambiental o de aumentar penas son declaraciones irresponsables. El Código Penal establece penas de hasta 20 años de prisión y pagar los daños causados. Lo que hace falta es dotar de más personal y medios a las fiscalías y al Seprona", asegura a Público Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace.

"En primer lugar —añade—, se trataría de reducir la siniestralidad, teniendo debates de uso alternativo del fuego y sensibilizando sobre actividades en el medio natural, más recursos e investigación y que se reduzca la estadística de incendios por causa desconocida. Hay muchas cosas por hacer", agrega. 

Las causas de los incendios en España, según los datos de la WWF, son las siguientes: un 53% de ellos es intencionado, otro 28% se debe a negligencias, un 5% a rayos, un 2% por reproducción (cuando el incendio es originado a partir de un incendio previo), y de un 12% se desconoce su causa.

Después, entre los intencionados, según WWF, la mayoría se producen por quemas agrícolas ilegales, el 37,8%, y para regeneración de pastos, el 30%. Pirómanos como tales, expresión que utilizó Moreno, son tan solo los causantes del 7,17% de los incendios. Los actos de vandalismo provocan el 7,1%, los relacionados con la caza son un 3,6%. Otro 2,12% se debe a venganzas. Tan solo un 0,37% se producen con la idea de lograr modificaciones de uso de suelos, lo que también prohibe el Código Penal tras un fuego. El resto se debe a otras causas, como represalias, resentimientos, bajar el precio de la madera y ritos pseudoreligiosos y sectarios.

La dificultad de conseguir pruebas

Existe hoy, esto sí, una dificultad, como también expuso el presidente andaluz, a la hora de atrapar a quien ha provocado un incendio. "Es un problema de pruebas, sí. Investigar un incendio forestal es complejo. Hay que encontrar el punto exacto de inicio, recoger evidencias físicas muy frágiles, y muchas veces se trabaja en superficies enormes y en condiciones adversas. Esto hace que haya sospechosos y que no se pueda condenar por falta de pruebas. Insistimos en que para que las penas sean realmente disuasorias hay que reforzar la investigación: más medios, más especialización y técnicas forenses adaptadas", asegura a Público Monica Colmena, del programa de bosques de WWF. 

"Las penas en el Código Penal, sobre todo en casos graves, son altas. Pueden llegar hasta 20 años de cárcel si hay riesgo para personas y entre tres y seis años en supuestos de especialidad ambiental. En incendios sin riesgo para la vida están entre uno y cinco años. El problema no es que sean bajas, sino que a veces podrían ser más precisas en cómo se tipifican y más proporcionadas al daño ambiental que provocan. WWF considera [necesario] que esas penas se apliquen de manera más efectiva. La mayoría de incendios tienen un origen humano y aún así muchos responsables no llegan a ser condenados", agrega.  

Los fiscales de Medio Ambiente, en diferentes instrucciones, oficios y memorias —de la FGE y de las Fiscalías Superiores— vienen exponiendo también este problema. Así, por ejemplo, en la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía del año 2023 se recoge con toda claridad: "Persiste la dificultad de acreditar la persona responsable de los hechos delictivos".

Una revisión de las memorias de la Fiscalía General del Estado del último lustro (entre 2020 y 2024) aporta los siguientes datos. En el año 2024, se abrieron 664 diligencias de investigación por incendios forestales y se lograron 95 sentencias condenatorias y 39 absolutorias (los casos no tienen por qué estar relacionados, sino que los fallos pueden venir de años anteriores). 

Un año antes, en 2023, fueron 550 las diligencias, 138 acusaciones, 90 sentencias condenatorias y 28 absolutorias. En 2022, los datos fueron los siguientes: 438 diligencias, 167 escritos de acusación, 99 condenas y 37 absoluciones. En 2021, ascendieron a 588 las diligencias, 115 las acusaciones, 109 sentencias con condena y 33 que terminaron en absolución. En 2020, el año central de la pandemia, fueron 409 las diligencias, 133 las acusaciones, 63 las condenas y 20 las absoluciones.