BARCELONA.- La irrupción de la Guardia Civil en la sede de CDC en busca de documentación relacionada con el presunto cobro de comisiones ilegales por obra pública ha favorecido la estrategia del Gobierno para que el soberanismo no sea el eje de los comicios catalanes el próximo 27 de septiembre.

A un mes de las elecciones, los registros en la sede de Convergència Democràtica de Catalunya, en su fundación Catdem y en cuatro ayuntamientos han provocado el enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno. El coordinador general y número dos de CDC, Josep Rull, ha denunciado el "espectáculo mediático" que a su juicio son los registros, y ha lamentado que la Fiscalía haya querido "entrar en campaña antes de hora" para "interferir" en el proceso soberanista catalán.

Por contra, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado a CDC a que "no busque culpables fuera de sus filas" y "se preocupe más de lo que pasa dentro de ellas". La vicepresidenta ha afirmado que a lo largo de estos últimos años, "si algo ha quedado claro es que las actuaciones de lucha contra la corrupción y de las instituciones que la combaten, no entienden de partidos, incluido el del Gobierno, ni de fechas electorales".

Los registros han sido ordenados por el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), que instruye un caso de presunta corrupción por pagos de comisiones del 3% de la constructora Teyco al partido.

Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, acompañados de agentes de la Guardia Civil, han entrado hacia las 13.00 horas en la sede central de la formación nacionalista, situada en la calle Còrcega de Barcelona. Los fiscales, junto a un secretario judicial, se han presentado en la sede de CDC con una orden de entrada y registro expedida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, que investiga un caso de presunto pago de comisiones ilegales a CDC por parte de la constructora Teyco en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

Según fuentes cercanas al caso, además de la sede de Catdem, en la calle Casp de Barcelona, la Guardia Civil ha recogido información en los consistorios de Lloret de Mar y Figueres (Girona) y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en todos los casos por delitos contra la administración pública. 

Las adjudicaciones que se investigan datan de los años 2009 y 2010, etapa en la que Osàcar ocupaba los cargos de tesorero de CDC y al mismo tiempo administrador de la fundación Catdem.

Los registros, llevados a cabo junto a la Fiscalía Anticorrupción y que incluyen también el domicilio del extesorero de CDC Daniel Osàcar, se engloban en la denominada Operación Petrum 2 y, según estas mismas fuentes, no se prevén detenciones. La Guardia Civil ha también ha examinado los correos electrónicos de Osàcar, que se ha desplazado a la sede central de Convergència para facilitar el acceso de los agentes a su cuenta desde un ordenador situado en las dependencias de la formación.

El registro del despacho del administrador de la fundación CatDem —vinculada a CDC—, situado en la sede del partido, ha acabado pasadas las 22.30 de este viernes, después de alargarse unas cinco horas. Efectivos de la Guardia Civil se han llevado numerosas cajas del despacho del administrador, Andreu Viloca —que también es el tesorero del partido—: la mayor parte de esta documentación está relacionada con la contabilidad de CatDem que Fiscalía ha requerido a CDC, según han explicado fuentes del partido.

Además de la contabilidad, que el partido le ha entregado voluntariamente, los investigadores han hecho una copia del ordenador del administrador y varios expedientes.

A raíz de la documentación intervenida tras las detenciones de la familia Sumarroca, la Guardia Civil halló indicios de supuestos pagos de estos ayuntamientos investigados a la fundación Catdem del 3% del valor de las adjudicaciones. De confirmarse estos hechos, la Fiscalía vería corroboradas las sospechas incluidas en la pieza separada número 3 del caso Torredembarra sobre los nexos entre el alcalde del municipio Daniel Masagué y la financiación irregular de CDC.

La Audiencia de Tarragona acordó el pasado 11 de agosto dejar en libertad con cargos, con una fianza de 600.000 euros, al exconsejero delegado de la constructora Teyco Jordi Sumarroca, que permanecía encarcelado desde el pasado 24 de julio, tras su detención en una operación contra la corrupción y el blanqueo. Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de CDC, abandonó la cárcel tras depositar la fianza de 600.000 euros que le impuso la Audiencia de Tarragona.

Por otra parte, la Guardia Civil se ha llevado del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) el expediente de un contrato por 1,7 millones de euros adjudicado a la constructora Teyco de Jordi Sumarroca en 2009, cuando el municipio era gobernado por el exdiputado convergente Xavier Crespo.

Según han informado fuentes municipales, en el marco de la Operación Petrum 2 los agentes han entrado en la sede del consistorio hacia las 10.30 horas con una orden judicial de incautación del expediente de contratación relativo a las obras que la constructora Teyco ejecutó en el parque urbano Can Xardó de Lloret de Mar.

Un Land Rover de la Guardia Civil ha llegado también hacia las 10 de la mañana al ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según han explicado fuentes del consistorio, y los agentes se han llevado "documentación administrativa" municipal.

También la Guardia Civil ha requisado el expediente de contratación de la construcción del edificio Sax Sala de Sant Celoni (Barcelona), obra realizada en 2009 por la empresa Teyco, según ha explicado a Efe el alcalde de la ciudad, Francesc Deulofeu (CiU).

Asimismo, y según ha informado la alcaldesa de Figueres, Marta Felip, agentes de la Guardia Civil, acompañados de un secretario judicial, han acudido a la sede de este consistorio poco después de las 10.00 horas y la han abandonado tres horas después, con cuatro cajas precintadas con documentación relativa a un contrato de 2009 por valor de 1,7 millones de euros adjudicado a Teyco para construir una piscina cubierta, cuando era alcalde el ahora conseller Santi Villa.