La Guardia Civil irrumpe en las sedes de CDC y en la campaña del 27-S

BARCELONA.- La irrupción de la Guardia Civil en la sede de CDC en busca de documentación relacionada con el presunto cobro de comisiones ilegales por obra pública ha favorecido la estrategia del Gobierno para que el soberanismo no sea el eje de los comicios catalanes el próximo 27 de septiembre.
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A un mes de las elecciones, los registros en la sede de Convergència Democràtica de Catalunya, en su fundación Catdem y en cuatro ayuntamientos han provocado el enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno. El coordinador general y número dos de CDC, Josep Rull, ha denunciado el "espectáculo mediático" que a su juicio son los registros, y ha lamentado que la Fiscalía haya querido "entrar en campaña antes de hora" para "interferir" en el proceso soberanista catalán.

Por contra, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado a CDC a que "no busque culpables fuera de sus filas" y "se preocupe más de lo que pasa dentro de ellas". La vicepresidenta ha afirmado que a lo largo de estos últimos años, "si algo ha quedado claro es que las actuaciones de lucha contra la corrupción y de las instituciones que la combaten, no entienden de partidos, incluido el del Gobierno, ni de fechas electorales".

Los registros han sido ordenados por el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), que instruye un caso de presunta corrupción por pagos de comisiones del 3% de la constructora Teyco al partido.

Según fuentes cercanas al caso, además de la sede de Catdem, en la calle Casp de Barcelona, la Guardia Civil ha recogido información en los consistorios de Lloret de Mar y Figueres (Girona) y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en todos los casos por delitos contra la administración pública. 

La familia Sumarroca

A raíz de la documentación intervenida tras las detenciones de la familia Sumarroca, la Guardia Civil halló indicios de supuestos pagos de estos ayuntamientos investigados a la fundación Catdem del 3% del valor de las adjudicaciones. De confirmarse estos hechos, la Fiscalía vería corroboradas las sospechas incluidas en la pieza separada número 3 del caso Torredembarra sobre los nexos entre el alcalde del municipio Daniel Masagué y la financiación irregular de CDC.

El extesorero de CDC Daniel Osàcar.

Por otra parte, la Guardia Civil se ha llevado del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) el expediente de un contrato por 1,7 millones de euros adjudicado a la constructora Teyco de Jordi Sumarroca en 2009, cuando el municipio era gobernado por el exdiputado convergente Xavier Crespo.