MADRID.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso Púnica, un informe en el que propone que cite a declarar como investigados (nueva denominación del imputado) al actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora del PP por esa región, Pilar Barreiro,

La Guardia Civil, según la Cadena Ser, propone que declaren por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, entre otros relacionados con la corrupción, por contratar al conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen en las redes sociales. Los hechos ocurrieron presuntamente cuando Sánchez era consejero de Educación y Barreiro alcaldesa de Cartagena.

Los agentes sostienen que, en contra de lo alegado por ellos, esos contratos se llevaron a cabo en 2014 y fueron abonados con dinero público, cuando el pago debió asumirlo el Partido Popular. Se trata de una situación similar a la del exconsejero de Presidencia madrileño, Salvador Victoria, a quien los contratos con De Pedro le han costado la carrera política.

La UCO dioce que contrataron  al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro para mejorar su imagen en las redes sociales pagando con dinero público

Tanto Sánchez como Barreiro son aforados, el primero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la segunda ante el Tribunal Supremo, de manera que si Velasco aprecia indicios para actuar contra ellos tendrá que enviar sendas exposiciones razonadas a ambos tribunales.

La consejera de Cultura y portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha asegurado que el Ejecutivo regional "no tiene conocimiento de la existencia del informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil. Además, Arroyo ha afirmado que "hay documentos oficiales que han certificado que nunca hubo ninguna relación y de ningún tipo con estas empresas", dedicadas a mejorar la imagen en las redes sociales. Así, el Gobierno regional tiene "absoluta tranquilidad", porque "así se certificó con documentación para que constara en la investigación".

En cualquier caso, Arroyo ha añadido que "si hay que facilitar algún dato más para que todo se aclare, así se hará". No obstante, considera que se trata de una información que, "según se ha contado, además, procesalmente no es posible, "porque "nunca la Guardia Civil ni la Policía es quien recomienda o no una imputación".

La trama de corrupción Púnica se ha cobrado en Mucia, hasta el momento, las dimisiones del exconsejero Juan Carlos Ruiz; y de las exdirectoras del Instituto de Fomento de Murcia, Reyes Samper, y del Instituto de Turismo, Mariola Martínez; además del exconcejal del PP en Cartagena y exjefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura.

Juan Carlos Ruiz, que dimitió tras su imputación, fue interrogado por el magistrado y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García por la adjudicación de, al menos, un contrato que el Instituto de Turismo de la Región realizó con las empresas del presunto 'conseguidor' de la trama Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE).

Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional reprochó a Alonso haber accedido a recoger un sobre con 3.000 euros que supuestamente el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria enviaba al conseguidor la red Alejandro de Pedro.

En el marco de esta operación de corrupción se efectuaron también dos detenciones en Murcia, la del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y la del exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia Jesús Norberto Galindo.