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Los guardias civiles ven un "talante antidemocrático" en Fernández Díaz por dudar sobre su imparcialidad

Segundo ataque contra sus críticos 

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (2-d), ha presidido este martes el acto de concesión del uso de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de Aragón. EFE/Toni Galán

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@CdelCastilloM

MADRID.- La brecha entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y las fuerzas de seguridad del Estado, sobre las que tiene el mando político, es cada vez más grande. Y se está evidenciando en la lucha contra la corrupción: mientras los guardias civiles le piden más medios para combatirla y dicen estar "desbordados", a Fernández Díaz le resulta "llamativo" que los casos más graves sobre corrupción afecten en su gran mayoría al PP.  

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Los guardias civiles han tachado las palabras de Fernández Díaz de "intolerables en un Estado de Derecho" y creen que revelan en realidad "su profundo talante antidemocrático", algo de lo que los agentes "han tenido sobradas muestras durante la pasada legislatura".

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"Cuando la corrupción es una de las principales preocupaciones, la persona que dirige el Ministerio encargado de velar por la seguridad de la ciudadanía se permite poner en duda la labor de sus propios trabajadores"

Así lo ha expresado en un comunicado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que agrupa a unos 31.000 agentes de un total de 68.000 que integran el cuerpo. "En un momento en el que la corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles, la persona que dirige el Ministerio encargado de velar por la seguridad de la ciudadanía se permite poner en duda la labor de sus propios trabajadores", acusa la asociación, la única forma de sindicarse que se les permite a los guardias civiles. 

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Segundo ataque contra sus críticos 

Las declaraciones de Fernández Díaz, no son el primer ataque contra sectores institucionales cuyo trabajo le resulta molesto al ministro. Hace poco más de un mes aprobó, pese a estar ya en funciones, una Orden General para la Guardia Civil que impide que los empleados contratados por las asociaciones de agentes tengan su puesto de trabajo en dependencias oficiales.

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