Fernández Díaz "ataca" al sector crítico de la Guardia Civil y condena al paro a docenas de sus empleados

@CdelCastilloM

MADRID.- El Ministerio del Interior, que dirige en funciones Jorge Fernández Díaz, ha comenzado a remitir a los trabajadores contratados por las asociaciones profesionales de guardias civiles —sindicatos con funciones recortadas, ya que el carácter militar que todavía mantiene el cuerpo impide a sus miembros sindicarse— las notificaciones de que no podrán continuar su actividad laboral en las dependencias oficiales de la institución y deben abandonarlas inmediatamente.

En una Orden General aprobada el 28 de diciembre de 2015, con un Ministerio ya en funciones, y que entró en vigor el pasado 1 de febrero, Interior reformó los derechos de las citadas asociaciones profesionales. Estableció que en dependencias oficiales de la Guardia Civil cedidas para ser usadas por las asociaciones "no podrá desempeñar su actividad laboral o similar personal ajeno al catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil, o que no mantengan con la misma una relación contractual".

La AUGC es la más crítica con Fernández Díaz y su "pésima" gestión, y con el actual director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, al que ve "caduco, desorientado e incapaz" además de "palafrenero al servicio de los generales del búnker"

La Orden, redactada de forma genérica y que deben cumplir todas las asociaciones, encierra en la práctica un ataque directo a una de ellas, la más crítica con Fernández Díaz y su "pésima" gestión, así como con el actual director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, al que ve "caduco, desorientado e incapaz" además de "palafrenero al servicio de los generales del búnker". No en vano, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es la única con capacidad para contratar trabajadores, gracias a sus 31.000 afiliados entre los aproximadamente 68.000 agentes del cuerpo. 

"Esta medida es un ataque muy claro contra nosotros", expone a este medio Juan Fernández, portavoz de AUGC. "La asociación que pretende liderar un cambio en la Guardia Civil, que quiere democratizar el cuerpo y que busca cambios, y que tiene la fuerza para forzar que esos cambios lleguen, somos nosotros. El resto de asociaciones son muy pequeñas y no tienen personal laboral contratado", continúa, recalcando el sinsentido de la norma: "En las comandancias ya trabajan cientos de empleados ajenos al cuerpo en administración, servicios de limpieza, informáticos..." mientras que solo a las asociaciones se les prohibirá el uso de personal ajeno al cuerpo.

Cinco empleados de la AUGC ya han recibido la notificación de la Dirección General de la Guardia Civil comunicándoles que deben abandonar sus puestos de trabajo. La asociación calcula que otros 25 podrían recibirla en los próximos días y "hasta 50" pueden verse afectados, explica su portavoz. Unos trabajadores "cuyo único delito es trabajar honradamente para AUGC", denuncia la asociación en un comunicado. 

AUGC empezó su labor en la clandestinidad, cuando toda unión entre agentes estaba prohibida. Su labor le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe). Sus principales reivindicaciones son la desmilitarización del cuerpo y la equiparación de sus condiciones laborales a los del resto de instituciones policiales del Estado.

"Están aprovechando para cometer un desmán tras otro, que sólo persiguen dejar bien atados sus egoístas intereses ante el pánico que les provoca la llegada de un gobierno que pueda poner en cuestión sus privilegios"

"Si tuviéramos derecho de sindicación estas cosas no pasarían", afirma Juan Fernández en una conversación con Público. Sin embargo, las notificaciones llegan en los estertores de un Gobierno conservador que ha llevado a cabo una "persecución del sindicalismo" denunciada por partidos políticos y sindicatos. El proceso judicial contra Los 8 de Airbus que ha comenzado esta semana es buena prueba de ello. En esta ocasión, la carga contra los sindicatos podría llevarse hasta 50 empleos por delante. "Para ellos el drama del paro en España no es algo tan relevante como seguir represaliando a los representantes de los guardias civiles, ya sea en sus propias personas o a través de los profesionales que trabajan para ayudarles", acusa la AUGC. 

Tampoco es la primera gestión de los miembros del Gobierno en relación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que aprovecha para saltarse el control parlamentario, tras la negativa el Ejecutivo en funciones del PP a dejarse controlar por las Cortes: Pedro Morenés, titular de Defensa, reorganizó el Ejército en un movimiento que, como reflejaron las asociaciones militares, puede "condicionar al nuevo gobierno".

La AUGC denuncia que Interior ha tomado exáctamente la misma deriva, "aprovechando la indefinición política para cometer un desmán tras otro, como acelerar una agenda de grupos de trabajo que sólo tiene por objeto dejar bien atados sus egoístas intereses ante el pánico que les provoca la llegada de un nuevo gobierno que pudiera poner en cuestión sus privilegios".