La guerra sucia contra Podemos: el fin de 'Neurona' evidencia los mecanismos del poder para acabar con la disidencia

Esta semana la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado de manera definitiva el caso Neurona, aquel que mantuvo a Podemos y a varios de sus dirigentes imputados durante tres años sin que existieran indicios sólidos de delito; el mismo caso que imputó a una trabajadora del partido por coger en brazos a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, acusada de ser una 'niñera' pagada con fondos del partido. 

Todas las piezas separadas que abrió un juez instructor no demasiado conocido hasta entonces, Juan José Escalonilla, fueron archivándose lentamente, tras resolver la Audiencia los recursos contra esos archivos presentados por las acusaciones de Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, de la misma órbita ultra. 

El lawfare o guerra judicial también consiste en alargar todo lo que sea posible los procedimientos judiciales contra adversarios políticos; y si en ese tiempo se convocan elecciones, mejor. 

Con el caso Neurona, Podemos sufrió desde el verano de 2020 una constante auditoría de sus cuentas, que le mantuvo imputado tres años con la sola denuncia de un abogado despedido del partido, que quería vengarse. Pero la guerra contra Podemos viene de más lejos, casi desde el mismo momento de su fundación. 

La guerra desde el poder político contra Podemos ha sido una guerra sucia de manual. Desde que 69 diputados y diputadas de la formación y de sus coaliciones entraron por primera vez en el Congreso de los Diputados, el 20 de diciembre de 2015, el sistema se puso en modo defensivo.

Desde el Poder Ejecutivo se pasó a la acción. Los recursos de las 'cloacas del Estado' fueron puestos al servicio del Ministerio del Interior, con fines que atentan directamente contra el Estado de derecho. 

Un grupúsculo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) —la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía—, se dedicó a espiar a los parlamentarios de Podemos fuera de la ley, sin orden judicial, sin más motivación que los intereses partidistas de la formación política al frente del Poder Ejecutivo, el Partido Popular. 

Pero hoy son los espías los investigados. El 30 de octubre de 2023 Podemos presentó en la Audiencia Nacional una querella contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, del PP, y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Los morados les acusan —junto a Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía, y Eugenio Pino, que había sido número dos de la Policía, y otros ocho mandos — de los delitos de organización criminal, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación y contra las instituciones del Estado. 

Pedraz deja fuera a Rajoy y al PP

La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Santiago Pedraz, que en febrero de 2024 la admitió a trámite, pero solo contra un puñado de querellados, citados a declarar a finales de este mes de octubre y en noviembre: Francisco Martínez, Eugenio Pino, y los mandos policiales José Ángel Fuentes Gago, Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira. Deja fuera al propio PP, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al exministro del Interior; y a Cosidó lo cita como testigo.

Aquella 'brigada política' del Ministerio del Interior buscó cualquier dato que pudiera perjudicar o incriminar a los representantes de Podemos. Para ello, se efectuaron centenares de búsquedas de al menos 55 de los 69 diputados del partido entre 2015 y 2016. Así lo ha constatado el magistrado Pedraz, en un informe remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, donde constan todas esas búsquedas, en comisarías repartidas por todo el Estado. 

Las consultas se realizaron sin ninguna autorización judicial e incluían bases de datos policiales como ARGOS o SIDENPOL, este último es un fichero policial con datos personales de cualquier ciudadano, aunque no tenga antecedentes policiales ni haya sido investigado nunca.

La pata mediática

Aquellas investigaciones prospectivas, prohibidas en un Estado de derecho, tenían como objetivo la "posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las 'fuentes policiales' y desprestigiar ante la opinión pública al partido político Podemos, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos". 

En este sentido, destaca el falso informe PISA (Pablo Iglesias, S.A.), que la brigada política de Interior fabricó con datos falsos sobre la financiación de Podemos y que llegó a ser publicado, aun siendo obvia su falsedad. 

Algunos medios de la órbita de la derecha dieron un paso definitivo desde el amarillismo al publicar bulos relacionados con Podemos.

En ese cometido, desde lo más profundo de las cloacas del Estado, emergió una figura como el comisario José Manuel Villarejo, que tuvo un papel clave en la fabricación de pruebas falsas para desprestigiar a Pablo Iglesias y otros líderes de aquella primera etapa de Podemos.