Rodolfo Martín Villa (León,1934) fue gobernador civil de Barcelona (1974), Jefe del Movimiento de la provincia (1974), ministro de Relaciones Sindicales (1975), ministro de Gobernación (1976), ministro del Interior (1976-1979) y responsable máximo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la Transición.

Ha sido uno de los centenares de políticos que se fueron a dormir fascistas, se levantaron demócratas y que han vivido en la impunidad. Ahora esta paz se puede ver interrumpida: la jueza argentina María Servini lo investiga por 13 delitos de homicidio agravados en un contexto de crímenes de lesa humanidad.

El exministro declaró el 4 de septiembre dentro de la instrucción de la causa 4591/2010 contra los crímenes del franquismo y la Transición, más conocida como querella argentina. La suya es la primera declaración desde el inicio de la querella. "Rodolfo Martín Villa era ministro del Interior y responsable de qué pasaba en calles y plazas del Estado español. No eran hechos aislados: eran crímenes de Estado", denuncian desde la Xarxa Catalana i Balear de Suport a les Víctimes del Franquisme i la Transició, una de las asociaciones impulsoras de la macroquerella.

Una esperanza amarga

La declaración de Martín Villa es una pequeña rendija para los querellantes y familiares de personas como Gustau Muñoz y Juan Gabriel Rodríguez Knafo, víctimas mortales de la persecución policial en Catalunya durante su mandato. Para Marc Muñoz, un posible juicio a Martín Villa "supone la esperanza para muchas familias", y en el caso de su hermano espera que los autores del crimen también sean procesados. El 11 de septiembre de 1978 murió Gustau Muñoz, un chico de 16 años militante del Partido Comunista de España Internacional (PCE (i)) asesinado de un tiro por la espalda por un policía nacional que nunca fue condenado. "Hay dos policías que declararon en diligencias abiertas después de la denuncia de mi padre, pero los sitúan en la plaça de Sant Miquel y en Gustau cayó en el carrer Ferran, así que con sus declaraciones se desmarcaban de los hechos", denuncia Muñoz.

Imma, una de las hermanas de Salvador Puig Antich, define como "éxito relativo" la declaración del exministro, ya que hace diez años que se impulsó la querella. Recuerda con miedo cuando lo nombraron gobernador civil en Barcelona, pocos meses después del asesinato de su hermano. "Iba en contra de los antifascistas", rememora. La abogada argentina de las víctimas del franquismo, Ana Messuti, se muestra prudente pero un poco esperanzada. "¿Cuánto tiempo duró la impunidad? Ochenta años. No podemos quejarnos de los diez años, y más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad", apunta. Ahora está en manos de la juez seguir con la investigación o sobreseer el caso, decisión que, según la abogada, tardará en saberse.

Además de las muertes en Catalunya, se lo investiga también por el homicidio de doce manifestantes a manos de Policía, Guardia Civil o grupos paramilitares vinculados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellos el de Arturo Ruiz, los cinco obreros que murieron en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria o la muerte de un manifestante en los Sanfermines de 1978.

El hombre clave de Interior durante la Transición

El doctor en historia David Ballester explica que el exministro era "el hombre clave de Interior" durante la Transición. "Es uno de los jóvenes reformistas -de los azules, por la camisa de Falange- que apoyaron el proyecto del Suárez porque vieron que cerrarse en banda era un suicidio", relata. "Hicieron ver que las cosas cambiaban para que en aquello esencial no cambiara nada", remarca.

Ahora bien, el presidente de la Asociació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, Carles Vallejo, señala que el exministro "no es una excepción". Para Vallejo es vital destacar la importancia de los entramados de extrema derecha que había tanto en el Estado Español como Italia durante los 70 y 80. Destaca el comisario Conesa, un personaje turbio y experto en infiltraciones dentro de la brigada político-social. "Bajo el mando de Conesa perduraron figuras como Martín Villa. Son los exponentes más conocidos de todas las tramas que querían evitar cambios políticos una vez acabada la Guerra Fría", expone.

Brutalidad policial e impunidad de la extrema derecha

Tanto como gobernador civil de Barcelona como ministro del Interior "es un hombre duro", asegura Ballester. "Durante la Transición hubo 40 muertos víctimas de la represión policial en manifestaciones. De ellos, cuatro en Catalunya y la mayor parte con Martín Villa de ministro", detalla el historiador.

La represión policial, apunta Vallejo, tenía lugar en todo el Estado español, pero en el País Vasco, en Barcelona y en las zonas industrializadas con más movimiento sindical es donde hubo más. De hecho, él mismo también es uno de los querellantes por haber sufrido la represión como sindicalista clandestino de CCOO en la SEAT. Ahora bien, no lo hace para reparar las detenciones, torturas y el encarcelamiento, puesto que lo considera "irreparable", sino para ayudar a "juzgar un régimen fascista".

Mientras que se torturaban y mataban sindicalistas y antifascistas, la extrema derecha llevó a cabo 890 acciones violentas durante la Transición, cobrándose más de 50 víctimas, tal como recoge Ballester en su libro Vides truncades: Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya. Y lo hizo con impunidad. Según datos proporcionados por el Ministerio de Gobernación, en 1976 no hubo casi detenciones mientras que en 1979 se efectuaron 299. Este cambio se debe a la llegada de Antonio Ibáñez Freire (1979-1980) y sobre todo de Juan José Rosón (1980-1982) al ministerio de Interior, apunta Ballester. "En sus memorias reconoce que la policía heredada del franquismo utilizaba ‘medios inaceptables’, pero asegura que en la brigada político-social habitaban los mejores profesionales de la policía española", remarca.

En cuanto a su relación con Catalunya, Ballester explica que la versión oficial defiende que intentó abrirse a la sociedad civil catalana. "Tenía entrevistas con la oposición moderada, que era clandestina. Eso sí, nada de comunistas", precisa. Ahora bien, utilizaba el argumento de la lucha contra ETA para justificar el abuso de las armas de fuego en las actuaciones policiales. Cuando era gobernador civil en Barcelona fusilaron en Cerdanyola del Vallès al militante de ETA Jon Paredes Manot, más conocido como Txiki. Solo tenía 21 años. "Hizo una ley de policía aprobada el diciembre del 78, poco antes de la Constitución. Más allá de cambiar el color de policías del gris al marrón, no fue una ley que democratizara la policía", detalla.

El símbolo de un régimen

Martín Villa argumenta que las atrocidades que se cometieron cuando él estaba en el poder fueron para proteger la democracia. Así mismo, en una entrevista en Catalunya Ràdio aseguró que él no tenía la competencias de orden público y que no se le puede responsabilizar de los crímenes cometidos. "Si era ministro del Interior, claramente tenía la función del orden público", rebate la abogada Ana Messuti.

Días antes de su esperado interrogatorio, Martín Villa recibió cartas de apoyo de cuatro expresidentes españoles (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy), misivas que el exministro envió a la juez Servini. "Están defendiendo un mito, la idea edulcorada de que la Transición fue una obra de ingeniería dirigida por el emérito", explica Ballester. Además, argumenta que fue gracias a las 877 manifestaciones que hubo durante este periodo que se consiguieron más cambios.

También le escribieron cartas diferentes exsecretarios de UGT y CCOO, pero Ballester, Vallejo y Puig Antich consideran son decisiones personales y que no representan a los sindicatos. "Ahora, si yo fuera del PSOE, rompería el carné", espeta Puig Antich. Para la abogada, las misivas hablan del plan político y no del judicial. "Nadie niega que ayudara a construir la democracia pero tampoco es ninguna maravilla. También tiene que haber un estado de derecho. Puede ser una democracia represiva y violenta", remarca.

Puertas giratorias y borrar la memoria

Martín Villa ha tenido 93 cargos corporativos en un total de 45 empresas, entre ellas Endesa y la Sareb, tal como recogió Crític. Actualmente es vicepresidente de Initec, una filial de Técnicas Reunidas, a la cual empezó a estar vinculado a partir del 2010. También ha pasado por Endesa, Caja Madrid o Prisa, entre otras. Mientras que esta relación con las altas esferas empresariales es comprobable, durante su época de gobernador civil en Barcelona desaparecieron los documentos de la Falange de Barcelona, explica Vallejo. "Todos los archivos referentes en la Falange o los archivos policiales se eliminaron, no se sabe cómo. Fue una operación de eliminación de memoria", recrimina. Ahora bien, la sociedad catalana sí que tiene memoria. El 31 de marzo de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona le retiró la medalla de Oro de la ciudad que se le había otorgado el 1976. Solo Ciudadanos y el PP no votaron a favor.