La Iglesia pierde 573.201 alumnos de religión en diez años, pero las escuelas católicas educan a 14.234 estudiantes más

La Iglesia católica, a pesar de la importante reducción en el número de alumnos que eligen la asignatura de religión —de más de medio millón en diez años: de 3,5 millones a 2,9—, mantiene todavía un fuerte poder en la educación, una de las claves que explican su influencia social después de años de avance de un proceso de secularización en el que otras espiritualidades y el ateísmo le han ido comiendo terreno. "Dos de cada 10 estudiantes están matriculados en centros educativos confesionales", según la Fundaciò Ferrer i Guardia.

Según los datos que publica cada año la Conferencia Episcopal en sus memorias, en el año 2014 había 1.468.269 alumnos matriculados en centros de ideario católico (el 94% de ellos financiados por fondos públicos) y diez años después, en 2024, eran 1.482.503, es decir, la Iglesia educa a 14.234 estudiantes más que entonces, aunque ha venido perdiendo escolares desde que alcanzó el pico en el año 2020, con 1.525.215 alumnos.

Hace un decenio eran 3.501.555 los alumnos inscritos en clase de religión, según las memorias de la Conferencia Episcopal. En 2024, la cifra se había reducido a los 2.928.354 alumnos en clase de religión. "La educación es una de las áreas donde la religión tiene una mayor presencia", considera la Fundaciò Ferrer i Guàrdia, que analiza año tras año en su informe Laicidad en cifras la influencia del catolicismo.  

La asignatura, que es optativa y no tiene una asignatura espejo, tampoco cuenta para el cálculo de la nota desde que entró en vigor la última reforma educativa, la Lomloe, en enero de 2021. Con la anterior ley, la Lomce del PP, la religión sí sumaba para la media y existía una asignatura alternativa. 

Fondos públicos

Este mes de marzo arranca en varias Comunidades Autónomas el proceso de escolarización, y 69 organizaciones —asociaciones laicistas, feministas, de cristianos de base, sindicatos y partidos- han lanzado la campaña Por una escuela pública y laica. "El problema es la concertada. La Constitución Española dice que hay que respetar la iniciativa de crear centros, y eso incluye la Iglesia, pero no dice en ningún momento que el Estado tenga la obligación de financiar con fondos públicos. El mantenimiento de privilegios de la Iglesia es el principal obstáculo para que la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema público", expone Sergio López del Río, coordinador de la campaña en representación de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza. 

"El problema es la derivación de fondos públicos a centros privados a través de los conciertos. Si no estuviera el poder de la Iglesia de por medio, no tendríamos el problema de la concertada. Es una plataforma para mantener su influencia social, puesto que la educación ha sido siempre un campo de batalla político", abunda López del Río. 

"Si no estuviera el poder de la Iglesia de por medio, no tendríamos el problema de la concertada"

El porcentaje de alumnos matriculados en centros públicos se ha reducido casi un punto y medio desde el año 2014: ha pasado del 68,2% al 66,8%, lo que supone incrementos de la privada, la subvencionada y la que no, que es minoritaria. "Los centros católicos representan el 9% del total de centros educativos del Estado", según la Fundaciò Ferrer i Guardia. En España hay, según la Conferencia Episcopal, un total de 2.527 colegios católicos, de los que un 94% son concertados y, por tanto, reciben financiación pública.

En 2023, último año disponible en la estadística oficial del ministerio de Educación, el gasto de las administraciones públicas en conciertos educativos fue de 7.783 millones, una cifra récord. Cerca del 70% de los colegios concertados son de ideario católico, según los datos de Escuelas Católicas, que agrupa a estos centros. 

"La actividad que desarrolla la Iglesia desde hace siglos en el ámbito educativo tiene una gran relevancia en nuestro país. Millones de españoles, de cualquier creencia y condición, se forman cada año en alguno de los centros promovidos por órdenes y congregaciones religiosas, diócesis y otras instituciones eclesiales", expone la Conferencia Episcopal al respecto en la memoria del año 2024. 

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"Estos centros —prosiguen los obispos— proponen un conjunto de valores a la luz del Evangelio que implican una formación integral de la persona, contribuyendo al desarrollo de valor para la sociedad en su conjunto. Se trata de una formación de calidad, con buenos resultados académicos, de gran demanda por parte de los padres y que supone un importante ahorro al Estado por la eficiencia en la gestión del gasto en los centros y la baja dotación de los conciertos en comparación con la enseñanza pública. Estudios recientes han demostrado el impacto positivo multiplicador que tiene la educación católica en España". Los obispos cifraron este ahorro al Estado en 5.067 millones en 2024, según recoge la memoria.

Los obispos argumentan que la concertada supone un ahorro multimillonario al Estado

"[El del ahorro] es un argumento muy trillado por aquellos que tienen vinculación directa o indirecta con el negocio educativo y hay que cogerlo con pinzas. Primero, la educación no puede tratarse en términos de coste: la educación es un derecho universal inalienable. Se tiene que hablar en términos de derechos y de igualdad de oportunidades. Derivando fondos públicos a centros privados se favorece la segregación social y se contraviene al derecho constitucional a una educación pública, gratuita, universal y de calidad para todos y todas en igualdad de condiciones", considera Esther Moreno, pedagoga por la especialización de Intervención Sociocomunitaria y activista por la educación pública, laica e inclusiva en Madrid Laica.

La capacidad que tienen este tipo de centros de seleccionar al alumnado por su nivel socioeconómico y, también, de evitar al migrante son dos de las causas que explican esa segregación de la que habla Moreno, según un trabajo de CCOO titulado La segregación escolar, un problema de justicia social por resolver. "En comparación con la enseñanza pública, la enseñanza concertada acoge a muchísimos menos alumnos y alumnas desfavorecidos, con necesidades educativas e inmigrantes", recoge ese estudio.

Agrega, además, el catedrático de pedagogía por la Universidad de León Enrique Javier Díez Gutiérrez: "La finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas, muchos de los cuales además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Ni la escuela es lugar de exclusión y discriminación en el que niños y niñas sean separados en función de las creencias o convicciones de sus familiares, lo cual es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los Derechos de la Infancia, como recoge la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña de 1959 y la Convención de 1989, que rechazan el adoctrinamiento y el proselitismo religioso. Separar al alumnado que comparte toda la jornada escolar, a la hora de las clases de religión, dificulta su convivencia y entendimiento, que es de donde nace el afecto y la solidaridad". 

"Separar al alumnado a la hora de las clases de religión, dificulta su convivencia y entendimiento"

Concordato

"Esta situación se suele justificar mediante la interpretación del artículo 27.3 de la Constitución que reconoce el derecho a las familias a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. Pero la cuestión de fondo es evidente: ¿debe ese derecho ejercerse dentro de los centros educativos y financiados, además con dinero público? Mi respuesta es no", considera la pedagoga Moreno.

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"Esto permite —añade Moreno— a la Iglesia católica ser un elemento de influencia social muy significativo dentro del sistema educativo. Hasta que no se deroguen los acuerdos con el Vaticano, la estructura institucional del sistema educativo español va a seguir siendo incongruente e injusta". 

Los acuerdos con la Santa Sede de 1979 consistieron en varios pactos, uno de ellos sobre enseñanza y cuestiones culturales. Ahí se recoge: "A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana".

"Las clases de religión restan muchísimas horas lectivas a las demás asignaturas, que sí son importantes y acordadas por toda la comunidad educativa y social", analiza el profesor Díez Gutiérrez. "La religión —añade— no debe formar parte del currículo. No por motivos antirreligiosos, sino desde un planteamiento pedagógico y social beneficioso para el desarrollo de la racionalidad del menor de edad, de su independencia y autonomía personal, para la que debe ser educado libremente". 

"Vaya por delante que, como católico practicante y cristiano convencido —agrega el catedrático—, defiendo una educación pública, inclusiva y laica, porque considero que la laicidad de las instituciones públicas es la mejor garantía para una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones".

"Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela; que debe quedar libre de cualquier proselitismo religioso. El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas u otros", añade el profesor Díez Gutiérrez.

El currículo

Díez Gutiérrez profundiza en el asunto por la vía del análisis de los contenidos: "Es más grave aún si analizamos la normativa que establece el currículo de la enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria actualmente. Ésta convierte la clase de religión en catequesis, pese a que explícitamente afirme que huye de la finalidad catequética o del adoctrinamiento". 

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"La jerarquía católica, que es quien decide los contenidos de la materia de religión —añade el profesor—, no acepta la realidad de los nuevos modelos familiares y se empecina en su retrógrada concepción de la sexualidad humana, negando la diversidad sexual reconocida ya por la legislación, el derecho al propio cuerpo, a la libertad sexual y a la anticoncepción. La concepción y la práctica del catolicismo, en donde la mujer es subordinada, que mantiene y justifica un modelo de sociedad patriarcal, no es compatible con la educación en igualdad que es un principio pedagógico básico".

Este es el primer párrafo de la resolución de la Secretaría de Estado de Educación del año 2022, por la que "se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica": "En aplicación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que así lo solicite tendrá derecho a recibir enseñanza de la religión católica". 

El currículo señala competencias específicas de la asignatura, que se describen de este modo: "Algunas [...] están centradas en la formación de la identidad personal, cultivan las dimensiones emocionales y afectivas y promueven que cada alumno y alumna conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la visión cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria para el despliegue de la personalidad individual y la construcción responsable y creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de dialogar con otros saberes y disciplinas escolares".

Profesores de religión

A pesar del descenso de matriculaciones en la asignatura, hay 8.834 profesores de religión más que en 2014, según exponen las memorias de la Conferencia Episcopal, que recogen que en esa fecha había 25.660 profesores de religión y diez años después, en 2014, era 34.494 profesores. "Es una contradicción estructural el hecho de que se refuerce la presencia de delegados diocesanos en los centros, especialmente en ESO y Bachillerato, puede considerarse una forma de compensar institucionalmente la pérdida de alumnado en una enseñanza confesional que cada vez tiene menos demanda social", expone Esther Moreno. 

"El concordato del 79 con el Vaticano sigue siendo la base jurídica, que hace que se mantengan a los delegados diocesanos en los centros educativos con independencia del número de matriculados". La explicación para esta situación es la siguiente, según Muñoz: "Basta con que exista una sola familia que solicite esa enseñanza confesional para que la administración esté obligada a facilitarla: la asignatura de religión es voluntaria para las familias, pero es obligado para los centros el ofrecerla".

"Basta con que exista una sola familia que solicite esa enseñanza confesional para que la administración esté obligada a facilitarla"

"[Es] una [manera] de reparar el daño que supone la bajada de matriculaciones en una enseñanza confesional y que se acentúa a partir de 2020, cuando entra en vigor la Lomloe y la asignatura de religión deja de ser evaluable. No debemos olvidar —añade— que las calificaciones en esta materia se inflaban con mucha frecuencia incluso con menciones de honor al alumnado de religión lo que permitía al alumnado elevar artificialmente su nota media". 

Para el profesor Díez Gutiérrez es "incomprensible" el "empeño de la jerarquía católica en exigir, además de los púlpitos los domingos en misa, una asignatura específica en todas las escuelas dedicada a catequesis". "Sumemos —plantea— a todo ello que, el acuerdo con el Vaticano, heredado del franquismo, impone que en la escuela pública haya profesores y profesoras de religión pagados por el Estado, es decir, con los impuestos de todos y todas, pero nombrados a dedo por los obispos, que los seleccionan en función de sus creencias, de su fe, sin haber pasado, como todos los demás docentes, por una oposición en igualdad, mérito y capacidad". 

"Más de quince mil de estos verdaderos delegados diocesanos figuran como personal laboral, debido a la ley educativa LOE aprobada por el PSOE, en los centros escolares de titularidad pública. Además, los obispos pueden despedirles sin tener que explicar el cese, cosa que suelen hacer en función de avatares de la vida privada de esas personas. De hecho, mientras en las demás asignaturas fomentamos el respeto a todas las personas al margen de su estado civil, la jerarquía católica despide a profesoras de religión porque se divorcian", añade.

Remacha el catedrático: "En definitiva, la escuela debe ser lugar para educar en conocimientos científicos universales, en valores cívicos, no para el proselitismo o el adoctrinamiento. La escuela debe ser neutral en el respeto a la pluralidad de opciones morales e ideológicas. La religión, que es una creencia entre otras muchas, debe difundirse en el ámbito privado de la familia y los lugares de culto".