El pasado martes el Congreso de los Diputados avaló, con los votos en contra de PP, Cs y Vox, tramitar los nuevos impuestos a las empresas eléctricas y entidades financieras. Pocas horas después, desde Bruselas la Comisión Europea planteaba la necesidad de imponer a nivel comunitario un impuesto similar, en su caso solo para las empresas energéticas. La decisión europea final y cómo se concrete está todavía por determinar. Aunque el Gobierno destaca que adaptará el impuesto propio a la legislación comunitaria, sus planes de aprobar el que está en marcha siguen adelante por el momento. 

La proposición de ley pasará ahora a ser debatida en la comisión correspondiente y los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas a la misma. Las declaraciones realizadas este jueves por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con Antena 3 despertaron cierto revuelo. Montero quiso destacar que "no ha habido nunca una controversia entre España y Europa", sino que el Gobierno ha llevado la "iniciativa" del gravamen y que su intención ha sido en todo momento adaptarse a la propuesta europea.

Fuentes de su ministerio explican a Público que su hoja de ruta no cambia. Para ejemplificarlo se retrotraen al año 2020. En aquellos momentos se estaba debatiendo también a nivel europeo un impuesto a los servicios digitales, la llama "Tasa Google". En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez trabajaba en un impuesto nacional. La propia ley, según indican desde Hacienda, reflejaba que si el impuesto entraba en colisión con un impuesto europeo, se adaptaría. Bruselas terminó por no aprobar la nueva tasa mientras España siguió con su iniciativa. 

"Primero hay que ver cómo van las cosas en Bruselas. Bruselas también entiende que se necesita adecuar (el nuevo gravamen) a la realidad fiscal de cada uno de los Estados miembros", dijo también este jueves la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. 

En Hacienda prefieren ser prudentes e insisten en que "de momento Bruselas no ha aprobado nada". "Si todos los Estados aplicaran ese nuevo impuesto, España adaptará el impuesto a la legislación comunitaria como no podría ser de otra manera. No se puede dar por hecho que se va a cambiar ya, se cambiará si se aprueba a nivel comunitario. Hay que ver qué dice la UE", señalan las fuentes consultadas. 

Desde el Gobierno insisten en que los objetivos del impuesto son los mismos en Bruselas y en España pese a las palabras del PP y su "incoherencia", que han criticado en los últimos días. Es decir, que el Gobierno quiere "gravar a las empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios". Lo que dice Europa es lo mismo, según Hacienda. "Hay que ver como se hace eso y a través de qué mecanismo pero el objetivo es el mismo", añaden. En España se ha decidido aplicar una tasa sobre la facturación por considerarse el mejor encaje técnico para la medida.

Los socialistas han cargado con dureza durante las últimas semanas contra los populares y su líder Alberto Núñez Feijóo. El objetivo es asimilar a la derecha con los intereses empresariales. El mismo Sánchez apuntó en esta dirección en el cara a cara en el Senado con el dirigente gallego. "Lo que queda claro es que no olvida quién le ha puesto aquí: las grandes empresas energéticas y corporaciones de este país", le dijo. 

"Ahora podrán hacer juegos malabares, pero la verdadera posición del PP es que es el único partido de Europa, incluidos aquellos conservadores, que está en contra de que las grandes empresas que obtienen beneficios extraordinarios en esta situación de crisis aporten a la solidaridad común. ¿Por qué? Porque defienden a estas empresas", destacó al respecto este jueves el portavoz parlamentario, Patxi López. 

Los planes del Gobierno son recaudar cerca de 7.000 millones de euros con los nuevos impuestos, el de las entidades financieras incluido. La idea es aplicar un tipo del 1,2% a las empresas energéticas y un 4,8% a la banca. Se cobraría durante 2023 y 2024 para los resultados financieros de 2022 y 2023. Desde Hacienda reconocen que un hipotético impuesto europeo armonizado sí podría afectar negativamente a la recaudación prevista. Pero insisten en que todavía es pronto para saber cómo se concretará todo. "No se puede saber porque no sabemos lo que se va a terminar aprobando", afirman en Hacienda. 

Por su parte, en Unidas Podemos evitan pronunciarse sobre el impuesto europeo en concreto. Pero aseguran que estarán "vigilantes" para que el gravamen, en cualquier caso, siga detrayendo beneficios caídos del cielo de estas empresas energéticas.