Un informe advierte del uso "abusivo" del real decreto-ley como uno de los problemas del Gobierno

La irrupción de la pandemia, que coincidió con la formación del primer gobierno de coalición en España tras la dictadura, obligó a tomar medidas de importante calado social y económico, y de forma casi instantánea. A este motivo se han agarrado las dos formaciones que sostienen el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, para dar respuesta a las reiteradas quejas de las distintas fuerzas del arco parlamentario, que han denunciado el uso "abusivo" del real decreto-ley por parte del Gobierno.

En este sentido, el Informe sobre la democracia en España 2020, el año de la pandemia recoge este asunto como "uno de los problemas del Ejecutivo de Pedro Sánchez". El documento, editado por el Laboratorio de la Fundación Alternativas y publicado este martes, presenta un análisis profundo de la salud de la democracia en el pasado año. Se trata del decimocuarto informe realizado por esta organización y, en esta ocasión se centra en las consecuencias que la situación extraordinaria generada por el coronavirus ha provocado sobre las instituciones democráticas del Estado español.

A tenor de lo expuesto, el informe alerta del "uso y abuso" de esta figura legal recogida en el artículo 86 de la Constitución para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". En esta línea, el actual Gobierno batió en 2020 el récord al aprobar 39 reales decretos, superando las cifras de su anterior mandato surgido de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Si bien, muchas de las medidas han estado encaminadas a hacer frente a la emergencia sanitaria y económica.

Prueba de ello son los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o la prohibición de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Asimismo, todos los decretos, a excepción de uno, fueron convalidados y se tramitaron o lo están haciendo como proyecto de ley. En 2021, el Gobierno ha aprobado hasta 14 decretos, entre los que se encuentran la Ley Rider, la bajada del IVA de la luz y la flexibilización del uso de la mascarilla.

Esta forma de gobernar se explica en parte por el contexto, pero también por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo (no cuenta por sí solo con mayoría en el Parlamento) y por la actitud de confrontación constante de la oposición, sobre todo por parte del partido de Pablo Casado.

"Estos dos elementos, Gobierno débil y oposición irresponsable, han ido acentuando el proceso de deterioro institucional que vive el país, con la negativa del PP a renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial, el vaciamiento del Parlamento debido al gobierno por decreto, un Tribunal Constitucional que ha estado ausente durante toda la pandemia, y unas Cortes Generales que se han mostrado incapaces de discutir asuntos de gran calado, como el problema del rey emérito 'autodesterrado' o la ley de reforma de la Corona", añade el informe al que ha tenido acceso este medio.

Sobre este último asunto, destacan los vetos de la Mesa del Congreso (por el rechazo de PSOE, PP y Vox) a la docena de peticiones registradas en poco más de un año para que la Cámara Baja investigue a Juan Carlos I, además de otros miembros de la Casa Real, por las supuestas ilegalidades e irregularidades que han salido a la luz en los últimos años. 

La ley de eutanasia "podría justificar la legislatura"

Asimismo, el documento de la Fundación Alternativas afea que el Gobierno no haya contado plenamente con la participación de los diferentes grupos del Congreso para la elaboración del plan sobre los fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "El calado y trascendencia que supone la ejecución de los mismos habría hecho preferible un mayor nivel de implicación del Parlamento en la gestación de la iniciativa de aplicación, pero, de nuevo, el Ejecutivo optó por dejarla caer directamente en la sede de la soberanía nacional sin esa interlocución previa con el resto de las fuerzas parlamentarias", reza el informe.

No obstante, el texto subraya la aprobación de varias leyes a lo largo de esta legislatura gracias a las mayorías parlamentarias que ha articulado el Gobierno de coalición. Destacan los Presupuestos de 2021, la Ley Rhodes, la ley de cambio climático y transición ecológica, y la ley de eutanasia. "Solo una ley como esta podría justificar toda una legislatura, por su avance en materia de libertades y derechos, y que convirtió a nuestro país en el quinto del mundo en regularla", comenta el informe acerca de la norma que reconoce el derecho a la muerte digna y que entró en vigor el pasado viernes.

Ligero aprobado en calidad democrática

En otro orden de cosas y tras analizar algunas de las cuestiones esenciales para

el funcionamiento de la democracia en España, como la polarización política y emocional de la sociedad, la evaluación del funcionamiento y la gobernanza del sistema de salud y el papel de las CCAA en la gestión de la crisis, o los problemas de acceso a la información durante el periodo de excepción vivido, la valoración global media de los 230 expertos consultados para este informe ha sido la más alta en los 13 años de vida de esta encuesta, con un resultado —6,3 puntos sobre 10— ligeramente superior a su primera edición. 

"Con esta quinta mejora anual consecutiva, se puede decir que se ha superado lo que ahora parece que fue un valle (y no un declive) en la evaluación de la democracia española, que tuvo sus momentos más bajos en la primera mitad de la década de 2010", añade el texto.

No obstante, el informe alerta de un nuevo retroceso en la puntuación sobre la libertad de expresión, "el ámbito en el que más ha empeorado la valoración de nuestra democracia, seguido de la estabilidad en el Gobierno, en estos 13 años". "Al igual que ocurriera en años precedentes, desaparece de esta lista el reconocimiento de la libertad de expresión, fruto en buena medida de seguirse manteniendo en vigor la ley mordaza, y de los juicios al procés, que pueden ser considerados como un límite a los derechos cívico-políticos de los ciudadanos y de sus representantes democráticamente elegidos". Por ello, el documento deja un recado al Gobierno progresista: "Esto es algo que debería convertirse en una prioridad para una agenda reformista democrática".