El Ministerio de Interior deja en manos de la Generalitat de Catalunya la decisión de poner escolta al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont. Desde Interior han señalado que es la Generalitat quien debe responder a la petición del expresident de contar con escolta de manera “inmediata”. Una petición que se formuló al mismo tiempo que el PSOE registraba este lunes la ley de amnistía. 

El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha precisado que será la presidencia catalana la que decida si el líder de Junts cumple con los “criterios técnico-policiales” para contar protección policial. Además han remarcado que si la petición de escolta afecta a otro país, como por ejemplo Bélgica, donde reside Puigdemont desde que se fugó de España, sería este país el que tendría que autorizar o no la entrada de agentes que ejerzan de escoltas.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, ha asegurado este martes que Interior “tramitará y seguro que resolverá lo que proceda” sobre la petición de Puigdemont. También ha remarcado que “nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber”, dando por hecho que se gestionará la petición.

Todo ello se produce después de que el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, solicitase este lunes por carta al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que ponga escoltas al expresident de la Generalitat ante el aumento de la “peligrosidad y el riesgo hacia su persona” detectado “desde hace algunas semanas”.

La petición de escolta ha provocado las críticas de la oposición. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha manifestado este martes que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad es detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por ser un “prófugo” de la Justicia, y no ponerle escolta para protegerle.