A la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO), comandada por el comisario Eugenio Pino, se le acumulan los problemas. Los expedientes y suspensiones efectuadas contra los comisarios Marcelino Martín Blas-Aranda y Jaime Barrado, que se atrevieron a investigar a su adscrito el “agente encubierto” José Villarejo, han sido tumbados por la Justicia. Sin embargo ni la Dirección General de la Policía de º ni el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz tomará ninguna medida para restituir a estos comisarios ni tampoco actuará contra Villarejo, denunciante de falsas conjuras según varias resoluciones judiciales.

Como informaron fuentes de la DAO a Público, el motivo de apartar al comisario Marcelino Martín de su puesto “fue situar al comisario Villarejo en un informe en el que se trataba de identificar a las personas que se reunían con el pequeño Nicolás en un parque, sabiendo que no era él”. Este informe motivó que Martín Blas-Aranda fuera enviado al Consejo Asesor de la Policía, un puesto sin actividad, hasta que el juez del caso Nicolay le llamó para crear la comisión judicial que investiga en estos momentos el caso.

Pero tras avalar el juez Arturo Zamarriego el trabajo de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario José Villarejo comenzó una batalla judicial a diferentes bandas en la que incluía al juez del caso Nicolás, a los investigadores de Asuntos Internos, a varios agentes del CNI, al fiscal anticorrupción José Grinda, al director adjunto de El País y a una periodista de Público. A todos les acusaba de conjurarse para crear una organización criminal para acabar con él, después de que hubiera denunciado que el CNI se quedó con dinero del rescate de unos periodistas.

Villarejo denunció ante la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Tribunal Supremo y puso una queja contra el juez Zamarriego ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todas estas instancias han desestimado de pleno sus querellas y quejas, que ni siquiera han sido admitidas a trámite. Pero iban firmadas como comisario del Cuerpo Nacional de Policía y con las señas de la Dirección General de Policía por lo que, según fuentes jurídicas consultadas por Público, “la dirección de la Policía se estaba haciendo responsable en cierta medida de estas denuncias, ya que no están interpuestas a título personal de un ciudadano”.

Estas resoluciones han sido notificadas a Villarejo a la dirección aportada y también desde la Policía han informado ya en dos ocasiones al juzgado que instruye la causa de la doctora Elisa Pinto, quien acusa a Villarejo de haberla apuñalado delante de su hijo de 10 años, que el ‘agente encubierto’ está de viaje y no puede personarse a las ruedas de reconocimiento. Sin embargo, esa misma Dirección General de la Policía no sabe contestar al juzgado de Estepona (Málaga) que investiga el ático del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dónde se encuentra al comisario Villarejo para que acuda a Málaga a comparecer.

Imputados de confianza

Público ha preguntado a la Dirección General de Policía si tomará medidas contra el comisario Villarejo por denunciar falsas conspiraciones, atentando contra la imagen de particulares, pero también de medios de comunicación e instituciones públicas. Sin embargo, tras casi dos semanas, el comisario Eugenio Pino no se ha pronunciado sobre las medidas a tomar. Y, diferentes fuentes policiales aseguran que “no va a hacer nada. Al revés, sigue amparando a Villarejo y parece que buscan nuevas formas de querellarse al menos contra los periodistas”.

"No va a hacer nada. Al revés, sigue amparando a Villarejo y parece que buscan nuevas formas de querellarse al menos contra los periodistas”

Tampoco tomará ninguna media contra los ocho policías que han sido nuevamente imputados en el caso Emperador. En concreto sobre el anterior jefe del grupo que investigaba a la mafia china, Miguel Ángel Gómez Gordo, que hace menos de un mes ha sido ascendido a inspector jefe. Su hermano Andrés Gómez Gordo es uno de los policías del grupo de confianza de Eugenio Pino, premiado con una medalla pensionada este año y quien elaboró un informe por el que se suspendió de empleo y sueldo al comisario Jaime Barrado, quien durante un tiempo investigó a Villarejo.

La dirección adjunta operativa tampoco pedirá explicaciones al Comisario General de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, que elaboró un documento en el que exculpaba a Miguel Ángel Gómez Gordo en el caso de Gao Ping y achacaba su imputación a una equivocación de sus investigadores a los largo de estos tres años de sumario. Esa supuesta equivocación ha sido desmontada por la fiscalía y no tomada en cuenta por la Audiencia Nacional, que no ha hecho caso al documento de Sánchez Aparicio.

Nuevamente la resolución de la Audiencia Nacional en el caso Emperador ratifica el trabajo de los agentes de Asuntos Internos al mando del comisario Marcelino Martín Blas-Aranda. Según el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el informe de Asuntos Internos pone de manifiesto los regalos que los policías recibían de la mafia de Gao Ping a cambio de información policial y trámites administrativos. En esta pieza separada del caso Emperador de la que se encargaba Asuntos Internos, se hace alusión a que un policía recomendaba a los hombres de Gao Ping que utilizaran la empresa de uno de los hijos de Villarejo. Ahora, toda esta trama debe volver a investigarse.

Victoria de Barrado

El comisario Barrado será al único a quien están obligados a volver a admitir en su puesto de la Comisaría de Carabanchel, tras una resolución favorable del TSJM. A Jaime Barrado se le abrieron dentro de la Policía dos expedientes: uno aún no concluido por “hiperactividad” al investigar las denuncias de la doctora Elisa Pinto, que asegura que Villarejo la apuñaló delante de su hijo de 10 años; y otro por “desnudar” a dos abogados relacionados con el caso de la mafia india de Harischadra Taranchand Varma.

Este segundo expediente, instruido por Andrés Gómez Gordo, fue el que derivó en la suspensión de empleo y sueldo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid asegura que los abogados Oscar Jiménez, letrado del jefe de la banda, y David Macías, abogado del comisario Villarejo, le tendieron una trampa por lo que tendrá que ser readmitido obligatoriamente en su puesto.