El International Press Institute pide que se retiren los cargos contra el periodista Carlos Sosa tras la querella del exjuez Alba

En dos tuits, uno en español y otro en inglés, el International Press Institute (IPI) reclamó a la justicia española que se retiren todos los cargos contra el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, vinculado a elDiario.es, tras la querella que presentó contra él el exjuez Salvador Alba. La ONG Reporteros Sin Fronteras, en otro mensaje en redes, también exigió que se cerrase "el alarmante proceso contra Sosa".

Las peticiones del IPI, una red global de defensa de la libertad de prensa, y de RSF llega después de que la Audiencia de Madrid decidiera que el exjuez Alba pudiera proseguir con su venganza contra la magistrada Victoria Rosell y su entorno más próximo: Sosa es la pareja de Rosell.

Alba, que fue expulsado de la carrera judicial, se encuentra en prisión tras ser condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental por conspirar y manipular una instrucción para perjudicar a Rosell, a la que él mismo sustituyó en 2015 en el juzgado cuando esta dio el salto a la política y fue elegida diputada de Podemos en el Congreso.

Sosa, cuyo medio había informado de las andanzas de Alba, recibió en junio de 2022 una querella en la que el exjuez condenado y su pareja, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo le pedían 23 años de cárcel y 422.500 euros de indemnización por odio, acoso y revelación de secretos. 

Así dicen los dos tuits del IPI. Por un lado, según la traducción del inglés efectuada por Público: "Pedimos a la Audiencia de Madrid que retire todos los cargos contra el periodista Carlos Sosa y Canarias Ahora. La pena desproporcionada solicitada socava la libertad de prensa. Seguiremos prestando atención a este caso y abogando por la justicia".

Y, por otro: "Estamos alarmados ante la decisión de la Audiencia de dar vía libre al juicio. La apertura del juicio oral y las penas que se solicitan atentan contra la libertad de prensa. Pedimos a la justicia española que retire todos los cargos".

Directiva anti SLAPP

Reporteros sin Fronteras, instó además al Gobierno de España a transponer "la directiva anti SLAPP, que castiga el uso de la justicia para amedrentar periodistas". Según la Comisión Europea, se trata de una iniciativa, que "tiene por objeto proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos en las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés)". "Se trata —añade la Comisión— de demandas presentadas contra esas personas para impedirles informar a los ciudadanos y notificar cuestiones de interés público".

Alba fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a 6 años y medio de prisión, a una inhabilitación durante dieciocho años y le impuso una multa 60.000 euros por confabular contra Rosell y favorecer al exministro del PP José Manuel Soria en su disputa con la política, a la que la denunció ante el Supremo. La parlamentaria de Unidas Podemos tuvo que renunciar en 2016 para defenderse de esas acusaciones ante el Supremo.

La querella contra Rosell fue presentada cuando Alba ingresó en la prisión de Estremera, Madrid, para cumplir la condena. María Ángeles Velázquez, la jueza que aceptó la querella contra Sosa, dictó en febrero pasado la apertura de juicio oral. Esta resolución se emitió incluso antes de que la Audiencia Provincial resolviera un recurso de apelación presentado por Sosa. Esta es la decisión que se ha conocido ahora y contra la que claman el IPI y RSF.