Isabel Rodríguez, sobre el protocolo antiaborto de Vox: "Feijóo es cómplice"

El Gobierno ha señalado este martes directamente al "silencio cómplice" de Alberto Núñez Feijóo respecto a la polémica del protocolo antiaborto anunciado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y Leon, Juan García-Gallardo, de Vox. Así lo ha expresado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

"Este silencio no es casual, ni siquiera interesado, es cómplice. La posición del PP de Feijóo es la misma que la de Mañueco y la de Vox. Feijóo no habla no porque no lo comparta, sino porque es cómplice, sigue manteniendo la misma posición que llevó al PP recurrir la ley del aborto del 2010 al Tribunal Constitucional", ha dicho la portavoz.

A su juicio, el líder del Partido Popular, tras cinco días de silencio respecto a este asunto, "ha tenido una magnífica oportunidad de no esconderse en el silencio y de decir si está al lado de las mujeres o de las posiciones de la ultraderecha".

La ministra portavoz ha realizado esta advertencia después de que se conociera que el Gobierno había iniciado el trámite que precede a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la afectación del protocolo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en el año 2010.

"Hoy se actúa en defensa de las competencias del estado en un trámite previo al recurso al Tribunal Constitucional. El recurso tiene que ver con las bases y coordinación de la Sanidad y con la igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos. Que la Junta (de Castilla y León) se abstenga a hacer ninguna recomendación", ha advertido Rodríguez, que ha recordado que "la competencia de las comunidades autónomas no puede contravenir en ningún caso" la ley del aborto.

Pese a que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco parece haber reculado en la aplicación del protocolo tras el aviso del Gobierno, la portavoz ha precisado que "las autoridades en Castilla y León han confirmado que habrá medidas, que hoy seguimos sin conocer, a pesar de los requerimientos del Gobierno", por lo que ha advertido de que "no vamos a permitir ningún retroceso en derechos y libertades de las mujeres".

Rodríguez ha explicado que, pese a que el texto del protocolo no se conoce ni ha sido publicado en ningún boletín oficial, la jurisprudencia del Constitucional avala la presentación del requerimiento por parte del Gobierno porque "cuando se emiten comunicados que pueden afectar a derechos fundamentales, el Gobierno está obligado a actuar", aunque no concurra hecho administrativo alguno.

Es por esto que los de Pedro Sánchez han optado por presentar primero un requerimiento, ya que sin el texto no se puede presentar un conflicto competencial ante el tribunal de garantías. En todo caso, la actuación del Gobierno funcionaría como 'freno' a una eventual publicación o aprobación oficial del protocolo por parte de la Junta de Castilla y León, si finalmente los de Mañueco deciden seguir adelante con el mismo.

El requerimiento del Ejecutivo se sostiene en base a dos preceptos: la invasión de competencias del Estado por extenderse más allá de la ley del aborto del 2010, por un lado; y la vulneración de los derechos de las mujeres castellano y leonesas a a acceder a la protección de derechos que recoge la ley del 2010, ya que no se respetaría la igualdad de oportunidades de todas las mujeres del territorio.

El Gobierno ha mandado un aviso al gobierno autonómico de PP y Vox en un doble sentido y le ha instado a no aplicarlo ni a las mujeres ni al personal sanitario que las atiende. "No puede obligarse a los médicos a enseñar pruebas a las mujeres, no cabe instruir a los médicos para que ofrezcan recomendaciones ni cabe sugerir a las mujeres este tipo de iniciativas", ha defendido Rodríguez.