MADRID.- Izquierda Unida ha presentado este lunes un plan para lograr la igualdad económica y laboral entre hombres y mujeres que tendría un coste de un total de 4.650 millones de euros, que prevé financiar a través de la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y la implantación de una reforma fiscal progresiva.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, y la diputada Caridad García han presentado esta iniciativa que presentarán en forma de proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a desarrollar una estrategia para lograr la igualdad real.

Para IU, las medidas de economía de cuidados son "restrictivas e insuficientes" y considera que es necesaria la igualdad salarial y laboral a través de la reforma de la actual Ley de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, aprobada en el año 2007.

Entre las medidas que propone, pide la creación de una ayuda social al nacimiento y cuidado de los bebés condicionada a la capacidad económica de la familia y que se prorrogue entre el séptimo mes de embarazo y los 18 meses de edad del bebé.

Esta ayuda, que no sería un cheque bebé, según ha dejado claro Caridad García, tendría un máximo de 180 euros mensuales para las familias con menos recursos y 75 euros al mes para aquellas que cobren entre 3 y 5 veces el IPREM.

IU también pide subvencionar la reducción de jornada, incentivándola especialmente si se trata de un hombre, y desarrollar medidas legislativas para garantizar que hombres y mujeres cobren lo mismo por el mismo puesto de trabajo.

La iniciativa incluye además la escolarización pública y gratuita entre 0 y 3 años, lo que además permitiría la creación de 30.000 empleos de profesores, mejorar la Ley de Dependencia y garantizar el criterio 50-50 en la contratación de personal y en la cobertura de puestos directivos, además de la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas y dotar de mayor garantía frente al despido en caso de parto y embarazo.

Parte de su programa electoral

Estas medidas, que ya han anunciado que se incorporarán al programa electoral de IU en caso de no ser aprobadas en el Congreso, tendrían un coste estimado de 4.650 millones de euros, un montante "razonable" para un plan "tan amplio y complejo", según Cayo Lara.

De hecho, ha señalado que este coste es el 6,8% del fraude fiscal que cada año se produce en España o el 1,8% del fraude acumulado todavía exigible porque no ha prescrito.