Joana Ortega e Irene Rigau declaran este martes por el 9-N

BARCELONA La exvicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, comparecen este martes ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) como imputadas por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, dos días antes de que tenga que acudir el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Abrirá la ronda de declaraciones a las 10.00 horas la consejera de Educación, ante un tribunal que estará encabezado por el magistrado Joan Manel Abril, y ya por la tarde a partir de las 16.00 está previsto que comience el interrogatorio a la exvicepresidenta.

Los interrogatorios contarán con la presencia del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, aunque no será él quien formule a las imputadas las preguntas del Ministerio Público, según fuentes judiciales.

Pese a que el TSJCat admitió a finales de 2014 varias querellas por el 9-N, entre ellas la de la Fiscalía —que obligó a interponer la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía catalana—, no ha sido hasta este 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas que se ha decidido a citarlos como imputados.

Durante estos meses, el tribunal ha practicado varias diligencias, entre ellas tomar declaración como testigos a directores de centros educativos en los que se celebraron las votaciones y pedir diversa documentación relacionada con la consulta, como información del centro informático, las papeletas y comunicaciones internas.

La Fiscalía acusa a Mas, Ortega y Rigau de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al haber organizado este proceso participativo pese a la suspensión decretada por el TC.

Considera que sabían que la consulta prevista inicialmente —primero— y el proceso participativo —después— habían sido suspendidos, y aludió a estas declaraciones de Mas para probarlo: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".

La Fiscalía cree que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos", recogía el escrito.

También insistía en que fue "una consulta planificada, auspiciada y financiada" por el Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, decía literalmente.

Las entidades soberanistas ANC, Òmnium, AMI y ACM han convocado una concentración ante el Palau de Justícia para darles apoyo porque consideran que la imputación de los tres dirigentes es "un ataque" a la democracia, y lo tienen previsto repetir el jueves cuando declare Artur Mas.