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El juez archiva la investigación por el espionaje a Torrent y Maragall con Pegasus

Los políticos catalanes interpusieron una querella hace casi dos años contra el exdirector del CNI, Félix Roldán, y la empresa israelí NSO.

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, interviene a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde ha acudido para declarar por presunta desobediencia.
El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, interviene a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde ha acudido para declarar por presunta desobediencia. David Zorrakino / Europa Press

El juzgado de Barcelona que investigaba desde hace dos años la causa por el espionaje con el programa Pegasus al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y al líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha archivado la investigación.

El sobreseimiento de la causa es provisional y solo se reabrirá si Israel responde a la información requerida por el juez sobre el espionaje hace ya año y medio y que sigue sin respuesta. 

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el abogado de Torrent y Maragall ha recurrido el sobreseimiento provisional de la causa. El titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona remitió en 2020 comisiones rogatorias a Israel e Irlanda para seguir el rastro del espionaje y a principios de este mes, cuando había estallado el escándalo por los ataques con Pegasus a más de 60 independentistas, reactivó la investigación y pidió a Maragall y Torrent que aportaran sus móviles con el fin de analizarlos con una prueba pericial.

Sin embargo, ninguno de ellos ha entregado al juzgado los teléfonos supuestamente atacados con Pegasus, puesto que era los terminales que utilizaban durante su etapa en el Parlament y ya no disponen de ellos.

Mientras sigue el goteo de querellas en los juzgados de Barcelona por el espionaje masivo con Pegasus -algunas de las cuales han ido a parar a manos de instrucción 32-, el magistrado ha acordado el sobreseimiento de la causa a la espera de recabar nuevas pruebas que permitan determinar responsabilidades por el espionaje.

La defensa de Torrent y Maragall critica al juez

En su recurso, el abogado de los querellantes, Andreu Van Den Eynde, pide al juez que mantenga abierta la instrucción y le reprocha que haya mantenido la investigación "materialmente paralizada" durante más de un año, sin decretar el sobreseimiento, sino acordando prórrogas de la instrucción.

Para el letrado, en vez de archivar provisionalmente el caso, el juez debería "imprimir agilidad a la investigación a través de los medios previstos legalmente", acordando en su caso las prórrogas que sean necesarias.

El abogado de los querellantes, Andreu Van Den Eynde, reprocha al juez que haya mantenido la investigación "materialmente paralizada"

En su escrito, el abogado argumenta también que la causa no está solo pendiente de las comisiones rogatorias, sino que hay "nuevos factores de interés" para la investigación, en concreto "muchas más evidencias de un espionaje político masivo" a raíz del informe del laboratorio CitizenLab.

El juzgado de instrucción número 32 de Barcelona asumió la causa al admitir a  a trámite la querella presentada por Torrent y Maragall el 30 de julio de 2020. Ambos se querellaron contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Roldán y la empresa israelí NSO Group por la presunta intercepción de comunicaciones y "espionaje informático".

Dos años después, el juzgado cierra la investigación sin poder dar respuesta a la demanda de los políticos. Y eso que la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban, admitió el espionaje a Maragall en el Congreso hace unas semanas. 

Los dirigentes de ERC apuntaban a un "espionaje político vinculado a los servicios de inteligencia estatales", habida cuenta, razonaban, de que "no hay elementos para pensar que NSO sirva sus productos a otros organismos que no sean inteligencia o policiales".

Espiados entre abril y mayo de 2019

Los presuntos ataques informáticos en los teléfonos de Torrent, Maragall y de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel se realizaron a través del programa Pegasus, un sistema que solo está al alcance de policías y sistemas de inteligencia de gobiernos estatales.

Este programa espía, desarrollado por NSO y que solo se vende a gobiernos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atacó al teléfono móvil de Maragall en 2019 utilizando un fallo de seguridad de WhatsApp que abrió la puerta a su instalación en el teléfono de Torrent y de 1.400 móviles en el mundo.

Los hechos denunciados se produjeron entre el 29 de abril y 10 de mayo de 2019, fechas previas a las elecciones municipales

Los hechos denunciados se produjeron entre el 29 de abril y 10 de mayo de 2019, fechas previas a las elecciones municipales, a las que Maragall concurrió como candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona. Según la demanda, Torrent y Maragall participaron en ese tiempo en reuniones de partido para preparar la campaña electoral, encuentros en el ámbito de la actividad parlamentaria y tuvieron contactos con entidades de diversa índole, así como conversaciones con periodistas.

El CNI no constata espionaje en el móvil de Pilar Llop

Este mismo lunes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha informado de que el Centro Nacional de Inteligencia le ha trasladado que su teléfono móvil no ha resultado infectado por el programa de espionaje Pegasus.

"A mí no me han comunicado que tuviera ninguna infección en mi teléfono móvil y me lo devolvieron al día siguiente", ha dicho la ministra.

También ha sido preguntada por informaciones relativas al recelo en el Tribunal Supremo y entre los jueces ante la posibilidad de que la reforma de la ley de secretos oficiales les dé más responsabilidades y cometidos para analizar en qué casos autorizar escuchas.

"Se está trabajando sobre una ley que ya anunció el propio presidente del Gobierno en la comparecencia que hizo la semana pasada en el Congreso de los Diputados para explicar lo que había ocurrido con el caso Pegasus", en referencia al espionaje sufrido por miembros del Gobierno y por líderes independentistas.

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