Una juez de Sevilla ha citado a declarar como testigo este martes al presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, en la causa que sigue contra el empresario Manuel Muñoz Medina tras ser denunciado por la Fiscalía por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016 en la sede de la Cámara, cuando el empresario se "abalanzó" sobre la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y simuló besarla.

Fuentes del caso han informado de que la juez de Instrucción número 11 de Sevilla ha citado a declarar como testigos este martes día 6 de junio, a las 17,00 horas, al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, a un empresario y a una trabajadora de la Cámara que presenciaron los hechos denunciados.

Las mismas fuentes consultadas han indicado que, de este modo, la magistrada ha aceptado la petición realizada tanto por el abogado de Teresa Rodríguez como por el letrado que defiende al empresario y exvocal de la Cámara.

Asimismo, la instructora ha rechazado la petición realizada por el abogado del empresario para que citara a declarar a la propia Teresa Rodríguez al entender que no es procedente porque la denuncia de los hechos partió de la Fiscalía de Sevilla, una decisión que ha sido recurrida.

El empresario investigado, cabe recordarlo, compareció el pasado día 11 de mayo ante la juez y se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La defensa del empresario había presentado un certificado médico que desaconseja que el investigado acuda a los juzgados, dado que está recién operado de una enfermedad grave, y había solicitado aplazar la comparecencia, pero la juez decidió mantener la citación tras recibir un informe forense sobre la situación médica del investigado.

En declaraciones a los periodistas, el abogado de Teresa Rodríguez, Luis de los Santos, opinó que en realidad se trata de "una estrategia procesal" por parte del empresario, ya que el médico forense ha certificado que "está en perfectas condiciones" para declarar.

"Machista"

Tras indicar que los presuntos delitos que podrían atribuirse al empresario llevan aparejadas penas de cárcel de entre seis meses y tres años, el letrado mostró su confianza en que, con este caso, "se mande un mensaje que haga que este tipo de actitudes machistas no se vuelvan a repetir en Sevilla, Andalucía y el resto de España".

"Si le pasó a una diputada en el ejercicio de sus funciones, cuánto más le pude pasar a cualquier mujer anónima", lamentó Luis de los Santos.

"Si le pasó a una diputada en el ejercicio de sus funciones, cuánto más le pude pasar a cualquier mujer anónima"

En la denuncia, el Ministerio Público considera que, tal como describe la propia Teresa Rodríguez en un escrito elevado a la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual o de atentado a la autoridad.

En este sentido, la Fiscalía asevera que "por el designio que se supone perseguido por el denunciado y por las circunstancias concurrentes" en el caso, la conducta del empresario podría tener encaje, asimismo, en el tipo penal del artículo 173.1 del Código Penal, que impone pena de prisión al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando "gravemente" su integridad moral.

El Ministerio Público relata que los hechos habrían tenido lugar el 20 de diciembre de 2016, cuando Teresa Rodríguez acudió a un acto a la sede oficial de la Cámara de Comercio de Sevilla, al cual "había sido invitada por razón de las responsabilidades públicas que ejercía y que era presidido" por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

"Humillación" y "vituperio"

Sobre las 15,00 horas, y cuando la parlamentaria se disponía a abandonar el lugar tras concluir el acto, el empresario denunciado, "siendo consciente de la función representativa que cumplía" Teresa Rodríguez, y en presencia de varias personas más que habían acudido al acto ("en esa ocasión, casi todos eran hombres"), "se abalanzó sobre ella empujándola hasta hacerla retroceder hacia un rincón".

Según recoge la Fiscalía, el empresario "tapó la boca de la mujer con su mano mientras aproximaba su boca a la de ella y besaba su propia mano, la que cubría la boca de ella, en un ademán como si, en realidad, la estuviera besando en los labios", todo ello "mientras pegaba su cuerpo contra el de la diputada, haciéndola retroceder hasta la pared", hasta que la parlamentaria "pudo desembarazarse y salir del lugar".

El Ministerio Público considera que "el propósito principal que anima al autor es el de pisotear la dignidad de la persona ofendida con un acto, de contenido claramente sexista, que pretende demostrar y alardear de una repudiable e indefendible idea que preconiza la primacía del hombre sobre la mujer, obligando a ésta, para su propia humillación y vituperio, a sentirse sometida sin remedio a ese poder y a ese imperio".

En este punto, el fiscal resalta que "no puede olvidarse que, en las circunstancias que concurrían, la entidad de la vejación se agranda muy considerablemente".

"Envilecimiento"

A su juicio, ello no se debe a que "la condición oficial de la víctima permita considerar que su dignidad, ahora herida, es de mayor importancia o valor que el que pudiera tener la de cualquier otra persona, la de cualquier otra mujer, sino porque en un acto público, contra una mujer que cumple en nuestra sociedad una función representativa conocida por todos y de inequívoca trascendencia, la muestra de desprecio, simplemente por esa condición de mujer, adquiere mayor entidad y repercusión".

Según el Ministerio Público, lo anterior se debe a "las propias posibilidades de difusión de la vejación y por la cualidad de la destinataria, que se elige como víctima, precisamente, para reforzar el sentido humillante de la mofa, de tal manera que para la persona que ha de sufrirlo, al ser consciente de todas esas circunstancias, la sensación de envilecimiento y de pérdida de dignidad, por fuerza, ha de ser enorme".

Tras ocurrir los hechos, el empresario se mostró "muy afectado" y "arrepentido" por lo que consideró "una broma de mal gusto".