Público
Público

El juez progresista Ramón Sáez al CGPJ, que nunca lo elige para el Supremo: "¿Cuál es el problema?"

Se presenta por segunda vez para una plaza del Tribunal Supremo y reclama un respeto al pluralismo. Pero la mayoría conservadora del órgano constitucional tiene otros candidatos, como Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Efe.

JULIA PÉREZ

“¿Cuál es el problema?” Con una vasta cultura, una larga trayectoria como magistrado de lo Penal y numerosas publicaciones, el juez Ramón Sáez Valcárcel sigue sin ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo. De ahí que en esta segunda ocasión que se presenta a una plaza del alto tribunal haya espetado esta pregunta a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No ha habido respuesta.

Ramón Sáez (Madrid, 1957) ha reclamado un “respeto a la pluralidad” en su comparecencia ante la Comisión Permanente del CGPJ, que es la que selecciona las ternas -tres candidatos por plaza- para que sea el Pleno del órgano constitucional el que seleccione definitivamente a los magistrados del Tribunal Supremo de cada una de las plazas convocadas.

Este magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es un ‘enfant terrible’ de la izquierda judicial y no parte como favorito de la mayoría conservadora que dirige el CGPJ para un plaza del Tribunal Supremo.

El magistrado ha explicado en su comparecencia su trayectoria y sus proyectos, como la mediación penal con las víctimas de acciones violentas: una de sus mayores experiencias en los tribunales, donde “no sabemos tratar con ellas”.

Defiende insertar la mediación dentro del proceso penal. Ha explicado a los vocales que las víctimas son "portadores de un dolor", que lleva muchas veces consigo "fantasmas de la intrusión" que han sufrido y con una inquietud que el proceso penal no sabe tratar bien, mientras que la mediación es una justicia restaurativa donde ha visto que se disuelven los miedos.

Vocal del CGPJ entre 1996 y 2001 a propuesta de Izquierda Unida , fue número uno de su especialidad, por encima de otros magistrados del Supremo. Sáez ha dedicado muchos años a investigar sobre el derecho procesal penal, los derechos humanos, la justicia universal y los crímenes internacionales, los derechos de los extranjeros y de las víctimas, la justicia restaurativa y mediación.

Ramón Sáez  fue el autor de la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los condenados del bloqueo al Parlament catalán de 2011 y será el ponente de la sentencia en el juicio al exmajor de los Mossos Josep Lluís Trapero por su actuación en el referéndum del 1-O prohibido por el Constitucional.

Sáez ha escrito numerosos artículos sobre cuestiones relacionadas con la memoria histórica y ha defendido la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas y la aplicación de la legalidad internacional a los crímenes de la dictadura.

El CGPJ en funciones desde hace un año ha nombrado o va a nombrar a 18 magistrados del Tribunal Supremo a pesar de su situación de interinidad. Entre ellas, tres plazas de la Sala de lo Penal que son a las que se ha presentado Sáez.

El presidente interino, Carlos Lesmes, quiere aupar al Supremo a Concepción Espejel, magistrada con una mucha menor trayectoria que Ramón Sáez y recusada en el caso Gürtel por afectar su apariencia de imparcialidad debido a su relación con el PP. 

A estas plazas se presentan 28 candidatos. Para conseguir a Espejel, Lesmes habría pactado con un sector de la minoría progresista el nombramiento para el Supreo de Javier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones) o bien de José de la Mata, instructor en la Audiencia Nacional del caso Pujol o el 3% de Catalunya. La otra plaza iría a un presidente de tribunal superior de justicia: el de Andalucía, Lorenzo del Río, o bien el de Catalunya, José María Barrientos.

El CGPJ interino ha nombrado además a 28 altos cargos de la justicia que estarán en el puesto en los próximos cinco años, cuando es una competencia que correspondería al próximo Consejo, pendiente de ser nombrado desde hace más de un año por las Cortes Generales. Entre ellos se encuentran los presidentes de TSJ, de las audiencias provinciales y los presidentes de salas.