El juzgado de instrucción número 40 de Madrid ha archivado la denuncia que la víctima de La Manada presentó contra los detectives privados que fueron contratados por la defensa de los condenados para vigilarla y "observar su actitud" tras la violación que denunció y que tuvo lugar en los Sanfermines de Pamplona del año 2016.

Según ha avanzado El Periódico y ha podido confirmar Público, el juez abrió diligencias, dio traslado al ministerio público y la Fiscalía pidió el archivo provisional de la causa, a lo que el magistrado accedió. La víctima ha recurrido esta decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El magistrado entiende que las dos detectives "recabaron datos e imágenes de la denunciante en lugares públicos al objeto de incluirlos en un informe aportado a un procedimiento penal" y que no cometieron un delito de revelación de secretos ni contra la intimidad personal.

La defensa de los acusados pretendía presentar el informe ante el tribunal que iba a juzgar los hechos y utilizarlo para tratar de desacreditar a la joven madrileña porque llevaba "una vida normal" tras la agresión, aunque finalmente sus letrados decidieron retirarlo del procedimiento.

"Vigilancia y captación de imágenes"

La joven denunció que el seguimiento "no se limitó únicamente a la actitud que pudiera adoptar en espacios públicos, sino también a la vigilancia y captación de imágenes de su vida íntima en espacios privados de esparcimiento con su familia y amigos".

Por ello, la abogada de la víctima, Teresa Hermida, señaló en el escrito que en el informe "se plasman diversas imágenes captadas de la denunciante con sus amigos y familia en las instalaciones de la piscina privada de la comunidad donde reside, pudiéndose identificar a sus familiares, en concreto a los padres de la denunciante, aparte de a los amigos de la víctima, al aparecer sus rostros sin pixelar en las imágenes captadas, aun cuando estos no guardaban relación alguna con el procedimiento judicial que se estaba tramitando en Pamplona".

Los cinco acusados fueron condenados a 15 años de cárcel cada uno por esta violación y el pasado mes de junio todos excepto Ángel Boza, sumaron dos años y 10 meses más a su condena por abusar sexualmente de otra joven de Pozoblanco y grabar en vídeo los hechos.