La Junta Electoral reconoce la objeción de conciencia en Galicia pero la prohíbe en Euskadi

BILBAO.- Atención: este es un mensaje para los miembros de la mesa electoral situada en la guardería municipal de O Barco de Valdeorras (Ourense). No esperen a la suplente del primer vocal: no tiene ninguna intención de pasarse por allí. Atención: Este otro recado va para los encargados de custodiar las votaciones en el colegio Miguel de Cervantes de Vitoria (Araba). Olvídense de ver por allí al segundo suplente del presidente: no habrá multa ni Policía que le obligue a sentarse detrás de una urna. ¿Motivos? Son objetores de conciencia y reivindican su derecho a no participar en la “fiesta de la democracia” que este domingo se vive en ambas comunidades. ¿Problemas? Depende dónde. En Galicia han reconocido este derecho, pero en Euskadi puedes ser condenado a una pena de cárcel.

Amparo Rodríguez de Dios e Iñaki Pérez de Urrutia son dos caras de una misma moneda. La primera es gallega. El segundo, vasco. Hasta hace pocos días no sabían nada el uno del otro, pero hoy tienen claro que existe algo que les une: la firme convicción de que no pueden ser obligados a participar en lo que no creen. Ambos salieron sorteados para prestar funciones en las mesas electorales durante las elecciones que se celebran este fin de semana en Galicia y la Comunidad Autónoma Vasca. Basándose en motivos ideológicos, decidieron recurrir a la vía de la “objeción electoral”.

La primera en formular su descargo fue Rodríguez. Lo hizo el día 5 de septiembre a través de una carta dirigida a la Junta Electoral de O Barco de Valdeorras. “He decidido no participar de este sistema, ni votando ni como cargo en una mesa electoral: mi conciencia y mis ideales me lo impiden”, destacaba en su nota. Seguido, enumeraba algunas de sus razones. “Soy una persona partidaria de la democracia y, por tanto, de la política que hacemos entre iguales. Y mis iguales son todos los seres humanos –subrayaba-. Por ello, no puedo dejar de estar en desacuerdo con el actual sistema político y electoral, no puedo dejar de ver a los políticos profesionales como usurpadores de la soberanía popular y no puedo dejar de pensar que en democracia una persona no renuncia a decidir sobre los asuntos que le afectan porque deposite un voto cada cuatro años”.

La objetora también aclaraba que no pretendía “buscar trampas ni trucos” que le eximiesen de “acatar esta orden”. “Tampoco tengo la intención de causar ningún trastorno a quien decida votar. Es un simple acto de denuncia de una situación injusta y, como tal, anda por el mismo sendero que transitaron y transitarán quienes tomaron decisiones similares y quienes lo harán en el futuro”, explicaba.

La sorpresa llegó un día después. Mediante una notificación oficial, la Junta Electoral le comunicó que admitía su excusa “por estar debidamente justificada”, de manera que “no tendrá que desemplear el citado cargo, quedando liberada de la obligación de comparecer”. “La verdad que esta respuesta me sorprendió muchísimo”, relata Amparo a Público. En efecto, no existen muchos antecedentes similares en todo el Estado. Para buscar algo parecido hay que remontarse al 2007 en Mallorca, cuando un objetor informó que acudiría a la mesa pero se quedaría todo el día de brazos cruzados. Las autoridades electorales le dijeron que no hacía falta.

Tras conocer el caso de Galicia, el vitoriano Iñaki Pérez de Urrutia –quien ya había tomado parte en la insumisión al servicio militar- decidió recorrer la misma vía. Para ello, copió y pegó la carta de Amparo y la mandó a la Junta Electoral de la capital alavesa. “Lo hice por coherencia personal. No creo en este sistema, porque no me parece ni democrático ni representativo”, explicó a Público.

Argumentos idénticos, pero respuestas dispares. En este caso, la Junta Electoral de Vitoria le respondió —también vía carta— que no admitía sus razones y que si este domingo no se presenta en la mesa de votaciones se enfrentará a una pena de prisión de tres meses a un año “o multa de seis a veinticuatro meses”. Si los autores de esta resolución creían que Pérez de Urrutia se arrepentiría, se equivocaban. “No voy a ir. Ya era consciente de todo esto cuando presenté el recurso, así que ahora voy a seguir adelante”, anunció.

El objetor alavés cuenta con el respaldo de Des-Censo Electoral, una plataforma que reivindica el derecho a no presentarse en las mesas electorales. De acuerdo a los datos que maneja este colectivo, se trata de una práctica que va en aumento. “Desde las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014 han sido al menos —puede que haya casos que no conozcamos— 27 las personas que han puesto en práctica de forma pública su insumisión electoral, desobedeciendo la imposición a acudir a la mesa electoral que les habían asignado”, destacan sus responsables.

Las consecuencias han sido dispares. Dos de los objetores fueron llevados a juicio por desobediencia y recibieron multas de 274 y 480 euros respectivamente. Otras dos personas —que están entre las seis que hicieron objeción de conciencia en las elecciones generales de junio pasado— están inmersas en expedientes aún sin resolver, mientras que otras 22 aún no han tenido noticias. A esta lista se suman ahora Amparo, con la notificación a su favor, e Iñaki, con la amenaza en su contra.

“Nuestra reflexión es que la administración electoral se encuentra sorprendida y descolocada ante este hecho y no sabe muy bien cómo proceder”, señalan los portavoces de la plataforma. En tal sentido, creen que el Estado teme que este fenómeno “destape públicamente la desafección popular a la conscripción electoral”, tal como queda reflejado mediante unas cifras que hablan por sí solas: “aunque no lo manifiesten públicamente como en el caso de las personas insumisas, no menos de un 10% de las personas obligadas a presentarse a la constitución de la mesa no lo hacen, lo que significa que en cada elección a nivel estatal hay al menos 50.000 desobedientes”. Este domingo, Amparo e Iñaki estarán entre ellos.