Juristas y activistas alertan del riesgo de recorte de derechos en España por la guerra en Palestina

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska ordenó este martes la puesta en marcha de varias medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. La decisión se tomó tras un análisis de la situación en Oriente Medio con la guerra entre Israel y Hamás, además de los ataques producidos en países como Francia y Bélgica.

Es la primera medida directa que toma el Gobierno de Pedro Sánchez sobre este asunto. Y aunque no debería afectar de forma directa, abre de nuevo un debate sobre cómo se conjuga la seguridad con la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales. 

España lleva en el nivel 4 de alerta antiterrorista desde el año 2015, decisión que se adoptó tras los sucesivos atentados que ocurrieron en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. En la práctica, las medidas suponen únicamente reforzar "los dispositivos de seguridad sobre determinados puntos especialmente sensibles por todo el territorio nacional y el incremento de las medidas antiterroristas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". 

Algunos de estos puntos sensibles pueden ser lugares como la Embajada de Israel en Madrid y otros edificios institucionales. Precisamente este martes se celebró una manifestación a las puertas de la embajada y los asistentes, como informó Público, denunciaron fuertes controles selectivos a los asistentes. 

En este sentido, varias organizaciones sociales y en defensa de los derechos fundamentales muestran cierta inquietud por las restricciones que puedan producirse en este marco. Algunas de ellas reconocen a este medio que todavía es pronto para evaluar la situación. Pero ya hay ciertos casos que preocupan y que van más allá de la propia alerta antiterrorista. 

Desde Amnistía Internacional (AI) denuncian que la expulsión de un aficionado del equipo de fútbol del Eibar de su estadio este pasado domingo, y la propuesta de sanción por exhibir una bandera palestina constituyen una vulneración de su derecho a la libertad de expresión.

También han puesto su foco en las intenciones del ministro de Interior de Francia de impedir las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino. "La prohibición de todas las manifestaciones en apoyo a la población palestina en Francia constituye un grave y desproporcionado ataque al derecho a la protesta", afirman desde AI.

La decisión ha sido enmendada por el Consejo de Estado francés. Este organismo ha dictaminado que las decisiones sobre las protestas tendrán que tomarse caso por caso y que no habrá prohibición general.

En el marco europeo también la semana ha estado marcada por la prohibición al eurodiputado de IU, Manu Pineda, de intervenir en el Parlamento Europeo con una 'kufiya', pañuelo típico palestino.  

Manifestaciones, banderas y símbolos

Para Jorge del Cura, reconocido activista por los DDHH e integrante del Observatorio contra la Tortura, lo que suceda dependerá de las actuaciones concretas que se tomen desde Interior. Pero recalca que cualquier refuerzo de la ley antiterrorista o de las leyes de seguridad "suele ir aparejado con una disminución de los derechos y una vulneración de los mismos". Pone como ejemplo los derechos de libertad de expresión y de manifestación. 

Es algo que, apunta Del Cura, ocurre de forma global, no solo en el Estado español. "En este caso concreto es pronto para evaluar. Pero ya vemos cómo se están poniendo multas por llevar pañuelos palestinos y banderas", afirma. "Habrá que ir viendo, pero en principio no es una buena señal para los derechos humanos", sentencia. 

"La policía ha sancionado a ciudadanos por ondear banderas palestinas en un partido y las ha requisado en otro. La democracia exige que todas las ideas puedan exponerse y confrontarse. Prohibir banderas que ondean para condenar los crímenes sobre Gaza es imponer una única versión de la realidad", afirma a este medio el exletrado del Tribunal Constitucional y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Joaquín Urías.

Para Urías, "los Gobiernos han decidido que las únicas víctimas válidas son las israelíes y quieren silenciar a quien discrepe. Es una lesión muy grave de la libertad de expresión, señala. 

Diego Boza, coordinador general de la APDHA, señala que es una deriva muy peligrosa la que están planteando muchos países europeos y a la que, en menor medida, se está sumando España. "Supone seguir los mandatos ideológicos que el sionismo impone desde Israel y que están socavando principios básicos del sistema democrático", destaca.

Para este activista, "impedir el ejercicio de acciones reivindicativas ante las matanzas" que se están viviendo en la franja de Gaza a causa de las acciones del ejército israelí implica impedir el ejercicio de derechos fundamentales.

"Y, lo que es más grave, impedir la reivindicación de los derechos humanos. Algunos Estados europeos tratan de que no se cuestione su política sobre el conflicto de Palestina impidiendo el posicionamiento público de quienes reclaman el respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos. Porque eso, y no otra cosa, es lo que supone reclamar los derechos de los palestinos", argumenta. 

Por su parte, Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica, destaca que el problema de los controles selectivos cerca de la embajada afecta al derecho fundamental a la libertad deambulatoria. "La Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') establece claramente que únicamente se puede identificar a una persona cuando existe una sospecha fundada de que está cometiendo un ilícito. Por tanto, al identificar a quienes circulan por la calle sin hacer nada, se está vulnerando la Constitución", explica. 

El abogado recuerda que si las identificaciones se realizan en función de un perfil étnico o sociológico, se estaría vulnerando también el derecho a la no discriminación contemplado en el artículo 14 de la Constitución. Del mismo modo, llevar un registro de quién acude a una manifestación, apuntando los datos en libretas, conculca el derecho de reunión, contemplado en el artículo 21 de la Constitución.

"Únicamente se puede identificar a quien sea sospechoso de cometer una actividad ilegal. Al anotar los datos de todos los asistentes a una manifestación, se puede generar un 'efecto desaliento' en el ejercicio de un derecho fundamental como el de reunión", concluye Amelang. 

Almeida pide el nivel 5 y el Gobierno contesta

El asunto de la seguridad ha sido este jueves un arma arrojadiza a nivel político. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, señaló que sería "razonable" que se elevara la alerta al nivel 5. "Es una cuestión que le corresponde al Gobierno de España, pero que en la situación que estamos viendo en otras capitales europeas, y las fechas que se acercan en la ciudad de Madrid, con grandes aglomeraciones de personas, parecería razonable que se pudiera adoptar esa decisión", ha dicho. 

El delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, respondió a Almeida recordando que el nivel de alerta antiterrorista no puede ser definido en base a "unas declaraciones o un capricho de ningún político". Por ello, hizo un "llamamiento a la responsabilidad" de todos y pidió "no hacer ningún caso a los bulos que generan alarma social". 

El nivel 5 es el último de la escala e implica un nivel de riesgo muy elevado de atentado terrorista. Según indica la agencia Efe, este nivel "se reserva para casos de atentados inminentes en territorio nacional" y su diferencia principal con el nivel 4 es que se caracteriza por la presencia de militares en los puntos sensibles y en lugares con aglomeraciones de personas. Hasta ahora, el Ministerio de Interior no ha manifestado que se esté contemplando la posibilidad de elevar el nivel antiterrorista.