El Gobierno, a través de la Dirección General de Memoria Histórica, que depende del Ministerio de Justicia, está estudiando la posibilidad de reformar la legislación para poder revocar los títulos nobiliarios que el dictador Francisco Franco concedió a sus partidarios.

Así lo ha confirmado el departamento que dirige Dolores Delgado al diputado de En Comú Podem y portavoz adjunto de Unidos Podemos en la Comisión de Justicia del Congreso, Jaume Moya, quien el pasado mes de marzo se dirigió al Ejecutivo, entonces aún del PP, para reclamarle la anulación de los citados títulos.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez le ha contestado que la normativa vigente no contempla la revocación de los títulos nobiliarios, por lo que, para poder suspender los aprobados en su día por el régimen franquista, habría que reformarla, una posibilidad que ya se está estudiando.

Además, Justicia recuerda que las últimas actualizaciones de la legislación nobiliaria, amparada por el artículo 62 de la Constitución, tuvieron lugar en 1988 mediante un real decreto y en 2006 a través de la ley para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en el orden de sucesión de estos títulos.

En la iniciativa que registró en marzo, Moya recordaba que en la actualidad perviven cerca de cuarenta de estos títulos entre los que citaba el Ducado de Primo de Rivera, ostentado por un sobrino del fundador de La Falange; el Marquesado de Queipo de Llano, en manos del nieto del general franquista; el Marquesado de San Leonardo de Yagüe, en manos del general que perpetró la masacre de Badajoz, o el Condado del Castillo de la Mota, concedido en su día a Pilar Primo de Rivera, presidenta de la Sección Femenina, por haber estimulado "las tradicionales virtudes de la mujer española".

En las preguntas que remitió al Gobierno, el diputado de En Comú también citaba la petición que acababa de cursar al Ministerio de Justicia la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú Franco, para recibir el título de Duque de Franco con Grandeza de España que tras el fallecimiento de su madre y que el rey Juan Carlos concedió a Carmen Polo, viuda de Franco 20 días después de su fallecimiento.

El exministro de Justicia Rafael Catalá firmó la orden ministerial por la que la nieta de Franco heredaba el Ducado el pasado 31 de mayo, justo un día antes de que saliera adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) no la publicó hasta el pasado 4 de julio.

En la proposición de ley registrada por el PSOE para ampliar la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que el Gobierno toma como base para sus medidas en esta materia, no se contemplan medidas en relación con estos títulos nobiliarios y sólo se habla de retirar los de hijos honoríficos, alcaldes honoríficos o similares concedidos en su día por ayuntamientos, diputaciones provinciales u otros organismos.

El PSOE argumenta que se estos honores y distinciones, son títulos de carácter vitalicio y por tanto, tras el fallecimiento del dictador o de cualquiera de los homenajeados, se ha de proceder a declarar su retirada por organismo que los otorgó, remitiendo las certificaciones al Gobierno central.