BARCELONA. Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han llegado a un "acuerdo político global" sobre la ley que tendría que hacer posible la llamada "desconexión" de Catalunya en su proceso hacia la independencia. Es lo que se conoce como "Ley de Trnasitoriedad Jurídica".

El texto del acuerdo define Catalunya como una "República de derecho, democrática y social".

La noticia se ha dado a conocer en un breve comunicado, sin dar explicaciones complementarias, para evitar la difusión de interpretaciones o detalles indeseados por alguna de las partes.

El acuerdo, dicen, "es el resultado de más de seis meses de trabajo sobre el articulado de la ley y da cumplimiento al plazo establecido ern el Debate de Política General.

Además del comunicado, Lo que han facilitado los dos grupos son los nueve epígrafes en los que se articula la ley: el preámbulo; disposiciones generales, nacionalidad y territorio (I); la sucesión de ordenamientos y administraciones (II) y los derechos y deberes (III).

Además, también contempla el sistema institucional (IV); el poder judicial y la administración de justicia (V); las finanzas (VI); referéndum de independencia (VII); el proceso constituyente (VII) y las disposiciones finales y de inaplicación (IX).

En el mismo comunicado se informa que en el artículo primero del texto se hace referencia al objetivo de la futura ley, la República, y a la "voluntad de garantizar la máxima seguridad jurídica en la transición" hacia el nuevo Estado, "una vez ganado el referéndum por la independencia".

La ley, expuesta en 10 capítulos, afirman que "dota y habilita las instituciones públicas catalanas de las herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana".

También explican que "Junts pel Sí y la CUP-CC están trabajando en diferentes escenarios a fin de incorporar el mayor número de fuerzas políticas en la preparación y convocatoria del referéndum de independencia", pero de momento, Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí Que es Pot "(CSQEP), ya ha pedido" respeto por las normas democráticas y transparencia "en lo que tenga que ver con la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Coscubiela ha recordado los acuerdos tomados en la cumbre de hace una semana y ha afirmado que "las leyes, para tener eficacia requieren dos cosas: fuerza para ser aplicadas y recursos para ser implementadas". De lo contrario, afirmó, "la ley no es una ley, sino un deseo".

La CUP y Junts pel Sí, en su comunicado, también explican que el epígrafe sobre la convocatoria del referéndum está pendiente de concretar.

En cuanto a las concreciones, el portavoz de Els Comuns, Xavier Domènech, ha pedido a Junts pel Sí y la CUP que pongan encima de la mesa una fórmula que garantice efectividad jurídica, reconocimiento internacional e interpele a la mayoría de la población.

"Si esto se puede conseguir, aunque sea sin un pacto con el Estado, ningún problema", ha afirmado Domènech.

En este sentido, la secretaria general de Esquerra Republicana y portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, Marta Rovira, ha afirmado que la ley de 'desconexión' sobre un régimen jurídico catalán, pactado por JxSí y la CUP, no podrá ser impugnada ni suspendida por el Tribunal Constitucional (TC): "Entendemos que la ley de transitoriedad jurídica es inimpugnable".

En una entrevista concedida a Europa Press, Rovira ha explicado que la ley deberá servir para permitir "transitar desde el ordenamiento jurídico español a un ordenamiento jurídico propio" de Catalunya, y esto la convierte en inalcanzable para el Alto Tribunal, a su juicio.

Así, Rovira plantea que, por un lado, las elecciones catalanas de 2015 dieron a los soberanistas un "mandato democrático" para avanzar hacia la independencia y, por el otro, esta ley da la cobertura legal necesaria para ejecutar de forma definitiva este mandato.

Ante una eventual impugnación de la ley por parte del Estado y de la suspensión por parte del TC, Rovira expone: "Ante futuras impugnaciones y suspensiones por parte del TC, ¿Qué alegaremos? Que tenemos un mandato democrático y legal que han decidido los ciudadanos".

Para recalcar la importancia del acuerdo entre JxSí y la CUP, ha recordado que los informes que encargó la Generalitat al Consell Assessor per a la Transición Nacional situaban esta norma como la "ley fundacional" de un hipotético Estado catalán.

Rovira ha explicado que se trata de la ley que, entre otras cuestiones, permitirá convocar un referéndum de independencia en Catalunya como muy tarde en septiembre 2017 y dando "seguridad jurídica" tanto a los organizadores como a los votantes.

"Es la habilitación para que el referéndum se pueda celebrar con absolutas garantías, con absoluta cobertura jurídica y legal. Para que los funcionarios puedan hacer su trabajo cuando toque, para que los ciudadanos puedan ir a votar sin que implique ningún problema", expone.

Rovira prevé que JxSí y la CUP tramiten este proyecto como proposición de ley ordinaria y contempla que la aprobación definitiva de la norma sea "el mismo día" en que se convoca el referéndum o que haya una diferencia de muy pocos días.

"Tenemos muchos escenarios estudiados, trabajados y previstos y los decidiremos en función de cómo lleguemos a la convocatoria del referéndum", concluye, asumiendo así que la aprobación de la ley será con toda probabilidad y, si no hay cambios, tras el verano.

La ley de transitoriedad jurídica es la tercera de las leyes de desconexión: las otras dos, la que crea una hacienda propia catalana y la que crea una agencia de protección social, ya han sido presentadas y admitidas a trámite.

Es la más destacada porque tiene que servir para hacer efectivos dos puntos clave de la hoja de ruta soberanista: la celebración del referéndum y la desconexión definitiva entre Catalunya y el resto del Estado.

Los dos partidos independentistas tienen previsto tramitar esta norma como una proposición de ley firmada por los dos grupos, y harán público su contenido cuando la lleven al registro de la Cámara, para lo que por ahora no hay fecha.