Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha solicitado su absolución de cara al juicio por las mascarillas en el que pide como testigos, entre otros, al presidente catalán, Salvador Illa, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Interior, Fernando Marlaska.

Leticia de la Hoz, abogada del exasesor, ha presentado su extenso escrito de defensa, de 132 páginas, de cara al juicio que sentará a Koldo en el banquillo del Tribunal Supremo por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia, por el que la Fiscalía pide 19 años y medio de prisión, una petición que las acusaciones populares elevan a 30.

Junto a él, el que fuera su jefe en el Ministerio, José Luis Ábalos, se enfrenta a 24 años de prisión y el empresario y presunto comisionista, Víctor de Aldama, encara una pena de siete años por su colaboración con el Ministerio Fiscal tras confesar los hechos.

Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre a la espera de fecha de juicio, solicita al Tribunal Supremo su absolución en un escrito, en el que subraya que "los hechos no son constitutivos de delitos alguno", por tanto, "sin delito no hay responsabilidad".

La defensa pide el testimonio de Illa

Su defensa solicita a la Sala 75 testificales. Sobresale la del presidente de Catalunya, Salvador Illa, a quien considera "indispensable para acreditar que los canales de compra de material no fueron asaltados por una trama", sino que "se rigieron por criterios de estricta necesidad" en "un mercado colapsado".

En su opinión, "la intervención de Koldo no fue una injerencia ilícita, sino una colaboración logística entre departamentos ministeriales coordinada por el mando único", por lo que "si el ministro de Sanidad —quien centralizaba las compras— no recibió presiones ni detectó irregularidades, la tesis de las acusaciones sobre la corrupción del proceso se desmorona por completo".

Gran parte del grueso de los testigos coinciden con los pedidos previamente por Ábalos. El ministro Marlaska, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y varios ex altos cargos como el ex número dos de Interior Rafael Pérez; y el exsecretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente del Grupo Correos, Pedro Saura; si bien deja fuera al ministro Angel Víctor Torres.

Con Armengol, expresidenta de Baleares, Koldo pretende desvirtuar que existiera una "orden" o "recomendación vinculante" suya para contratar a la empresa Soluciones de Gestiones, sobre la que pivota el caso, para la compra de mascarillas. Un escenario parecido al que aspira con Marlaska, cuando dice que Koldo "no ostentaba cargo, poder ni capacidad para alterar las adjudicaciones".

La letrada justifica estas tres testificales porque "no se puede juzgar una supuesta trama de influencias sobre el Gobierno de España prohibiendo a la defensa que interrogue a los propios miembros de dicho Gobierno sobre la realidad de tales hechos".

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Por otra parte, la defensa pide también un informe patrimonial sobre Víctor de Aldama, el único de los tres acusados que no lo tiene, "a fin de acreditar la capacidad económica de que presume" dado que afirma que hizo pagos a Koldo, la mayoría en efectivo.

Y también que se requiera a la Fiscalía Anticorrupción para que facilite el escrito de acuerdo de conformidad con Aldama, al tiempo que pide que el empresario declare primero y se someta al régimen de contradicción propio de un testigo "dado que no se sabe si es acusación o defensa".

Vincula el dinero en efectivo con los gastos del PSOE

En su defensa, Koldo explica que el dinero en efectivo que manejó, que la Fiscalía atribuye a comisiones ilegales por los contratos, respondía "a un sistema de retribución y anticipos de gastos corrientes del PSOE, ajeno a los contratos de las mascarillas", es decir, una "fuente lícita".

"El metálico era un uso común y documentado internamente en la formación política, para servicios personales de conductor y escolta, lo que destruye el nexo causal entre el dinero y el presunto cohecho", señala la abogada.

El escrito, "niega de forma rotunda y en profundidad, el relato de hechos" de la Fiscalía, de la acusación popular unificada, y "el del ornitorrinco procesal Aldama", que "se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio, vulnerando con ello la presunción de inocencia" de Koldo.