La gestora del 'caso 3%' catalán creó la estructura paralela y cuentas en Andorra de la nueva trama corrupta

BARCELONA.- “Consultoría económica, contable, fiscal, urbanística” y también “prestación de servicios a terceros, públicos o privados”. Son algunas de las actividades con las que aparece registrada Efial Consultoría SL, aunque al parecer, se especializó en la última rama. La empresa nace en 2007, es de tamaño mediano y crece bajo el paraguas de innumerables proyectos para distintos ayuntamientos.

En teoría, Efial ofrece servicios a los consistorios para aligerar el trabajo. En la práctica, según la Fiscalía, conseguía una “estructura paralela” con la que se habrían saltado la supervisión pública y los procesos de adjudicación para acabar gestionando y quedarse con el dinero de estos entes locales. Ahora las autoridades investigan una trama de adjudicación de contratos públicos, supuestamente amañados, relacionados con esta empresa. Se trata de una pieza separada, y de dimensiones aun por determinar, del famoso caso del 3%.

Ni el nombre, ni la empresa son nuevos. Durante la investigación del presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra —que destapó Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que culminó con el alcalde convergente Daniel Massagué en prisión— se descubrió una manera de actuar, una pauta, que al parecer se habría calcado en otros consistorios. Y “otros” quiere decir varias docenas, casi 80, muchos de ellos de Convergència.

Algunos de los ya conocidos son los de L’Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Vandellós o el ayuntamiento de Girona. Supuestamente asesorados por Efial, estos consistorios creaban empresas municipales, que dependían generalmente de Urbanismo, y externalizaban allí algunas tareas. Al frente de estas compañías de nueva creación estaba la misma cúpula de Efial, que al final es quien recibía el dinero por estas gestiones. El modus operandi es el mismo en muchos ayuntamientos.

Meses después de los primeros escándalos, Efial fue absorbida por CGI (Control de Gestión de Ingresos). El cambio desató las sospechas de la Policía, que consideró que estas mismas prácticas —la pauta de trabajo de la antigua Efial— se podrían estar reproduciendo también en ayuntamientos de otros puntos de España donde CGI está presente. Mientras que en Catalunya la mayoría de consistorios implicados están en manos de Convergència, en las investigaciones ampliadas en hasta 10 provincias españolas los ayuntamientos inspeccionados son mayoritariamente del PP.

Al frente de todo este supuesto entramado está Antonio Martos, el fundador de Efial. Antes había ostentado varios cargos de gestión y urbanismo, y hasta de asesoramiento económico en el Ayuntamiento de Barcelona. Entre 2004 y 2007, previamente a la fundación de la consultora, había ejercido de director de Control de Gestión a los Servicios Centrales.

Martos fue detenido por la Guardia Civil durante el primer día de registros. Se trata de un perfil profesional que conoce de primera mano el sector público y la administración catalana. También había ocupado el cargo de director de Administración de Economía y Finanzas en la Societat Municipal de Barcelona Gestió Urbanística SA, así como en el Institut Municipal d’Urbanisme.

Otro de los socios fundadores de Efial, Jaume Sabater Rovira, podría ser el nombre que cierra el círculo en esta trama. Sabater trabaja a caballo entre Barcelona y Andorra, donde ha tenido cargos destacados. Tanto en las administraciones como en el sistema financiero. Es presidente de la Associació d’Entitats Financeres d’Andorra, tiene varias consultoras con las que asesora empresas públicas y privadas y fue el director general de Andbank hasta 2008.

En la documentación recogida durante los registros aparece el nombre de una de las consultoras de Sabater, que a su vez era el consejero delegado de Efial. La Guardia Civil sospecha que Martos, Efial o alguno de los consistorios podrían haber blanqueado dinero —hasta tres millones de euros— en las entidades andorranas, gracias al vínculo con Sabater. En consecuencia, obtuvo una comisión rogatoria judicial para las autoridades de Andorra, donde acudió a efectuar cuatro registros, tres en empresas y un cuarto en la Banca Privada d'Andorra.