CORRUPCIÓNLa legalidad de 16 procesos electorales, en cuestión por las 'cajas B' del PP

"La corrupción no es cosa de partidos, sino de personas". Esa es la frase con la que los portavoces de Génova, sede nacional del PP, se han desmarcado esta última semana del escándalo de la operación Lezo por la que uno de los suyos, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, está encarcelado por supuesta organización criminal.

Él ya es, como marca la tradición, uno de "esos señores/as de los que usted me habla", pero es el propio partido el que está salpicado por los incontables casos de corrupción que se han sucedido desde la década de los años 90. Todos ellos, escándalos de los que nadie ha rendido cuentas políticas, a excepción de Esperanza Aguirre, que decidió servir de ejemplo para Mariano Rajoy y dimitió por su responsabilidad "in vigilando", aseguró literalmente. Ahora, el partido tendrá que dar explicaciones al respecto en el Congreso a partir del 8 de mayo, cuando se constituirá la comisión parlamentaria sobre la financiación del Partido Popular.

Aunque esa comisión ya es conocida exclusivamente como la comisión Bárcenas, la presunta caja B del PP afecta a innumerables procesados, imputados o investigados. Entre ellos, hay exministros, expresidentes autonómicos, exdiputados, senadores, consejeros, alcaldes y, en definitiva, todo tipo de cargos públicos. Casi todos, por haber metido –presuntamente– la mano en la caja para su propio beneficio. Pero también contribuían a la financiación irregular -confirmada, ésta sí, por la Fiscalía o por el juez Pablo Ruz- de la que se habría beneficiado la formación en las distintas campañas electorales de los últimos tiempos. 

¿Cuántas? Al menos, nueve generales y siete autonómicas y municipales. Ésas son las citas electorales que se han celebrado desde octubre de 1989, cuando Rosendo Naseiro era tesorero del PP. Él se convirtió en el primer dolor de cabeza para José María Aznar, quien recién llegado a la Presidencia del partido –con la bendición de Manuel Fraga–, tuvo que hacer frente al bautizado caso Naseiro. 

Corría el año 90 cuando el citado tesorero y el diputado popular Ángel Sanchís –hoy imputado en el caso de la cuenta en Suiza de Bárcenas– fueron procesados por lo mismo que todos los posteriores: adjudicaciones públicas, recalificaciones, ventas, etc., y todas con la comisión correspondiente. Para ellos y, presuntamente, también para el PP.

El caso Naseiro quedó en agua de borrajas por un error que supo aprovechar el PP: las escuchas que probaban el cobro de comisiones del partido habían sido autorizadas por el juez inicialmente para un asunto de drogas. Aznar, cuya estrategia era arremeter contra la corrupción que también imperaba en el PSOE de Felipe González con el caso Filesa, supo salir airoso de él al anularse la prueba en el Supremo. Incluso, llegó a nombrar ministro a uno de los escuchados en aquel entonces: Eduardo Zaplana y sus ganas de hacer carrera en política porque estaba "arruinado". 

Hoy Zaplana, ya retirado de la vida pública, ha vuelto a los titulares, precisamente, por otro pinchazo: el de su conversación con Ignacio González en la que, según los medios que han tenido acceso a las grabaciones, ambos conocían meses antes el nombramiento del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y se felicitaban por su simpatía por el PP. Además, el juez investiga los posibles "negocios" entre ambos.

Ambos representan a dos de los grandes feudos del PP que, precisamente, son dos de las comunidades más salpicadas por el mapa de la corrupción española. Se trata de las comunidades de Madrid y Valenciana , donde las investigaciones revelan la presunta financiación ilegal del partido en distintas campañas electorales. 

Se inflaron contratos con Indra y PWC para pagar las deudas del PP contraídas en la campaña de las autonómicas de 2011

En Lezo, según la investigación de la Audiencia Nacional, González pidió un millón de euros a una empresa pública, la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) para sanear las cuentas del PP de Madrid que entonces presidía Aguirre. El exconsejero-delegado de ICM habría inflado contratos suscritos con Price Waterhouse Cooper (PWC) e Indra para conseguir dicha cantidad. ¿La finalidad? Pagar las deudas derivadas de la las elecciones autonómicas de 2011.

2003, 2004, 2007, 2008, 2011...

Antes de eso, la misma organización territorial de Aguirre habría utilizado a Fundescam para financiar las campañas de 2003 que, previo Tamayazo, terminaron aupándola a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La fundación, creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, recibía presuntamente donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica con las que se pagaron facturas de las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, así como del Congreso regional del PP y los siguientes comicios generales de 2004.

Más tarde, según las últimas informaciones de la operación Púnica, la caja B del PP de Aguirre se habría visto incrementada con otros cinco millones: tres para las autonómicas de 2007; uno para las generales de 2008 y el otro, para las siguientes autonómicas de 2011.

En esa época, Rajoy ya estaba al frente del partido. Fue nombrado presidente en 2004 y él sí pagó la factura de la herencia recibida: logró la mayoría absoluta en 2011 y el PP volvió a teñir de azul los gobiernos autonómicos en ese mismo año, pero los escándalos de la caja B, los papeles de Bárcenas, Gürtel, Púnica, Auditorio, Imelsa, Taula, Palma Arena, etc. empezaron a juzgarse y, a día de hoy, en 2017, el PP sigue ganando, pero no de forma tan aplastante.

La propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue una de las que perdió el bastón de mando de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Uno de sus hombres de confianza, el exalcalde de Toledo José Manuel Molina, fue imputado en una de las piezas separadas de Gürtel por haber adjudicado –presuntamente– un contrato de limpieza de basuras a Sacyr a cambio de una mordida de 200.000 euros para la campaña de las autonómicas de 2007.

Valencia, Murcia, Galicia, Baleares...

Y es que no todas las cantidades recibidas son astronómicas. De hecho, la táctica habitual con la que intentaban burlar la ley de financiación de partidos se conoce como pitufeo. Una práctica que Rita Barberá dijo desconocer en su declaración ante el Supremo, pese a que la investigación de la operación Taula –derivada del caso Imelsa en el que está imputado Alfonso Rus–, destapó la presunta trama de blanqueo del grupo municipal que ella dirigía en Valencia. Supuestamente, hasta 47 concejales, asesores y exediles habrían aportado 1.000 euros por transferencia bancaria para la campaña de las elecciones municipales de 2015 a cambio de recibir en mano dos billetes de 500 euros.

El PP contabiliza 179 imputados sólo en el año 2016

Además del caso Barberá, el PP valenciano fue otro de los grandes protagonistas de los titulares de corrupción: de los aeropuertos sin aviones de Carlos Fabra –recientemente en libertad condicional–, a la llamada rama valenciana de Gürtel, que va desde los trajes de Francisco Camps –absuelto–, a los amaños de la trama con los contratos de Fitur, por la que han sido condenados los empresarios Correa, Crespo y El Bigotes.  La visita del Papa a Valencia en 2006, el caso Emarsa, el Brugal, Acuamed o el de la Fórmula1 son otros de los que imperan en dicha comunidad autónoma.

Más allá de Madrid y Valencia, la corrupción ha afectado también a Murcia, donde 35 de los 45 municipios de la región están salpicados por diversas tramas y su presidente, Pedro Antonio Sánchez, tuvo que dimitir tras ser imputado en el caso Auditorio e implicado en Púnica; a Galicia, donde los casos Pokémon y Campeón siguen su curso; y a Baleares, con el caso Palma Arena, una de cuyas piezas separadas es el caso Nóos. Además, otros ex altos cargos conservadores están imputados en otros casos no directamente relacionados con la financiación irregular. Ejemplo de ello es el exministro Rodrigo Rato, condenado por la pieza de las tarjetas black, y procesado en el caso Bankia, y cuya fortuna oculta es investigada además en un juzgado de Madrid por delitos fiscales, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. En total, el PP contabiliza sólo en 2016, 179 imputados.

Un partido en el banquillo

El propio Rajoy ha sido citado a declarar como testigo en el juicio de la pieza separada de Gürtel, primera etapa (1999-2005). Una pieza en la que se sienta en el banquillo la exministra Ana Mato como partícipe a título lucrativo –responsable civil– y donde se juzgan también las donaciones de la trama a las campañas electorales de 2003 en Majadahonda y Pozuelo (ambos, municipios de Madrid). Motivo por el que el PP se sienta como Mato en el banquillo e insiste en arremeter contra la decisión del tribunal porque, dicen, su presidente no era responsable directo de dichas organizaciones.

Pero quedan por dilucidar otras piezas del mismo caso relativas al presunto pago irregular de la remodelación de la sede del partido –planta por planta y con dinero B–, su presunta implicación en la destrucción de ordenadores en el caso Bárcenas o el supuesto pago de sobresueldos en sobres "en B" desvelado por el citado extesorero. Los casos apuntan a la supuesta existencia de cajas nacional y provinciales con contabilidad paralela.

Pero la corrupción es, para Génova, cuestión "de personas", y el PP nacional es, al fin y al cabo, el primer partido imputado de la democracia.