Sólo cinco altos cargos del PP han caído por corrupción en los 14 años de la 'era Rajoy'

Pedro Antonio Sánchez ha sido el último de los caídos de la 'era Rajoy'. Antes que él, sólo otras cuatro personas se han visto obligadas a dimitir tras haber sido imputadas en distintos casos de corrupción.

Ana Mato, Francisco Camps, Carlos Fabra y Rita Barberá completan la lista de quienes abandonaron sus cargos institucionales desde que el actual presidente del Gobierno se convirtió en líder del PP, en 2003. Cinco dimisiones en 14 años en un mapa plagado de imputaciones (actualmente, cerca de 300 en toda España). 

El ya expresidente de Murcia decidió hacerlo sólo 24 horas antes de que la moción de censura en su contra se debatiera en la Asamblea regional. Y sólo 24 horas después de que el juez de la Púnica pidiera añadir a su imputación por el caso Auditorio otros tres delitos más. Génova no le quería y él recibió el mensaje: abandonó antes de que le echaran para evitar, dijo, un tripartito en la Comunidad que "no quieren los murcianos". 

En el caso de Ana Mato, la entonces ministra de Sanidad anunció su dimisión después de que el juez de la Gürtel la hubiese citado para declarar por, presuntamente, haberse lucrado de los beneficios corruptos de su exmarido, exalcalde de la localidad madrileña de Pozuelo y hombre fuerte en la calle Génova durante la etapa de José María Aznar, Jesús Sepúlveda. Adiós a la cartera, a los viajes a Disneyland, a los jaguars en el garaje y a las fiestas de cumpleaños con confeti. 

A Francisco Camps parecían gustarle más los trajes gratis, aunque también procedían de la trama Gürtel. Dimitió como presidente de la Comunidad Valenciana tan sólo un mes después de haber sido elegido como tal. Se fue, obligado por Rajoy, vendiendo su decisión como un "sacrificio personal". El presidente nunca dejó de defender su "honorabilidad", pero se acercaban las elecciones generales el 2011 -en las que el PP se alzó con la mayoría absoluta- y no podía permitirse tener a un barón imputado. 

Antes que él, cayó el todopoderoso Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón que llevaba en manos de su familia desde tiempos franquistas. El conservador "ejemplar", según Rajoy, que construyó un aeropuerto sin aviones y conseguía que le tocara la lotería, llevaba salpicado por varios delitos de corrupción desde 2008. En aquel entonces estaba ya imputado por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la Administración Pública y fraude fiscal. Algunos de ellos se consideraron prescritos.

No abandonó la Administración provincial hasta junio de 2011, eso sí, dejando a su novia como un alto cargo de la misma. Después, se dedicó a presidir, precisamente, la sociedad promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas) y fue secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón. Dimitió de todos esos cargos y pidió la baja de militancia en el PP en 2013, tras ser condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal.

Rita Barberá no llegó a abandonar su escaño, pero el PP perdió uno de sus votos en el Senado de todas formas. La exalcaldesa de Valencia cedió a las presiones de Génova, pero a medias. Dejó la militancia en el partido al que había pertenecido los últimos 30 años, pero se negó a perder su status y se adscribió al Grupo Mixto. ¿El motivo de su caída? La apertura en el Supremo de una causa contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la operación Taula que afecta a otros líderes valencianos.

Antes que ella, otros nueve ediles de su mismo Consistorio habían sido obligados también a darse de baja en el PP. Y, como ella, otros altos cargos que pasarán a la historia del partido dimitieron, aunque antes de haber sido imputados. Este es el caso de Jaume Matas. El expresidente de Baleares dimitió en 2007, pero ello se debió a su fracaso electoral. No fue hasta mucho más tarde cuando fue imputado por financiación ilegal o condenado por el caso Nóos.

En el partido, por tanto, hubo más "defenestrados", bien por petición directa de Rajoy, bien por su inacción, pero por otros motivos desligados de la corrupción. Lo mismo ocurrió en el Gobierno: José Ignacio Wert y Alberto Ruiz-Gallardón fueron bajas en Educación y Justicia, respectivamente, pero por razones políticas. Ni la contestada Lomce ni la polémica contrarreforma del aborto beneficiaban al Ejecutivo.

En un término medio entre una cuestión y la otra se encontraría Esperanza Aguirre, que dejó la presidencia del PP de Madrid el año pasado para asumir su "responsabilidad in vigilando" de las tramas de presunta financiación ilegal del mismo. Pero ella no ha llegado a estar imputada. Fue la número uno de la candidatura a la Alcaldía de Madrid y, aunque su sucesora, Cristina Cifuentes, aún se niega a hablar de las posibles candidaturas para 2019, los conservadores madrileños ya la despidieron en el último Congreso de la organización territorial.

En este limbo, pero del lado contrario, se encontraría el exministro José Manuel Soria. Él sí dejó la cartera de Industria, pero no por haber sido imputado, sino por haber mentido en varias ocasiones sobre su presunta implicación en el caso de los llamados papeles de Panamá. Rajoy, a través de De Guindos intentó buscarle una salida digna en el Banco Mundial. Una vez más, tras dudosas explicaciones sobre el dedazo, Soria tuvo que renunciar a ese puesto también.

En resumen, han sido muchos los dirigentes que han abandonado sus puestos orgánicos o institucionales en los últimos 14 años. Pero, oficialmente, sólo cinco de ellos dejaron un agujero real en las posiciones de poder del PP tras haber sido imputados por corrupción. Cinco, en 14 años.