Derechos LGTBILa ley LGTBI avanza al ralentí ante el pobre consenso de los partidos

La tramitación de la ley de igualdad LGTBI se ha convertido en una suerte de paradoja. Todos los grupos parlamentarios insisten en la necesidad de llegar a un amplio consenso para su aprobación, pero, al menos de momento, hay muchos más desacuerdos que puntos en común. “Estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo”, aseguran fuentes de la Comisión de Igualdad, el órgano encargado de tramitar la norma.

La proposición de ley fue admitida a trámite por el Pleno del Congreso en septiembre del pasado año, y llegó en febrero a la comisión. Sin embargo, en todo este tiempo apenas se ha logrado avanzar en su tramitación. Actualmente se encuentra en la fase de ponencia, donde los grupos deben debatir y desarrollar un texto definitivo para después votarlo.

La causa de este retraso, denunciado por las asociaciones LGTBI en octubre a través de 18 ruedas de prensa simultáneas en diferentes lugares del país, responde simplemente a la falta de acuerdo. “Es una ley muy completa, pero también muy compleja”, admite la presidenta del colectivo LGTB de Madrid COGAM, Carmen García de Merlo, que insiste en los efectos negativos que provoca este retraso.

Desde la comisión, algunos grupos achacan esta falta de acuerdo a dos cuestiones: la primera, la “reticencia” de determinados partidos, “especialmente los más conservadores”, a reconocer derechos “que nunca se habían reconocido”; la segunda, la necesidad de incluir a estos partidos en el consenso para que la estabilidad de la ley no dependa del color del Gobierno.

“Se va a tener que negociar muchísimo y va más despacio de lo que nos gustaría”, reconoce la diputada de Compromís y portavoz del Grupo Mixto en la comisión, Marta Sorlí. Según explica, la ponencia de la ley de igualdad LGTBI no funciona como otras ponencias del Congreso debido, precisamente, a la necesidad de que haya un consenso muy amplio.

"Necesitamos que sea un texto de consenso que cuente con los grupos conservadores. Si no, dependerá del color del Gobierno"

“Necesitamos que sea un texto de consenso que cuente también con los partidos más conservadores porque, si no, va a terminar siendo una ley susceptible de desmontarse con cada cambio en el Gobierno. No dejar fuera del consenso a los partidos es mucho más difícil y lento que hacerlo”. La diputada de Unidos Podemos Mar García Puig coincide en la importancia de que el acuerdo sea “lo más amplio posible”, pero admite que “con determinados postulados va a ser muy difícil llegar a acuerdos con otros grupos, especialmente con el PP”.

García Puig asegura que desde su grupo y desde otros están intentando que los conservadores “se sumen a determinados contenidos”; por eso, están dejando “las cuestiones más sensibles” para el final. Uno de los principales puntos de desacuerdo, desvelan fuentes de la comisión, son aquellos referidos al reconocimiento de derechos de las personas trans. “En esta cuestión, los postulados de los colectivos y de la mayoría de los grupos están muy alejados de los que tienen el PP y el PSOE”.

Las asociaciones, que mantienen contacto frecuente con los partidos, insisten en que la aprobación de la ley es urgente, entre otras cuestiones, por las “alarmantes cifras de delitos de odio” que se dan contra estos colectivos. “No entendemos que se dilate tanto, y creemos que este retraso se produce por una cuestión ideológica”, asegura la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, que reitera la necesidad de que la norma salga adelante en esta legislatura: “Hay que darse prisa, porque, visto lo visto, no se sabe cuándo se va a terminar”.

Podría llegar al Pleno en marzo

Los grupos reconocen que durante estos meses el atasco ha sido notorio. “Hasta hace dos semanas, o no se convocaba la ponencia o, una vez convocada, se desconvocaba”; sin embargo, precisan, los trabajos “han ido más rápido” en los últimos días (la última reunión tuvo lugar el pasado miércoles), y la intención es agilizar el trámite en la medida de lo posible.

Para ello, los grupos han pedido habilitar el mes de enero (inhábil para el Congreso). En un principio el objetivo era finalizar el trámite de ponencia en diciembre, pero el retraso es tal que esta opción está descartada. Fuentes de la Comisión de Igualdad aseguran que la nueva meta es finalizar la redacción del texto en febrero y llevarlo al Pleno en marzo. De momento, de 99 artículos, los grupos han concluido con 28.

“Veo positivo que se pongan a trabajar en enero, pero seguimos siendo muy lentas”, afirma Sangil, que asegura tener constancia de que el Gobierno también quiere que esta ley salga adelante. Más allá de las dificultades que tienen que ver con la falta de consenso en cuanto a los contenidos de la norma, también están los desacuerdos “técnicos”, como el hecho de que algunas de sus reformas afecten a leyes orgánicas o su relación con leyes de igualdad LGTBI que ya existen a nivel autonómico.

“Queremos ser muy escrupulosos en cuanto a competencias. Hay cuestiones relacionadas con la educación o la sanidad que son de las comunidades y que evidentemente vamos a respetar. Además, hay leyes avanzadas en las comunidades en este sentido y no podemos provocar un retroceso.”, explica García Puig. “Sin duda, va a haber muchos charcos, pero nos meteremos en todos los charcos que haga falta; estamos aquí para trabajar”, concluye Sorlí.