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Ley Rhodes El Congreso aprueba por una holgada mayoría absoluta la primera ley de protección a la infancia frente a la violencia

La norma recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años, establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la revictimización y elimina la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, entre otras medidas.

Varios niños juegan en un parque infantil. EFE/Salvador Sas/Archivo
Varios niños juegan en un parque infantil en una imagen de archivo. Salvador Sas / EFE

El Congreso ha dado luz verde por 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones a la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la primera norma en el ámbito estatal que protege a los menores frente a las distintas formas de violencia. La iniciativa legislativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales con Pablo Iglesias al frente, "se ha enriquecido" durante su tramitación en la Cámara Baja con la incorporación de más de 200 enmiendas, de las cuales más de 70 han sido transaccionadas. 

Los portavoces de los diferentes grupos han puesto en valor el trabajo colectivo para sacar adelante una ley que llegó al Congreso arrastrando muchas críticas (principalmente por la falta de perspectiva de género y de enfoque de infancia), sumando así muchas de las recomendaciones de los expertos de la sociedad civil. La norma recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años y no 18 como ahora, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y fomenta la formación para jueces y fiscales en esta materia. También, establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la revictimización.

El texto de la nueva Ley Rhodes, bautizada así por el pianista James Rhodes —víctima de abusos sexuales cuando era niño—, prohíbe la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría acientífica que se utiliza en procesos de separación para retirar la custodia de los hijos a las madres; elimina la posibilidad de la guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de género; e incluye un nuevo artículo específico para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar.

"Pronto esta ley esencial va a ser una realidad efectiva y va a proteger un
derecho fundamental: el de los niños y niñas que viven en nuestro país a
tener una vida segura, libre de violencias, una vida que les permita ser
felices", ha enfatizado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha pronunciado sus primeras palabras desde la tribuna de oradores como responsable de este departamento.

Belarra: "Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa"

"Ninguna persona tiene derecho a violentaros, a agrediros, a haceros daño. Ninguna persona, ya sea un adulto o un compañero/a de vuestra
edad, tiene derecho a tocar vuestro cuerpo sin vuestro consentimiento. Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os
hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa. Tenéis derecho a una vida digna, segura y feliz sin que nadie os haga daño, tampoco a través de las redes sociales. Si alguien trata de haceros sentir culpables por lo que os ha pasado quiero que escuchéis atentamente mis palabras: nada de lo que os haya pasado es vuestra culpa, pedid ayuda porque alguien va a ayudaros", ha sostenido.

Belarra ha recordado algunos datos "escalofriantes" sobre la violencia hacia la infancia, "una realidad que genera mucho malestar y que demasiadas veces no hemos querido ver como sociedad". En esta línea, en el año 2019, el 46,2% de las víctimas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual fueron menores de edad (7.250 víctimas identificadas), según fuentes del Ministerio de Interior. En 2017 se registraron 4.875 denuncias de violencia contra menores en el ámbito familiar, aunque las alertas por sospechas superaron las 16.700 notificaciones.

La ministra de Derechos Sociales también ha puesto el foco sobre los abusos hacia niños encubiertos en el seno de la Iglesia católica, unas declaraciones que han despertado el recelo de la bancada del grupo popular. "Sé que esto es una verdad incómoda pero no estamos aquí por la comodidad, estamos aquí para hacer algo por los niños y niñas", ha respondido Ione Belarra.

Lucía Muñoz, la portavoz de Unidas Podemos en la ley de infancia, ha pedido a su socio de Gobierno, el PSOE, que reconsidere su decisión de votar en contra de dos enmiendas transaccionadas para reforzar la prohibición de los desahucios a familias con menores a cargo (el actual redactado del texto trata ese asunto de forma muy escueta) e impedir la entrada de los niños a los espectáculos taurinos. Estas propuestas, ha añadido, se alcanzarán cuando el grupo socialista "decida cumplir con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño".

La diputada del PSOE Sonia Guerra ha afeado el negacionismo de Vox (también) sobre esta violencia hacia los niños y adolescentes, a pesar de los datos contundentes en relación a este problema multidimensional. El partido de extrema derecha ha votado en contra de la norma porque, según sus palabras, "amenaza a la familia" y "mancha la infancia de ideología del género". Sin embargo, la parlamentaria socialista ha señalado que su oposición a la ley obedece a la "defensa de los verdugos", como ocurre con la violencia machista.

Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, ha sacado a la palestra la lacra de una de las peores formas de violencia en este país que afecta especialmente a los menores: la pobreza. Un reto que tendrá que enfrentar esta iniciativa legislativa, pensada a su vez para garantizar la protección de esta población. "Hay que avanzar en medidas sociales a la infancia".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha explicado que los cinco diputados del grupo se han abstenido porque la norma "obvia la violencia institucional" y convierte a los servicios sociales en "agentes de la autoridad". También porque la ley supone una "invasión de competencias". Este último argumento ha sido el mismo que ha esgrimido el PNV para justificar su voto en contra. Si bien, la ley ha recibido un amplio respaldo, superando la mayoría de tres quintos de la Cámara Baja. El texto pasará ahora al Senado para una segunda revisión y, en caso de que se incorporen enmiendas al texto, la ley tendrá que volver al Congreso para ser ratificada.

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