SEVILLA.— La líder del PSOE de Sevilla y secretaria primera de la Mesa del Parlamento andaluz, Verónica Pérez, ha contratado como asistente personal en la Cámara autonómica a la exalcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez Nogales, condenada en 2014 a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. El nombramiento se produjo el pasado 24 de octubre, pero ha salido a la luz este miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA).

Se trata de un puesto de personal eventual, con un salario estipulado de 1.645 euros netos al mes, y que depende exclusivamente de Pérez, es decir, no necesita pasar por la comisión de régimen interior de la Cámara ni se rige por el régimen de incompatibilidades que sí afecta a los cargos públicos. Dos grupos de la oposición, PP y Podemos, han cuestionado la legalidad de este nombramiento y exigen explicaciones al presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán.

La ex alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez Nogales, fue condenada hace dos años, junto a otros cuatro ediles socialistas, por la concesión de una licencia de obras solicitada por un vecino de Gerena para la ampliación de su vivienda. Las obras contaron con un informe favorable del secretario-interventor del Ayuntamiento (también condenado), y con un informe en contra del arquitecto municipal. La exalcaldesa y el resto de acusados dimitieron “para no dañar al partido y para dar ejemplo a los ciudadanos”, pero recurrieron el fallo condenatorio.

El pasado mes de julio la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó los recursos de apelación, confirmando “en todos sus extremos” la sentencia anterior contra los cinco ediles socialistas. Sin embargo, el fallo de la Audiencia, al que ha tenido acceso Público, añade un matiz al que se acoge el PSOE de Sevilla para justificar que el nombramiento de Gutiérrez como secretaria personal de Verónica Pérez en el Parlamento es “absolutamente legal”.

Gutiérrez fue condenada hace dos años, junto a otros cuatro ediles socialistas, por la concesión de una licencia de obras solicitada por un vecino de Gerena para la ampliación de su vivienda

La sentencia advierte de que “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo será para el empleo o cargo que los acusados tuvieran en el momento de la comisión de los hechos”. Es decir, que Gutiérrez está inhabilitada durante ocho años para ocupar una concejalía, puesto que ostentaba cuando fue condenada, pero no para desempeñar la labor de secretaria en el Parlamento.

Desde la dirección del PSOE de Sevilla entienden que este nombramiento puede cuestionarse desde el punto de vista ético, pero no legal, puesto que el fichaje “respeta escrupulosamente los términos de la sentencia”. Además, añaden que la condena contra Gutiérrez “nada tiene que ver con un delito por corrupción, sino que se desprende de una decisión administrativa que se adoptó para ayudar a una familia sin recursos, y que contó con el informe favorable del interventor municipal”. Desde la presidencia del Parlamento andaluz defienden la misma tesis que el PSOE, niegan cualquier atisbo de ilegalidad y confirman que no se procederá a abrir ningún tipo de investigación al respecto.

La oposición, en cambio, ha cargado duramente contra los socialistas. El PP acusa a Verónica Pérez de haber “contratado a dedo a una exalcaldesa socialista inhabilitada para la prestación de cargo público, sin rubor de ningún tipo, saltándose la ley y las sentencias judiciales”. Desde Podemos, el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe apremia a la líder del PSOE sevillano y al presidente del Parlamento a dar explicaciones sobre el fichaje “con dinero público” de la ex alcaldesa condenada.

Desde Podemos, el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe apremia a la líder del PSOE sevillano y al presidente del Parlamento a dar explicaciones sobre el fichaje “con dinero público” de la ex alcaldesa condenada.

El partido morado recuerda que el reglamento interno de personal del Parlamento “establece que el personal eventual tendrá que cumplir los mismos requisitos que los funcionarios”, y una de estas condiciones es “no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme” (artículo 6.2 del Estatuto de personal de la Cámara). La presidencia del Parlamento rechaza que este artículo de sea de aplicación al caso de la ex alcaldesa, en tanto que no está inhabilitada para el puesto que le ha asignado Verónica Pérez, y acusa a Podemos de “falta de rigor, inconsistencia y de valerse de todo para hacer política”.

El nombramiento para empleo público de un miembro del partido es una práctica habitual entre todas las formaciones políticas, aunque quizá el PSOE lo tiene más arraigado porque lleva 38 años en el Gobierno andaluz. Los socialistas, por ejemplo, se quejan a menudo de que el Delegado del Gobierno central en Andalucía, responsable de los cuerpos de seguridad del Estado, sea Antonio Sanz, a la sazón, presidente del PP de Cádiz. En más de una operación policial, los socialistas, incluso la propia Junta, han cuestionado la imparcialidad de Sanz, acusándole de usar información privilegiada de forma partidista.

Como contrapartida, los populares (también Podemos e IU) acusaron a Susana Díaz de hacerse con el control de la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, designando a tres de sus siete miembros, todos ellos cargos orgánicos del PSOE: Verónica Pérez, secretaria general por Sevilla; Teresa Jiménez, líder socialista de Granada, y el propio presidente, Juan Pablo Durán, líder del PSOE de Córdoba). El resto de grupos también acusó a Díaz de pervertir la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, a sabiendas de que en esta legislatura no contaría con mayoría en el Parlamento.

Todos los miembros de la Mesa de la Cámara disponen de dos personas para cargos eventuales, un conductor y un secretario, cuyos salarios los fija la Cámara y son idénticos para los cinco grupos parlamentarios.