La lista del horror: diplomáticos españoles intentaron salvar a cientos de desaparecidos por la dictadura de Videla
Cientos de documentos obtenidos por 'Público' describen las gestiones realizadas por funcionarios españoles en Argentina para tratar de rescatar a las víctimas del régimen.
Miembros de la dictadura reconocieron ante diplomáticos que los ciudadanos que se encontraban desaparecidos tras ser detenidos por el régimen habían sido asesinados.
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Cientos de páginas con membrete oficial, guardadas contra el olvido y la desmemoria. Cientos de páginas que llevan hacia uno de los momentos más atroces en la historia reciente de Argentina. 50 años después del golpe de Estado perpetrado por Jorge Rafael Videla, distintos documentos a los que ha accedido Público revelan las gestiones de los diplomáticos españoles para tratar de salvar a los desaparecidos.
Este 24 de marzo se cumple medio siglo de la llegada de los militares al poder en Argentina. Tras el golpe de Estado, instauraron un salvaje régimen represivo que permaneció en el poder hasta 1983 y que secuestro, torturó y asesinó a aproximadamente 30.000 personas. Muchos fueron arrojados vivos al mar.
Actualmente, el Gobierno del ultraderechista Javier Milei mantiene un discurso revisionista que busca relativizar el alcance de la represión y reaviva la teoría de los "dos demonios" en relación al papel jugado por los militares y los grupos guerrilleros.
Público ha tenido acceso a cientos de documentos que describen las gestiones realizadas desde la Embajada de España en Buenos Aires para intentar obtener información sobre los ciudadanos secuestrados por los militares. Su número ha oscilado a lo largo de los años: a nivel diplomático se hicieron gestiones en base a listados que comprendían a 185 personas, pero datos posteriores, recopilados ya en democracia, elevan el número de españoles y descendientes de españoles desaparecidos hasta los 600.
Entre los archivos obtenidos por este periódico se encuentran documentos que formaron parte de la querella que se tramitó ante la Audiencia Nacional a mediados de los noventa contra la cúpula de la dictadura argentina.
Público también ha accedido a los documentos de la embajada española en Buenos Aires que fueron entregados por el ex juez Baltasar Garzón a las Abuelas de Plaza de Mayo en 2013. Asimismo, este periódico ha recopilado archivos, algunos de ellos sin desclasificar, que se encuentran bajo la tutela de la Cancillería argentina.
El "no" de los militares
Los archivos permiten reconstruir la frenética actividad de la embajada española en esos años. Los funcionarios, que estaban en contacto con los familiares de los desaparecidos y recibían sus solicitudes de ayuda, hicieron gestiones ante distintos estamentos de la dictadura militar para tratar de localizar a los españoles secuestrados. Sin embargo, los militares negaron reiteradamente sus súplicas, tanto mediante notas escritas como en reuniones secretas.
"Esta mañana he vuelto a conversar con el subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, con quien hemos analizado el tema de los desaparecidos", señala un telegrama remitido el 13 de diciembre de 1982 por el embajador de España en Argentina, Manuel Alabart Miranda, a sus superiores en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.
En esa reunión, el representante del Ministerio del Interior argentino le había indicado que tenía una lista con los nombres de "6.504 detenciones comunicadas por familiares" de desaparecidos argentinos. La nota no especifica si entre los mismos figuraban también las víctimas de origen español o descendientes de familias de este país.
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"Me dicen que facilitaron información a los familiares en 1.500 casos. De los restantes 5.004 desaparecidos me participan en el Ministerio del Interior que no se obtuvo ninguna información positiva de los centros de represión; por lo cual, la respuesta oficial que directamente o en su caso a través de las embajadas se dio a los familiares era siempre que se carecía de antecedentes", señaló Alabart Miranda.
"Considerarlos como muertos"
El telegrama del embajador añadía un párrafo clave: "Textualmente se me dijo que para el Ministerio del Interior está claro que estos 5.004 desaparecidos o escaparon a la clandestinidad en escaso número o hay que considerarlos como muertos".
"Es cierto que algunos familiares aún abrigan la esperanza de que sus allegados puedan hallarse todavía en campos de concentración o en lugares muy secretos. Incluso las Madres de Plaza de Mayo contribuyen a fomentar ilusión y yo diría que la confusión de hablar constantemente de desaparecidos-detenidos como si se tratara de una misma categoría de personas", afirmaba.
Sobre ese punto, Alabart Miranda advertía de que todo apuntaba hacia los peores presagios: "Lamentablemente, según las informaciones que poseo del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio del Interior, de las embajadas y partidos políticos, todas coinciden en que esa idea de esperanza carece de toda base".
"Igualmente, tengo la convicción, y la prueba, de que son numerosas las desapariciones que en su momento no fueron denunciadas, seguramente por razones de temor, y que lo están haciendo ahora", afirmaba Alabart Miranda en otro documento remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores de España el 24 de noviembre de 1982.
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“Estos eventuales nuevos casos se irán incorporando a la relación de desaparecidos a medida que se vayan presentando las correspondientes denuncias y se aporte por los familiares las pertinentes pruebas de filiación”, recalcó.
En otro telegrama del 22 de febrero de 1983, Alabart Miranda explicó que “desde que comenzó en 1976 la gran represión con su secuela de detenidos-desaparecidos”, la embajada extendió su protección diplomática a todos aquellos españoles y también de origen español detenidos en circunstancias tan trágicas y dolorosas”.
“Era evidente que en aquellos momentos de máximo riesgo para la vida de los detenidos, en que la urgencia en la actuación era factor capital, España no podía atenerse a un puro y estricto legalismo", afirmó.
El diplomático remarcó que "hubiera resultado incomprensible que, so pretexto de que estas autoridades son inflexibles en considerar como argentinos -ius solis- a todos los nacidos en este país, no hubiera España tratado de defender igualmente a los hijos y nietos de españoles aquí nacidos".
Reunión con Galtieri
En base a esos listados, los funcionarios diplomáticos consiguieron reunirse en varias ocasiones con miembros de la dictadura para tratar de obtener algún tipo de información sobre el destino de los desaparecidos.
Público ha accedido al informe sobre la reunión mantenida el 20 de diciembre de 1977 entre Fernando Valenzuela, cónsul general de España en la ciudad de Rosario, y el general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien entonces estaba a cargo de la coordinación represiva en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
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En un documento enviado a Madrid el 11 de enero de 1978, el cónsul relata que durante aquella reunión expuso el caso de Miguel Ángel Labrador, secuestrado por la dictadura e integrante de una familia brutalmente golpeada por los militares: su padre, su hermano y su cuñada también cayeron en manos del régimen.
Miguel Ángel había sido secuestrado en septiembre de 1976. Durante la reunión mantenida con el cónsul de Rosario cuatro días antes de las Navidades de 1977, Galtieri afirmó: "Una persona puede desaparecer durante mes y medio, pero si pasado ese lapso alguien no es localizable… bueno, es que ha muerto".
Las cajas de la embajada
Según ha verificado Público, en la embajada española en Buenos Aires se registraron 37 expedientes bajo la categoría "desaparecidos españoles", 207 correspondientes a "desaparecidos hispanoargentinos" y otros 77 como "descendientes" de españoles.
En esas carpetas hay documentación sobre las gestiones efectuadas por el personal diplomático para tratar de determinar el destino de los secuestrados, así como cartas de sus familiares e incluso respuestas, todas ellas de carácter "negativo", por parte de funcionarios de la dictadura argentina.
Entre los expedientes localizados por este periódico está el telegrama enviado por la madre de Ramón Souto Leston, nacido en A Coruña y secuestrado por el régimen el 13 de junio de 1976, al dictador Jorge Rafael Videla y a su ministro de Interior, Albano Hargindeguy.
"Solicito su intervención en resguardo, seguridad física y jurídica", señalaba la mujer. Los restos de su hijo fueron localizados en el cementerio de Avellaneda en 2013, gracias al trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En otra carpeta está la carta que Francisca Magariño de Le Fur, descendiente de españoles, envió a la embajada de España el 25 de marzo de 1978. "Soy una hija de españoles que, desesperada por la desaparición de su hija, les escribe para rogarles que intercedan ante el Gobierno argentino a efectos de salvaguardar su vida y se me permita verla", afirmaba. Su hija, Beatriz Le Fur de Carrera, fue secuestrada por la dictadura de Videla en junio de 1976. Nunca más se supo de ella.
"Muy señora mía: recibo su carta del pasado día 18 y créame siento muy de verdad lo que en ella nos manifiesta con respecto a su hija. Escribo en este sentido a las autoridades correspondientes, a fin de obtener alguna noticia que pueda darla la tranquilidad debida. Caso que así sea, he de comunicárselo a usted de inmediato", le respondió por escrito el embajador Enrique Pérez Hernández el 31 de marzo de 1978. No hay constancia de una respuesta por parte del régimen militar argentino sobre este caso.
"Ya tienen mucha información"
Otro documento localizado por este periódico muestra las gestiones realizadas por Carlos Miranda, director general de Política Exterior para Iberoamérica ante una posible visita de un grupo de senadores españoles a Argentina.
Mediante una nota del 10 de marzo de 1983 que fue clasificada como "secreta", el funcionario contactó por escrito con el embajador en Buenos Aires para que intentara allanar el terreno de cara a ese hipotético viaje, que finalmente no se realizó.
En cualquier caso, Miranda relató en su nota que varios senadores españoles habían contactado en Madrid con Enrique Ros, embajador de Argentina en este país, quien intentó "disuadirles del viaje". "Ustedes tienen ya mucha información", les indicó el diplomático de la dictadura, según esa nota.
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