Malestar entre los fiscales: tienen que revisar 700.000 causas en tiempo récord, o los casos prescribirán

MADRID.- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado este miércoles la "situación crítica" y el malestar existente en la Carrera por la carga de trabajo extra que tendrán los fiscales para tener a tiempo el próximo 6 de junio la clasificación de las causas entre complejas o no para dar cumplimiento a los plazos de investigación a que obliga la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

La queja se hace pública por medio de un comunicado tras la recepción este martes de los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo en relación con el plan de control de las causas en tramitación en los juzgados a los efectos del artículo 324 de la LECrim, que a juicio de esta asociación "ha precipitado una corriente de frustración y rechazo al programa de actuación que tales oficios recogen".

Explican que la previsión de que sean revisadas semanalmente al menos 25 causas por juzgado revela "el lamentable desconocimiento de la Fiscalía General de la organización del trabajo en las distintas Fiscalías por cuanto(...) los fiscales deberán seguir atendiendo sus servicios de guardias, señalamientos ante los juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y demás servicios presenciales. Califican esta exigencia de "peonada".

Ello, sostiene la UPF, deja escasos días al mes para el despacho ordinario de papel "que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compañeros fuera de las horas de audiencia".

Insisten en que los planes de la Fiscalía General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera y no solo en buena parte de la plantilla "sino también entre aquéllos que desde Fortuny -calle de Madrid donde se sitúa la sede de la Fiscalía General-, denominan mandos intermedios y, cómo no, también en algunas jefaturas".

Se calcula que existen unas 700.000 causas penales abiertas en los juzgados. La reforma de la ley procesal que entró en vigor a 14 días de las elecciones, establece un límite de seis meses para la instrucción de los casos, prorrogables a 14 meses si son complejos.

Sin embargo, la misma reforma establece que no habrá partida económica alguna para hacer cumplir estos plazos. De tal manera que los fiscales deben revisar ahora en tiempo récord cada una de las causas, para establecer si son complejas. Mientras tanto, el tiempo corre a favor de los encausados, de ahí que jueces y fiscales tilden a la reforma como una ley de "punto final" que favorece a los corruptos, que utilizan complejas redes de blanqueo y paraísos fiscales, difíciles de probar en tan poco escaso tiempo.

Por si fuera poco, los fiscales no tienen acceso al sistema de gestión procesal que existe en los juzgados. Así, deben revisar cada caso en cada juzgado, y pidiendo al Letrado de la Administración de Justicia -el nuevo nombre de los secretarios judiciales- que les faciliten los datos de cada caso.

En su comunicado, la UPF recuerda que los citados Oficios que desconocen la posibilidad de que los juzgados no accedan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que éste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas.

Por ello, UPF dice tener la sensación que desde la Fiscalía General "no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscalía del resto de España".

"Parece también que desde hace tiempo se ha roto alguna conexión y no hay sensibilidad ni conocimiento de la auténtica carga de trabajo y sentir de los fiscales", agregan, para subrayar que, "estoicamente" han venido soportando un aumento de funciones y tienen la percepción de que "en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodín del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado".

Por ello, explican que la presencia física del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervención ha modificado sustancialmente su trabajo.

"Nuestra presencia mediática ha aumentado y las exigencias de responsabilidad también", añaden los fiscales, significando que ello les "prestigia" pero también les exige.

"Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez más y pretender que sostengamos a la institución con nuestro esfuerzo personal y voluntarista", lamentan.

"En lugar de crecer en nuestra autonomía como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confía en nosotros, que nos exige más allá de lo que serían nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificación al Ministerio [de Justicia] de los más que exiguos medios de apoyo previstos", concluyen.

Por ello la UPF dice sentirse "defraudada" por "la complicidad" de la fiscal General, Consuelo Madrigal, con el ministro de Justicia" y concluyen que son "un barco sin rumbo y sin capitán, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justicia que nos utiliza a coste cero para llevar a término una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institución".