El 'mapa de la memoria' de Urkullu excluye a las víctimas de la dispersión

BILBAO.- 29 de septiembre de 1982: Rosa y Arantza Amezaga, hermanas del preso de ETA-PM Koldo Amezaga, pierden la vida en un grave accidente de tráfico en Madrid, cuando se dirigían a visitarle. 25 de diciembre de 2007: Natividad Junko muere en un hospital de Vitoria a raíz de las heridas ocasionadas 72 horas antes, cuando viajaba hacia la cárcel de Teruel para estar con su yerno, el militante de Segi Unai González. Sus nombres forman parte de uno de los listados menos conocidos del denominado "conflicto vasco": en las últimas tres décadas, 16 personas murieron cuando se dirigían a visitar a sus familiares, que cumplían condenas a cientos de kilómetros del País Vasco.

Este viernes, Etxerat ─asociación de familiares de presos abertzales─ intentará que sus nombres vuelvan a ser recordados. Lo hará por la mañana, mediante una concentración frente al acristalado edificio del Archivo Histórico de Bilbao ─sede del futuro Instituto de la Memoria─. Dentro, el lehendakari, Iñigo Urkullu, entregará a 128 alcaldes vascos el denominado 'mapa de la memoria', una iniciativa de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco que busca incluir en el relato oficial a las víctimas de ETA, del GAL y de las fuerzas policiales. Cada uno de los regidores saldrá del acto con un ejemplar del documento Retratos Municipales de la Vulneración del Derecho a la Vida, en el que se detallan los casos de personas fallecidas en sus respectivos municipios.

"En ese ‘mapa de la memoria’ hay ciertas carencias: llevamos más de dos años pidiendo que las 16 víctimas producidas por la dispersión también estén incluidas, de manera que sean reconocidas como lo que son: víctimas de este conflicto político", afirma a Público Urtzi Errazkin, portavoz de Etxerat. "Todas estas personas iban a visitar a familiares presos, y ya fuese a la ida o a la vuelta sufrieron graves accidentes de tráfico y perdieron la vida. No sería nada justo para este país que esas 16 víctimas formasen simplemente un número en las estadísticas de accidentes de tráfico. Son mucho más que eso", reivindica.

En ese trágico listado se encuentran casos como el de Argi Iturraldi e Iñaki Balerdi, madre y hermano del preso de ETA Juankar Balerdi, quien en febrero de 2003 cumplía condena en Almería. El día 28 de ese mes, sus dos familiares murieron en un accidente producido en el kilómetro 304 de la autovía que une Albacete y Murcia, mientras que su padre, José Balerdi, resultó gravemente herido. En ese momento, Juankar Balerdi se encontraba en una prisión situada a mil kilómetros de Lasarte, su pueblo natal.

"Este mismo fin de semana, otros 700 vascos tendremos que ponernos en las carreteras para visitar a nuestros amigos y familiares presos, poniendo una vez más nuestras vidas en juego. Hay que acabar con esto, porque el día de mañana podemos estar hablando de otra víctima mortal", indica a este periódico el portavoz de Etxerat. Estos reclamos ya fueron trasladados al lehendakari y al secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, durante los encuentros que ambos han mantenido en los últimos meses con el colectivo de familiares de presos. "Siempre nos han dicho que lo tendrían en cuenta ─lamenta Errazkin─, pero vemos que, más allá de las palabras, las víctimas de la dispersión siguen siendo excluidas".

Los reclamos de este colectivo han sido avalados en reiteradas ocasiones por el Parlamento Vasco, que durante los últimos 20 años emitió distintas resoluciones en contra de la dispersión. Asimismo, los cuestionamientos también han llegado desde instancias internacionales: uno de los más duros estuvo a cargo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin. En un informe dado a conocer en 2008, el experto advirtió que el alejamiento de los reclusos condenados por terrorismo constituía "un riesgo y una carga económica para los familiares que los visitan".

Sin embargo, las observaciones de Scheinin no sirvieron de mucho: a día de hoy, el gobierno español mantiene activa la política de dispersión. Según el último informe de Etxerat, actualmente existen 430 presos dispersados en 76 cárceles. La mayoría continúa en prisiones situadas a varios cientos de kilómetros de sus hogares.