MADRID.-  El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) citará antes de este jueves al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, dentro del proceso abierto contra él por la consulta alternativa del 9 de noviembre, que se celebró a pesar de haber sido suspendida de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.

La providencia con la citación saldrá del TSJCat entre este martes y el miércoles, de tal manera que Artur Mas, su exvicepresidenta, Joana Ortega, y la entonces consejera de Educación, Irene Rigau tendrán que declarar en un par de semanas ante el instructor del caso, aclaran fuentes conocedoras de este proceso.

El TSJ de Catalunya ha esperado a que se celebren las elecciones autonómicas del pasado domingo, 27 de septiembre, antes de citar a Artur Mas, y mientras se practicaban otras pruebas del caso, como el interrogatorio de diversos testigos.

El instructor del caso, Josep Manuel Abril, ha optado por esperar a que se celebraran las elecciones locales del pasado mayo y las autonómicas catalanas del 27-S antes de citar a Artur Mas y sus consejeras. El objetivo último ha sido no victimizar a Artur Mas ante los soberanistas catalanes en plena campaña electoral.

El proceder del instructor es conforme a la técnica seguida por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE, donde el instructor, Alberto Jorge Barreiro, aplazó las declaraciones de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán hasta después de las elecciones andaluzas del 22 de marzo pasado. 

Pero en el caso de Artur Mas el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha ido quejando en privado del retraso en la citación del presidente catalán, al entender que ya en abril tendría que haber comparecido ante el juez, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La citación de Artur Mas como imputado tras el 27-S fue publicada por el diario La Razón el mismo día de la jornada de reflexión de las elecciones.

Interrogatorio inevitable

"Inevitable". Así tildó este lunes el propio Artur Mas su próxima citación ante el TSCat  para ser interrogado como imputado por la consulta alternativa del 9-N, que se celebró a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCat admitió a trámite el pasado 22 de diciembre la querella interpuesta por la Fiscalía contra Artur Mas, su entonces vicepresidenta Joan Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, el pasado 22 de diciembre.

La Sala entiende que la suspensión cautelar de la consulta dictada por el TC no fue acatada por los querellados y causó efectos irreversibles ante de que el alto tribunal pudiera pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Poco después de la admisión de la querella, el 14 de enero, Artur Mas anunció las elecciones anticipadas del 27 de septiembre, tras un pacto con Esquerra Republicana. En mayo se produjeron las elecciones locales.

El presidente Artur Mas está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat. Si dejara de presidir la Generalitat, continuaría como aforado ya que ha salido elegido diputado autonómico en los comicios del 27-S.

La causa del 9-N se instruirá ante dicha Sala siempre que en el proceso exista un diputado o diputada autonómica, por lo que las posibles responsabilidades de Joana Ortega, que dejó su cargo en junio de 2015, también serán juzgadas en dicho tribunal.

El instructor ha tomado en este tiempo declaración a diversos funcionarios como testigos para que expliquen las reuniones que se celebraron en Educación y que propiciaron a que los colegios estuvieran abiertos el 9-N, con urnas y voluntarios trabajando en las instalaciones, a pesar de que la consulta había sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre.

La querella de la Fiscalía contaba inicialmente con la oposición del ministerio público de Barcelona.

La causa del 9-N está abierta por los delitos de desobediencia grave ( multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de seis meses a dos años); obstrucción a la Justicia o usurpación de funciones judiciales (prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público entre uno y tres años); prevaricación administrativa (pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre siete a diez años), así como por malversación de fondos públicos (multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público entre seis meses a tres años).