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CORONAVIRUS COVID-19

Mediación, cita previa, retransmisiones... El Gobierno busca recuperar la normalidad de los juzgados en septiembre

El ministro  de Justicia pide a jueces y fiscales "no cargar en exceso las agendas de señalamientos"  cuando el 4 de junio se alcen los plazos procesales tras 83 días con los tribunales casi paralizados. 

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia Decreto Justicia covid 19
El ministro de Justicia en su última comparecencia en el Congreso, donde defendió el plan de choque del Gobierno ante el impacto de la covid-19 en los juzgados y tribunales. EFE/ Ballesteros

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Retransmisión de juicios en 'streaming', citas previas, extender la mediación como solución alternativa de los conflictos judiciales... El Ministerio de Justicia ha comunicado a las asociaciones de jueces y fiscales su objetivo de recuperar la normalidad en los juzgados en septiembre, aunque siempre a expensas de la evolución de la emergencia sanitaria.

Es una de las conclusiones que han extraído los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y de las tres de fiscales de la reunión telemática mantenida este miércoles con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y la directora general para el Servicio Público de la Justicia.

El próximo 4 de junio se alzará la suspensión de los plazos procesales que decretó el Gobierno con el estado de alarma. Los plazos de las causas abiertas se pondrán con el contador a cero.

El Poder Judicial es el único poder del Estado que ha permanecido casi suspendido desde la declaración del estado de alarma, de tal manera que en este tiempo sólo han intervenido los juzgados de guardia, los servicios esenciales y los asuntos de urgencia que tienen que ver con derechos fundamentales.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han informado en un comunicado conjunto que el Ministerio les ha comunicado los planes de desescalada para el sector.

Extender la mediación

Justicia, señala el comunicado, ultima un anteproyecto de ley de eficiencia procesal que prevé presentar la primera semana de junio. Entre otras medidas, en ese proyecto hay una "apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos", como la mediación extrajudicial.

A expensas de la evolución de la emergencias sanitaria de la covid-19, la "idea" del Ministerio, prosigue el comunicado, es recuperar la normalidad en septiembre, mes a partir del cual "están previstos planes de choque y de refuerzo en coordinación" con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía y "la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales".

Estos nuevos órganos judiciales se dedicarán a resolver asuntos relacionados con la covid-19, según anunció el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso cuando se convalidó el decreto-ley que contempla el plan de choque en materia judicial.

Según las asociaciones, la semana que viene se podría avanzar a la fase 2 de desescalada de la Justicia, que contempla la incorporación del 60 o 70 % de la plantilla con turnos de tarde, y que se extenderá previsiblemente dos semanas, a la espera de la reunión de la Comisión de Coordinación de la crisis del Covid-19 en la administración de Justicia prevista para el próximo viernes.

En dicha comisión participan, junto al Ministerio, el CGPJ, la Fiscalía y las doce comunidades autónomas con competencias transferidas.

Protección frente a la covid-19

Según las asociaciones, en la reunión se ha asegurado que se garantizará la adecuada protección de todo el personal, profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías.

'Streaming' desde el Supremo y la AN

De acuerdo con el comunicado, se están estudiando soluciones tecnológicas como la cita previa o la videoidentificación, además de retransmisiones en "streaming" de las vistas, empezando por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Las siete asociaciones han agradecido la reunión, a diferencia de la falta de diálogo que existe con el CGPJ, según algunos de los asistentes.

Las asociaciones han insistido en la necesidad de garantizar las medidas de seguridad oportunas, y han rechazado que los jueces en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo porque consideran que vulnera la independencia judicial.

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