Los médicos del servicio de Otorrinolaringología del hospital Clínico de Santiago cumplieron este martes la cuarta jornada de huelga convocada para reclamar a la gerencia del centro y al Servicio Galego de Saúde (Sergas) que adopte medidas contra el trato discriminatorio, autoritario y hasta violento del que acusan a su jefe de servicio.

La huelga, según CCOO, ha provocado ya la suspensión de más de 200 consultas cada día de la convocatoria. Por lo que, para evitar el colapso del servicio, los médicos decidieron acudir este martes a sus puestos y donar sus salarios al Banco de Alimentos de Santiago. El próximo día 29 está convocado un nuevo paro y los facultativos han anunciado que si la dirección no les ofrece una solución, convocarán huelga indefinida a partir del próximo mes de enero.

Diez de los trece otorrinos del Clínico con plaza fija se dirigieron hace seis meses por escrito a la gerencia del hospital para reclamar una solución a la situación de acoso y agresiones verbales que, según aseguran, llevan padeciendo años por parte del máximo responsable del servicio.

En el escrito que presentaron, al que ha tenido acceso este diario, denuncian que desde hace años padecen episodios reiterados de violencia verbal, con gritos, vejaciones y descalificaciones tanto en público como en privado. "Estos modos contravienen las normas y valores mínimamente exigibles al producirse, por ejemplo, dentro de la consulta y con pacientes delante", asegura el escrito.

Los médicos explican que "la progresión de estas dinámicas descontroladas" habría llegado al extremo de una agresión física sufrida en junio pasado por una compañera, a quien su jefe habría agarrado violentamente del brazo produciéndole hematomas.

"La violencia es inaceptable dentro de una organización democrática, pero cuando es ejercida desde una posición de poder, debe ser atajada con carácter inmediato y ejemplar, empeño en el que se sitúa nuestro ordenamiento jurídico, los medios de comunicación, las personas que ocupan puestos de responsabilidad y la mayoría de la ciudadanía", indican los afectados.

La gerente del hospital clínico es Eloína Núñez Masid, prima carnal del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, licenciada en Medicina y especializada en gestión sanitaria cuya carrera profesional y política ha corrido al compás de la de su primo: fue nombrada gerente del área sanitaria de Ourense en mayo del 2009, pocas semanas después de que Feijóo llegara al poder, y gerente del área sanitaria de Santiago en el 2017. Recientemente, el líder del PP gallego la ha aupado a la ejecutiva nacional del partido. Sus hospitales tienen las peores listas de espera quirúrgica de Galicia.

Los convocantes de la protesta —en el Comité de Huelga figuran varios miembros de la junta directiva de la Sociedad Gallega de Otorrinolaringología— aseguran que se dirigieron a la gerencia en varias ocasiones en los últimos años para advertir de la gravedad de la situación y de que estaba afectando al correcto funcionamiento del servicio, pero sin respuesta. La gerente aceptó finalmente reunirse con ellos y abrió una comisión de análisis que entrevistó a todos los miembros del servicio. La comisión concluyó sus trabajos en octubre pasado, pero Núñez se ha negado a informar de sus resultados y no ha adoptado ninguna medida.

La delegada de Comisiones Obreras en el Área Sanitaria de Santiago y secretaria de Organización de la Federación de Sanidade del sindicato, Luz Fernández Tuñas, asegura que se trata de un conflicto derivado del maltrato "personal y profesional" que ha ido aumentando con el tiempo "en número de trabajadores y trabajadoras", así como en la intensidad "de las faltas de respeto, humillaciones y menosprecios". "La actitud de la gerencia es de complicidad con los graves hechos denunciados, ya que los conoce desde hace meses y tiene competencia para darles una solución. Pero de momento la respuesta es lavarse las manos", añade.

Según el escrito de los médicos, además del acoso y las agresiones del jefe de servicio, el departamento estaría inmerso en un "caos" organizativo derivado de la discriminación que sufren varios de los profesionales: "El trato es desigual entre los miembros del servicio, sin corresponderse a una organización basada en las necesidades de los usuarios, para convertirse en una discrecionalidad que solo persigue la afirmación de su poder".

"El resultado es que algunos son claramente perjudicados con más sobrecarga de trabajo en consulta [hay médicos a los que se asignan veinte pacientes diarios mientras otros tienen uno o dos], menos asignación de quirófanos o cirugías menos estimulantes, falta de formación continuada quirúrgica necesaria en el desempeño de actividades esenciales como las urgencias, utilización de la consulta de urgencias como castigo y/o amenaza, días libres de ciertos facultativos para otro tipo de actividades…", concluyen.

Contactado por Público para interesarse por su versión de los hechos, el jefe del servicio ha declinado expresamente hacer ninguna valoración sobre las acusaciones alegando que se trata de "un asunto interno" del departamento. En el escrito de respuesta a la denuncia de sus subordinados, sin embargo, asegura que son "afirmaciones y valoraciones sin respaldo alguno". "En todo caso, juicios de valor por parte de los firmantes ante hechos que no identifico y muchos de ellos desconozco".

"La tergiversación de los hechos y la falta de rigor en las acusaciones no son más que una estrategia en la búsqueda de la desestabilización y el descontrol de la actividad asistencial del servicio y por ende del hospital", añade el médico.

Público también ha intentado obtener la versión de la Xunta de Galicia, pero ni el Sergas ni la gerencia del hospital han respondido a las peticiones de este medio para obtener una valoración institucional sobre el conflicto y la situación del servicio. Tampoco sobre el hecho de que la Administración autonómica haya incumplido su obligación de evaluar el funcionamiento de la jefatura de servicio desde que la ocupa su actual titular.

La legislación gallega obliga a la Xunta a convocar y realizar esa evaluación en los primeros cuatro años de ejercicio de cualquier jefe de servicio, pero en este caso lleva un año y ocho meses de retraso. Y este no puede atribuirse a la sobrecarga hospitalaria provocada por la covid-19, ya que el límite venció en marzo del año pasado, antes de que el Sergas reconociese la llegada de la epidemia a Galicia.