El Pazo de Meirás ya es público. Los nietos del dictador entregaron a última hora del miércoles las llaves del emblemático lugar en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y este jueves, a través de una ceremonia en el propio Pazo, se ha oficializado la toma de posesión del Estado. Los Franco ya sólo forman parte del pasado del Pazo de Meirás.

La pregunta ahora es qué sucederá con el inmueble, qué administración asumirá su gestión y a qué uso se dedicará. De momento, ni Xunta de Galicia ni Gobierno central parecen estar cerca de alcanzar una respuesta a estos interrogantes tras la primera reunión mantenida el miércoles en A Coruña entre Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.

La reunión, más bien tensa, finalizó con el único acuerdo de seguir cooperando y buscar entre todas las administraciones una "fórmula jurídica" que permita a las administración "la preservación y conservación del lugar". 

El objetivo marcado por Carmen Calvo, no obstante, pasa por hacer del Pazo de Meirás un lugar de memoria que permita al visitante encontrarse "con la historia y con la verdad de lo ocurrido" con "una mirada propia de la Memoria Democrática". Además, Calvo señaló que todas las administraciones coinciden en que también se debe reivindicar una figura tan importante como la de Emilia Pardo Bazán, primera propietaria del Pazo. 

El presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, ha reclamado para la Xunta la titularidad del edificio y prefiere dejar a un lado el relato sobre el dictador Francisco Franco. El destino del Pazo, a su entender, es el de convertirlo en "un faro de la igualdad" en homenaje a la escritora Emilia Pardo Bazán.

Feijóo señaló, a preguntas de los periodistas, que no se puede ignorar que allí vivió Francisco Franco, pero que su uso principal debe ser otro. Así, el presidente de Galicia ha pasado de votar en contra de la entrega del Pazo al Estado en el Parlamento a reclamar su titularidad y tratar de dejar en un segundo plano la historia franquista del lugar. 

Las respuestas a las dudas se irán resolviendo en las próximas semanas y meses. De momento, la más importante a resolver es la duda judicial y es que la sentencia que declara el Pazo como un bien público todavía debe ser ratificada por la Justicia. Después, las administraciones tendrán que ponerse de acuerdo para dar un uso a un edificio de un enorme valor arquitectónico, histórico, cultural y simbólico.