La alianza antifranquista de nacionalistas e izquierda en la Eurocámara cumple diez años de lucha contra la impunidad

El Grupo de Memoria Histórica Democrática del Parlamento Europeo, formado por diputados y diputadas de ocho partidos nacionalistas y de izquierda pertenecientes a cuatro grupos de la Eurocámara, ha cumplido este año una década de trabajos destinados a construir conciencia antifranquista en la Unión Europea y a trasladar a sus instituciones las demandas de las víctimas de la dictadura.

El colectivo, que el pasado martes celebró en Bruselas unas jornadas sobre la pervivencia del legado autoritario de Franco medio siglo después de la muerte del dictador, en las que participaron decenas de esas víctimas junto a expertos en varias disciplinas y portavoces de las organizaciones memorialistas, se ha convertido en un ejemplo de frente transversal, en lo territorial y en lo ideológico, contra el auge de la ultraderecha.

"La transición española se construyó sobre un pacto de silencio inaceptable, y seguiremos siendo las voces que garanticen verdad, justicia y reparación", defiende la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia. "Han pasado 50 años desde la muerte de Franco, pero hoy, más que nunca, tenemos presente su figura porque los totalitarismos, los extremismos, los ataques que recibe la democracia y la extrema derecha han recuperado más fuerza que nunca", advierte.

Impunidad del franquismo

El Grupo, del que hoy forman parte el BNG, Compromís, Comúns, EH Bildu, ERC, Podemos, PSOE y Sumar, inició sus trabajos en el otoño de 2015 con una conferencia sobre la impunidad del franquismo y sobre las carencias de mecanismos efectivos para garantizar el desarrollo íntegro de las leyes de memoria histórica y democrática, así como el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de quienes padecieron los crímenes de la dictadura.

Desde entonces, el colectivo ha desarrollado periódicamente iniciativas similares; ha promovido la comparecencia de las víctimas ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para denunciar, por ejemplo, el robo de bebés; ha canalizado el apoyo institucional a su querella en Argentina y ha trasladado a la UE el debate memorialista, promoviendo visitas institucionales de eurodiputados y eurodiputadas de toda la Unión a lugares que simbolizan la pervivencia del franquismo, como el valle de Cuelgamuros, en El Escorial (Madrid); el Pazo –hoy de nuevo las Torres– de Meirás, en Sada (A Coruña); y la Basílica de la Macarena, en Sevilla, donde se conservaron hasta hace tres años los restos del genocida Gonzalo Queipo de Llano.

El grupo también ha visitado con otros eurodiputados el Fossar de la Pedrera, en Montjuic (Barcelona), donde fueron sepultadas más de 4.000 personas asesinadas por los fascistas, incluido el president de la Generalitat Lluys Compayns; las fosas de Paterna, en Valéncia, también con miles de víctimas del período 1936-1956 enterradas en fosas comunes, y la sede del Gobierno Vasco en el exilio, en París (Francia), en un edificio que fue incautado por la Gestapo durante la invasión nazi de Francia y entregado posteriormente al régimen de Franco, y que no fue devuelto al PNV hasta el año pasado.

Simbología

"En cualquier otro país del mundo cosas así serían impensables", recuerda Miguel Urbán, exeurodiputado de Podemos con Anticapitalistas y uno de los principales impulsores del grupo, y quien ya en 2018 señalaba el estupor que le había mostrado algunos colegas de otros países al constatar in situ la pervivencia de la iconografía franquista y de los honores que las instituciones españolas seguían prestando por acción u omisión al dictador y a quienes participaron y apoyaron la represión fascista, a través de títulos honoríficos, medallas, calles, estatuas, placas y demás simbología.

Para Carlos Babío, cuya investigación junto a Manuel Pérez Lorenzo permitió suministrar al Estado la base probatoria precisa para que la justicia obligara a los Franco a devolver las Torres de Meirás, la situación de impunidad en la que se mantiene aún buena parte de la herencia simbólica e ideológica de la dictadura resulta "un anacronismo democrático" en el Estado.

Babío recuerda que el proceso sobre el expolio del inmueble representó la primera y hasta ahora única vez en que la democracia española ha podido sentar al franquismo en un banquillo para debatir sobre sus crímenes frente a un juez. Pero advierte de que el caso aún está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si los herederos de Franco sustentaron "de buena fe" la propiedad de Meirás desde que Franco murió en 1975, y tienen, por ello, derecho a ser indemnizados por el Estado. Cuando los miembros del Parlamento Europeo visitaron las Torres en 2018, quien guió su visita fue Carlos Fernández Barallobre, exmilitante de Fuerza Nueva y caballero de honor de la Fundación Francisco Franco, a la que la familia del tirano había encomendado la gestión de las visitas obligadas tras la declaración del inmueble como bien de interés cultural.