La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exige la expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exige la expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos -ahora renombrado como Valle de Cuelgamuros- debido al fin de su convenio con el Estado y a que siguen enalteciendo el franquismo.

El 2 de octubre de 2020 se extinguió el convenio entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos por el cual se regulaba su presencia en el Valle de Cuelgamuros desde 1958.

"Incomprensiblemente el Gobierno no actúa en consecuencia y permite la estancia de los monjes a pesar de que llevan años incumpliendo la legislación que les impide realizar apología de la dictadura franquista y del dictador Francisco Franco", apuntan la asociación en un comunicado.

Según relata la ARMH, los monjes enaltecen a los golpistas del 36 todos los días en su misa matutina en la que discrimina a los muertos que se encuentran en las criptas y enaltece "a los caídos por Dios y por España": "Para que los caídos, asociados a la muerte redentora de Cristo, descansen eternamente y su recuerdo fomente la paz entre los españoles". 

"Es inaceptable que quienes celebran el sufrimiento de las víctimas de la dictadura sigan favorecidos por el Gobierno que omite tomar las decisiones a las que le obliga la ley como si la comunidades benedictina del Valle de los Caídos sólo tuviera que someterse a la justicia divina”, denuncia Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un civil republicano asesinado por pistoleros falangistas.

Además, en el comedor de la hospedería que regentan -un edificio también de titularidad pública- utilizan elementos como servilletas o botellas de vino con simbología franquista.

Además de su expulsión, la ARMH solicita al Gobierno que sancione a la comunidad benedictina por hacer apología de la dictadura y que deje de negociar con la iglesia católica el futuro del monumento, como se ha comprometido a hacer Pedro Sánchez en su visita al Vaticano el pasado 11 de octubre. "No es aceptable que una institución que participó de la represión de la dictadura tenga ese trato de favor por un Estado y disfrute de todos los inaceptables beneficios de la impunidad”, concluye Silva.