Otras dos víctimas del franquismo se suman en Vigo a las querellas contra los crímenes de la dictadura

Otras dos víctimas del franquismo se sumaron este viernes a la campaña 50 años de impunidad, que denuncia los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura, y presentaron en los juzgados de Vigo sendas querellas contra los autores y responsables de las torturas que sufrieron.

Según ha informado en un comunicado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua), se trata de Jesús Vázquez González y de Francisco Domingo García Montes, que fueron detenidos el 8 de julio de 1976 en la cafetería Reca 2 de Vigo por la policía de Franco, y que sufrieron torturas por su militancia política y sindical en la Unión do Povo Galego (UPG), "en una época de brutal represión y persecución generaliza del régimen dictatorial franquista contra los movimientos sociales, políticos y sindicales considerados contrarios al régimen".

Según Ceaqua, los detenidos permanecieron totalmente incomunicados durante cinco días en la comisaría de la calle Luis Taboada, donde fueron sometidos a malos tratos físicos y psíquicos continuados, hasta que el 13 de julio de 1976 fueron puestos a disposición judicial e ingresados en la antigua prisión de Vigo, donde permanecieron varios días en régimen de aislamiento hasta que fueron trasladados al módulo de presos políticos.

Su querella está dirigida contra doce agentes miembros de la sección local de investigación social de  la Policía y contra otros dos agentes de comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. La denuncia se suma a las más de 115 querellas presentadas ya ante los tribunales españoles en el conjunto del Estado por personas que, "en el ejercicio de su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", demandan que se investiguen y enjuicien los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista. 

Naciones Unidas

Ceaqua recuerda en su nota que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó en julio pasado su descontento con el hecho de que los procedimientos contra los presuntos responsables de violaciones graves de derechos humanos en España no hayan dado lugar hasta ahora a ninguna actuación penal efectiva. 

Además, en el mismo informe en que reflejaba esa posición, el Comité instaba al Estado español a "adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole necesaria para garantizar que no se aplique ni la amnistía ni la prescripción a las graves violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura franquista, y que está prohibición se cumplan escrupulosamente en la práctica.