En octubre de 2022 se aprobó la nueva ley de Memoria Democrática. Desde entonces el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido aterrizando diferentes medidas a diferentes ritmos. Uno de los puntos de la nueva normativa establece la declaración de "lugares de memoria democrática". Según ha confirmado Público, el Ejecutivo dará este semana un paso más en completar este listado con la apertura del expediente y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del inicio del proceso para declarar al Pazo de Meirás como lugar de memoria. 

Un lugar de memoria, según la citada ley, es "aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos". 

La incoación del expediente para el  procedimiento de declaración de un Lugar de Memoria Democrática ha de estar motivada. El caso del Pazo de Meirás, un inmueble situado en el Concello de Sada (A Coruña), está íntimamente ligado a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán y al franquismo. La escritora lo diseñó, recibió huéspedes, escribió parte de su obra allí, atesoró libros y fue donde se casó. Tras su muerte en 1921 se convirtió en un lugar de referencia para la dictadura de Primo de Rivera. 

Ya en la Guerra Civil, en 1938, se constituyó la denominada "Junta Pro-Pazo del Caudillo", integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia de A Coruña. Su objetivo era adquirir el inmueble para donarlo al dictador Francisco Franco para que efectuase sus estancias veraniegas en su tierra. Mediante donativos forzosos se recaudaron los fondos necesarios para formalizar la compra el 3 de agosto de 1938 y acondicionar el inmueble. El 5 de diciembre de ese mismo año, la propiedad fue entregada al dictador. 

El proceso de acondicionamiento del pazo incluyó la ampliación de sus terrenos. "Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc", según recuerdan desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres. 

El Pazo de Meirás se convirtió en una de las sedes oficiales de la dictadura franquista entre 1938 y 1975. "Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial de verano, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista", justifican desde el Ministerio. 

Tras la muerte de Franco y hasta 2020 el Pazo de Meirás estuvo marcado "por la impunidad, el silencio y la reivindicación", según destacan en el Gobierno. Allí la viuda del dictador, Carmen Polo, y familiares de Franco realizaron diferentes eventos. Proliferaron entonces varias propuestas para  su reutilización como posible sede de la naciente Xunta de Galicia o de Diputación de A Coruña. Se declaró Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008 con la oposición de los herederos de Franco y se iniciaron las movilizaciones de la sociedad civil en pro de la devolución de Meirás al patrimonio del Estado.

La unanimidad de las instituciones gallegas y del movimiento memorialista gallego en defensa de la devolución del Pazo al Estado cobró fuerza cuando en julio de 2019 la Abogacía General del Estado presentó una demanda para que la familia Franco devolviera el Pazo de Meirás por fraude en la compra. La reclamación incluía un documento, hasta entonces desaparecido, en el que consta que el pazo fue comprado en 1938 por la Junta pro-Pazo a las herederas de Emilia Pardo Bazán, lo que demostraba que el contrato de compraventa formalizado en 1941 a favor de Francisco Franco, y que le sirvió para inscribir la propiedad a su nombre en el Registro de Betanzos, era fraudulento. 

Finalmente, el 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sentenció que el Pazo era propiedad del Estado. Se declaró nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco y a su familia. Dos meses después se cumplió la sentencia, y desde el 10 de diciembre de 2020 dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de La Coruña el 12 de febrero de 2021 y por el juzgado de primera instancia número 70 de Madrid que el 7 de noviembre de 2024 otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados. "La actuación de las instituciones ha supuesto un triunfo de los valores democráticos", sentencian desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Desde hace unos años la ciudadanía puede visitar el inmueble. 

21 lugares de memoria ya declarados 

El expediente del Pazo de Meirás debe ser resuelto en un plazo máximo de 12 meses a partir de su publicación en el BOE para que sea declarado definitivamente como lugar de memoria. Hay un periodo para posibles alegaciones aunque en este caso al ser el inmueble propiedad del Estado se facilita el proceso. 

Hasta la fecha el Gobierno ha declarado ya un total de 21 lugares de memoria. Los primeros fueron el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y el Valle de Cuelgamuros. El resto son: el Panteón de España en Madrid, el espacio urbano de Gernika-Lumo, el Real Teatro de las Cortes en San Fernando (Cádiz), el monumento a la Constitución de 1812 en Cádiz, la Casa Natal y busto el General Riego y monolito de reconocimiento de Tuña como pueblo ejemplar, el monumento a los mártires de la libertad en Almería, el monumento a Mariana Pineda en Granada, la Cruz de Torrijos en Málaga y el monumento, la plaza de los Mártires del Pueblo en las Cabezas de San Juan (Sevilla), el antiguo convento de San Hermenegildo en Sevilla, la masacre del éxodo de la carretera de Málaga a Almería (La Desbandá) y la Casa Palacio de Espartero en Logroño. 

Fuera de España también se han declarado hasta seis lugares más: el Ateneo Español de México, el campo de concentración de Argélès-Sur-Mer, el Jardín de La Nueve en París, la tumba de Antonio Machado en Colliure, la tumba de Manuel Azaña en Montauban y el campo de concentración de mujeres de Ravensbruck.  

Por su parte hay 18 lugares más para los que se ha iniciado el expediente, aparte del Pazo de Meirás. Entre otros destacan la antigua prisión provincial de Murcia, la antigua cárcel de Carabanchel, la ciudad de Eibar, la ciudad de Alicante, el fuerte de San Cristóbal o la antigua comisaría de Via Laietana en Barcelona. Por último, el Gobierno se encuentra investigando un puñado más de lugares que pretenden sumar a la lista próximamente. 

Uno de los que más polémica ha generado es la actual Real Casa de Correos en Madrid. Es la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el franquismo era la Dirección General de Seguridad. El Ejecutivo autonómico que lidera Isabel Díaz Ayuso cambió la ley para impedir que el Gobierno declarara el inmueble como lugar de memoria. El Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad a esa normativa madrileña y el asunto está todavía por resolver.