Los historiadores desmontan al diputado del PP que negó asesinatos franquistas en la isla de San Simón

Historiadores y colectivos de memoria histórica de Galicia han desmontado la tesis del diputado autonómico del PP José Luis Ferro Iglesias de que en el campo de exterminio franquista de la isla de San Simón, en la ría de Vigo, no se produjeron muertes. Según los datos documentados por los expertos, hubo al menos 464 fallecimientos de republicanos, fusilados, paseados o que perecieron por las heridas derivadas de las torturas y malos tratos que recibieron, o por el hambre y las enfermedades que les causaron las condiciones inhumanas en las que fueron recluidos.

San Simón, una pequeña isla ubicada en aguas del estuario en el municipio pontevedrés de Redondela, funcionó como penal entre 1936 y 1943 y por sus celdas pasaron más de 6.000 presos. Muchos de ellos eran ancianos enviados a morir allí desde cárceles de toda España. Primero por los militares sublevados en el golpe de Estado de Franco y después por el Gobierno de la dictadura.

Ferro, exsacerdote y exalcalde de Celanova (Ourense) aseguró la semana pasada en una comisión del Parlamento de Galicia, en respuesta a una iniciativa del PSOE sobre memoria histórica, que no hay constancia de que en San Simón hubiera habido muertes de represaliados. A pesar de que la Xunta sí admite en sus notas de prensa que la isla fue "un campo de concentración" de víctimas de la represión franquista, el PP de Alfonso Rueda no ha pedido a Ferro que rectifique sus palabras ni las ha desautorizado.

Indignación y datos científicos

"Antes que la indignación, los datos científicos", alerta el economista e historiador coruñés Dionisio Pereira, uno de los impulsores y participantes del proyecto Nomes e Voces, que desde el año 2006, y con la colaboración de investigadores de las tres universidades gallegas, recopila información sobre la violencia fascista en la comunidad. Han logrado documentar la mayoría de los miles de asesinatos que se produjeron en Galicia durante la guerra y la posguerra.

"Fallecieron al menos 463 personas internadas en la colonia penitenciaria de San Simón. Y con seguridad, no son todas, porque falta documentación, algo que aún hoy lastra la investigación del criminal sistema penitenciario franquista, y también porque hubo múltiples sacas de presos que aparecieron muertos en muy diversos lugares de la provincia de Pontevedra", aforma Pereira.

"Los datos desenmascaran la mentira, la ignorancia y el compadreo del PP con el franquismo asesino"

De los 463 muertes documentadas, ocho fueron presos asturianos y leoneses fusilados el 5 de agosto de 1938 contra el vallado del cementerio de la isla tras ser juzgados en Camposancos, en Pontevedra, otro de los campos de concentración franquista . En cuanto a las sacas, el 6 de septiembre de 1936 apareció en la Punta del Muíño de Beluso, en el municipio de Bueu, el cadáver del abogado pontevedrés Alberto Martínez Tiscar, tras ser trasladado desde San Simón por un grupo de paramilitares.

La cuadrilla la encabezaba Víctor Lis Quibén, un "siniestro" personaje, según Pereira, con el beneplácito del director del penal de San Simón, Fernando Lago, a su vez fue cabecilla junto con Francisco Bustelo, médico de la cárcel, de una trama corrupta para extorsionar a los presos para que pagaran por sus vidas. "Sabemos, también, que en otra saca once presos acabaron en una fosa común en Tenorio, en Cotobade, tras ser asesinados el 8 de noviembre de 1936 en la Volta do Couto”"

Fosa común

"Por último, seis penados más fueron víctimas de la misma metodología y se encuentran en una fosa común cerca del cementerio de Xeve, tras ser asesinados tres días después en la carretera de San Andrés. Del resto, hubo varios presos que se ahogaron tratando de escapar, como el marinero cenetista de Ribeira (A Coruña) Manuel Sayar Orellán, entre ellos, pero la inmensa mayoría fallecieron debido a la mortalidad que subió de manera dramática a partir de 1939, a causa del rancho miserable y las extremas condiciones de humedad que acabaron con cientos de penados de edad avanzada procedentes de todo el Estado español, concentrados en la isla”, añade el historiador, quien ha colgado esos datos en su cuenta de Facebook.

"Además", añade, “se habla de entre 250 y 300 muertos más en los meses de verano del año 1941, al ritmo de diez o doce defunciones diarias, por las causas antedichas, lo que obligó al Ayuntamiento de Vigo, donde se enterraban inicialmente los fallecidos, a solicitar que se habilitaran terrenos para uno nuevo camposanto en Cesantes".

"Hasta aquí, los datos que desenmascaran la mentira, la ignorancia y el compadreo del PP con el franquismo asesino. Un PP que con una mano niega las víctimas y contribuye al oscurecimiento de los verdugos y con la otra utiliza a [Alexandre] Bóveda y a [Alfonso María Rodríguez] Castelao para, con el concurso de algunos compañeros de viaje desnortados, desarmar su figura liberadora. Un PP en el que todos y cada uno de sus dirigentes son, en alguna medida, responsables de los crímenes que ocultan y de la impunidad que pretenden para sus perpetradores ayer y, si les dejamos el campo libre por pasividad o por cobardía, también de los de mañana”, advierte el historiador.

Por otro lado, el Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, la localidad en la que Ferro fue alcalde entre 2012 y 2019 ha exigido a la Xunta que fuerce el cese del diputado como miembro del patronato de la Fundación Curros Enríquez, poeta natural de la localidad. La asociación considera “intolerable” que Ferro siga en la Fundación tras sus "infames declaraciones" en el Parlamento de Galicia .

Persona non grata

Ferro, recuerda el colectivo, "no ha hecho el mínimo gesto de rectificación a pesar del aluvión de críticas que ha recibido desde sectores diversos de la sociedad gallega, incluso una advertencia directa del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra) de que será llevada a pleno una propuesta para declararlo persona no grata".

"Ferro tiene el deber cívico de memoria para con las personas, perseguidas, encarceladas, torturadas y que incluso perdieron sus bienes y hasta la vida en defensa de la democracia y la libertad"

El Comité de Memoria de Celanova recuerda "los precedentes de sus actuaciones como alcalde y como concejal en cuestiones relacionadas con la memoria histórica", como negarse a eliminar la simbología franquista de una villa donde el régimen también instaló otro campo de concentración, alguno de cuyos reclusos fueron trasladados a San Simón y murieron allí.

"José Luis Ferro tiene el deber cívico de memoria para con las ‘personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y que incluso perdieron sus bienes y hasta la vida en defensa de la democracia y la libertad", como dice el preámbulo de la ley de memoria democrática de 2022, así como el deber moral de respetar a las víctimas", recuerdan. "El Patronato de la Fundación Curros Enríquez tiene el deber cívico y moral de corregir esta infamia y repudiar a su autor".