Pazo de MeirásEl periplo judicial del mayor símbolo del expolio franquista llega en el Supremo a su último capítulo

Con las Torres de Meirás, en Sada (A Coruña), pueden pasar tres cosas. Una: que el Tribunal Supremo declare que pertenecen a la familia de Francisco Franco y obligue al Estado a devolvérselo. Dos: que, al contrario, decida que es un bien de propiedad pública y que no cabe indemnizar a la familia del tirano, porque habría quedado demostrado que éste se lo apropió indebidamente y que sus herederos lo poseyeron de mala fe siendo conocedores de los delitos que el dictador habría cometido para hacerse con él –simulación de compraventa, fraude, coacción, abuso de autoridad, inmatriculación ilegal...–. Y tres: que el inmueble construido por Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX y sus casi 100 hectáreas de fincas –más que todo el parque del Oeste de Madrid– son del Estado, pero que los descendientes del dictador deben ser indemnizados porque desconocían las ilegalidades de origen. 

Esta última es la tesis que sostuvo la Audiencia Provincial de A Coruña en una sentencia de febrero de 2021, que declaró nula la supuesta donación de las Torres a Franco en 1938 afirmando que no se trató de un regalo personal sino a la Jefatura del Estado, pero que sus herederos tendrían derecho a recuperar los gastos de mantenimiento y mejora en los que habrían incurrido desde 1975. Un año antes, en 2020, la jueza de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, había fallado en sentido contrario, entendiendo probada la mala fe posesoria de los Franco y denegándoles cualquier posibilidad de resarcimiento.

Los jueces de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, ante el que han apelado en casación tanto la familia del dictador como la Abogacía del Estado, se reunieron este jueves por la mañana para deliberar y en su caso votar sobre esos recursos. Pese a que ha corrido el runrún de que el fallo podría conocerse el mismo día, fuentes del Tribunal aseguran que el debate podría extenderse y que, al contrario de lo que ha sucedido con otros casos –como el del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz–, no es probable que se filtre el resultado de la votación antes de que se redacten y hagan públicas la sentencia definitiva y sus fundamentos. Algo que, según las citadas fuentes, podría demorarse semanas.

"Que el veredicto haga justicia"

"Esperamos que el veredicto haga justicia", sostiene Benito Portela, alcalde de Sada por Sadamaioría –una organización local, independiente pero vinculada a la Anova de Xosé Manuel Beiras y Martiño Noriega–, cuyo Gobierno, junto a otras instituciones, asociaciones y particulares, ha forzado a la Administración a ejecutar acciones judiciales para recuperar las Torres. "Ha sido un trabajo enorme de muchas personas e instituciones, de las asociaciones memorialistas, de historiadores como Manuel Pérez Lorenzo y Carlos Babío [cuya investigación halló las pruebas clave de los delitos cometidos por Franco que permitieron fundamentar la reclamación jurídica del pazo], de juristas como Miguel Torres Jack [representante legal del Concello de Sada], del ex concejal de Urbanismo Francisco Xosé Montouto, del exdiputado Antón Sánchez, de la Deputación da Coruña, de la Abogacía del Estado..". Una curiosidad: la abogada del Estado que ha llevado el caso de las Torres es Consuelo Castro, la letrada que defendió el año pasado a García Ortiz de las acusaciones de revelación de secretos por las que finalmente fue condenado. 

Volviendo a Meirás hace 88 años, fue entonces cuando Franco se hizo con el inmueble, en 1938, en plena guerra civil. Lo recibió como donación al jefe del Estado de la Junta Pro-Pazo del Caudillo, un organismo creado un año antes por falangistas y golpistas que supuestamente compró las Torres a los herederos de Emilia Pardo de Bazán. Lo hicieron con dinero obtenido a través de requisas y recaudaciones forzosas entre hogares e instituciones de la provincia y mediante descuentos obligados en las nóminas de funcionarios y empleados públicos. A todos se los señalaba y represaliaba si protestaban o se oponían al expolio. En 1941, el dictador inscribió el inmueble a su nombre –no al de la Jefatura del Estado– con documentación falsa, simulando la compra por un precio de 85.000 pesetas que en realidad nunca pagó.

"Son los Franco los que tienen que indemnizar al Estado, no al revés" (Carlos Babío, historiador)

Desde entonces y durante toda la dictadura, los Franco utilizaron las Torres no sólo como residencia veraniega oficial –allí se celebraban los consejos de ministro estivales–, sino como núcleo de la trama que fueron tejiendo el tirano y los suyos para acumular su fortuna personal. Franco creó sociedades anónimas a su nombre para gestionar la producción agrícola y maderera del pazo, tareas en las que trabajan funcionarios públicos e incluso guardias civiles. Esas empresas se nutrían de fondos públicos en materiales y mano de obra pero sus plusvalías no iban a parar a las arcas del Estado, sino a su cuenta corriente. También fue ampliando la finca desde las 67 hectáreas iniciales a las más de 100 con las que llegó a contar, expoliando casas y parcelas a campesinos de la zona. Algunas se vendieron años después en varias operaciones inmobiliarias para construir chalés y algunas de las urbanizaciones de adosados que hoy pueblan Meirás.

Campesinos expulsados de sus fincas

Una de esas fincas fue la de la abuela de Carlos Babío, el historiador cuyo trabajo con Manuel Pérez Lorenzo permitió fundamentar la demanda del Estado contra los Franco. Su abuela vivía en una vivienda colindante al pazo de la que fue expulsada en el año 38 para engrosar la propiedad de los Franco. Su marido, Francisco Babío Portela, había sido asesinado a golpes por los fascistas tres años antes por pertenecer a un sindicato agrario. A la viuda y a sus hijos los obligaron a firmar los documentos de cesión de la finca en la sede central en A Coruña del Banco Pastor, propiedad de Pedro Barrié de la Maza, testaferro de Franco y uno de los principales impulsores de la Junta Pro-Pazo. En 1955 el tirano le concedió el título de conde de Fenosa, por Unión Fenosa –hoy parte de Naturgy–, la empresa eléctrica que el oligarca fundó haciéndose con la que era propiedad de José Miñones, un empresario republicano coruñés fusilado por los franquistas tras el golpe.

"Lo que nosotros exigimos es que se declare no sólo que el pazo no es de los Franco, sino que fueron poseedores de mala fe", explica Babío, que nunca ha reclamado que le devuelvan a su familia la casa de su abuela sino que, al contrario, defiende que ésta también forme parte del patrimonio del Estado con el resto de inmuebles expoliados. "La Audiencia Provincial dice en su sentencia que la liquidación del estado posesorio de las Torres debe establecerse en 1975, la fecha en que la heredó su viuda [Carmen Polo, a quien el exrey Juan Carlos de Borbón nombró señora de Meirás ese mismo año], que conocía perfectamente la ilegalidad porque participó de ella. Luego se la legó a su hija, Carmen Franco, cuando murió en 1988, y ésta, a los nietos cuando falleció en 2017. Todos sabían perfectamente que era fruto de un expolio. Son los Franco los que tienen que indemnizar al Estado, no al revés", sostiene el historiador, que pone de ejemplo la cantidad que recibió la familia por los daños del incendio, nunca esclarecido del todo, que sufrió el inmueble hace 38 años, el 18 de febrero de 1978. Las compañías de seguros les pagaron 13 millones de pesetas de la época, más de 720.000 euros a precios de 2026.

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Las asociaciones memorialistas llevan décadas reclamando la recuperación de las Torres de Meirás, en un proceso que empezó a abrirse camino cuando el Ayuntamiento de Sada, gobernado por el nacionalista Abel López Soto –el hoy regidor, Benito Portela, era su secretario– pidió en 2007 a la Xunta que lo declarara bien de interés cultural (BIC) y obligara a los Franco a abrir visitas al público. Por entonces, la Consellería de Cultura del Gobierno autonómico, una coalición de PSOE y BNG liderada por el socialista Emilio Pérez Touriño, estaba en manos de Ánxela Bugallo, una profesora universitaria vinculada al Bloque que tramitó la demanda municipal y la declaración de BIC en 2008. Los Franco respondieron con varios litigios y torpedearon durante años las aperturas al público, pero la Xunta, con la que Alberto Núñez Feijóo se hizo en 2009, retrasó hasta septiembre de 2017 la primera multa por incumplir las obligaciones derivadas de la declaración. Le impuso 4.500 euros de sanción.

Pocos meses antes, y con la gestión del pazo ya en manos de la Fundación Franco, que hacía apología de la tiranía durante las visitas públicas a Meirás, Feijóo se había negado a tramitar en el Parlamento de Galicia una propuesta para reclamar la titularidad pública de las Torres. Para defender esa negativa, el entonces portavoz del PP, César Fernández Gil –hombre de confianza y asesor del entonces presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar–, usó citas de Carl Schmitt, un filósofo alemán activista del Partido Nazi de Adolf Hitler. El propio Feijóo dio por válida la tesis de que Franco se había hecho con las Torres por voluntad popular: "Los gallegos no estamos por la labor de pagar dos veces el pazo de Meirás. Lo pagamos en el año 38 cuando lo donamos a la familia", dijo entonces.

Pasividad de la Xunta

En 2018, tras la muerte de Carmen Polo y ante la pasividad de la Xunta, la familia puso las Torres a la venta por ocho millones de euros. Para tratar de evitarlo, la entonces vicepresidenta de la Deputación da Coruña por el BNG y hoy alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, exigió a Patrimonio Nacional y a la Abogacía del Estado que, teniendo en cuenta las pruebas aportadas por los investigadores e historiadores sobre los supuestos delitos cometidos por los Franco para hacerse con ellas, iniciaran las acciones judiciales precisas para reclamar su devolución–que no expropiación, como decía Feijóo– del inmueble. "El papel de Goretti Sanmartín fue clave en el proceso", afirma Fernando Souto, expresidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. "Fue el momento en el que la demanda en la calle se trasladó a la maquinaria del Estado", coincide Carlos Babío.

"Después de que la Fundación Francisco Franco hiciera unas visitas al pazo donde hacían apología del dictador, y de las críticas de los movimientos sociales y de memoria histórica, les contesté que igual que en su momento histórico la Deputación había colaborado para que los Franco se hicieran con él [a través de la Junta Pro-Pazo], ahora iba a colaborar en lo contrario: su recuperación", cuenta la alcaldesa de Santiago. "Con asociaciones cívicas, las universidades y los ayuntamientos implicados, Sada y A Coruña, constituimos una Junta Pro-Devolución que encargó un informe jurídico y histórico. Una vez que se demostró que la venta había sido simulada, nos pusimos en contacto con el Estado para que tomara cartas en el asunto, porque era el Estado quien lo tenía que reclamar oficialmente", añade Sanmartín.

El 11 de julio 2018, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad exigir al Estado que iniciase acciones judiciales para recuperar el pazo. El PP votó a favor y su entonces portavoz, Pedro Puy Fraga –sobrino de Manuel Fraga, doctor en Derecho y hoy diputado en el Congreso– dijo que la reclamación demostraba "la superioridad moral de la democracia sobre la dictadura". ¿A qué se debió ese cambio radical de postura del PP de Feijóo? "Probablemente al triunfo pocas semanas antes [el 1 junio] de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy", matiza Fernando Souto. "No es lo mismo plantearle una exigencia a tu propio partido sabiendo que lo metes en problemas, que dispararle al rival", añade Babío.

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El historiador apunta que el Tribunal Supremo debería tener en cuenta  ahora el antecedente de su propia jurisprudencia con las estatuas románicas del pórtico da gloria de la catedral de Santiago, propiedad del Ayuntamiento de Santiago, que Franco y Carmen Polo se llevaron a Meirás porque la segunda se encaprichó de ellas en una visita al Consistorio, y que acaban de ser recuperadas tras el largo periplo judicial, iniciado en octubre de ese mismo año, 2017, por el Gobierno del entonces alcalde, Martiño Noriega.

Lo cierto es que aquel procedimiento se asemeja al de las Torres, si no en el fondo jurídico, sí al menos en el valor simbólico que tendría poner fin a la usurpación, en palabras de la escritora gallega Marilar Aleixandre, más emblemática del franquismo. También en la intriga que provocan los tiempos procesales. En febrero 2019, un juzgado de Primera Instancia de Madrid, el 41, desestimó la demanda del Ayuntamiento de Santiago, y la Audiencia Provincial de la capital del Estado validó esa sentencia diez meses después alegando que "los bienes reivindicados no estaban adecuadamente identificados". En junio del año pasado, sin embargo, el Tribunal Supremo revocó los fallos anteriores y declaró que las instancias previas habían cometido un "error patente en la valoración de la prueba", y que las estatuas de Isaac y Abraham esculpidas en el taller del Mestre Mateo pertenecen al Ayuntamiento de la capital de Galicia. 

"La identificación de las estatuas reivindicadas como las que están en poder de los demandados es clara y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados y del informe pericial emitido sin posibilidad de duda", dice la sentencia. Dos de los jueces del Supremo que la firmaron -Pedro José Vela Torres e Ignacio Sancho Gargallo, presidente de la Sala Primera– están ahora entre los que deberán decidir si las Torres de Meirás también son propiedad de la ciudadanía, y no de los descendientes del tirano que se las expolió a todo un país.