Hay determinados temas que vuelven con cierta frecuencia a la actualidad política. Durante esta legislatura, uno de ellos es sin duda la reforma del delito de sedición. Es un asunto recurrente, más si cabe cuando hay una negociación presupuestaria en marcha con dos actores principales implicados: el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. La posición de Moncloa no ha cambiado y está dispuesto a rebajar las penas. Pero para ello implica directamente y lo condiciona a un acuerdo con los republicanos catalanes. Y ahora mismo el número de años de las penas es el principal escollo. 

Tanto Sánchez como los integrantes del Gobierno vienen repitiendo el mismo discurso desde hace más de dos años. Ya el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destacaba en 2020 que "la modificación de la sedición en el Código Penal debe hacerse para homologarnos a Europa y responder a la realidad actual". El propio Sánchez lo asumió como un "compromiso" a desarrollar durante esta legislatura. "La posición no ha cambiado", reiteran insistentemente al ser preguntados tanto en el Ejecutivo como en la sede socialista de Ferraz. 

Seguido a ese "compromiso", la siguiente argumentación es que hoy en día no existe mayoría parlamentaria suficiente para reformar el Código Penal. Una modificación de este tipo requiere mayoría absoluta. Y aquí la cuenta principal para alcanzar al menos los 176 votos pasa indispensablemente por un acuerdo con ERC. Sin su participación, dando por descontada la negativa de todos los partidos de derechas, sería imposible llevar a cabo cualquier reforma. 

El problema estriba en estos momentos en el número de años que se fijen para las penas de delitos de este tipo, la ambición que pueda tener el Gobierno y las cesiones que haga en sus planteamientos ERC. El Ejecutivo de Sánchez valora en sus primeros planteamientos rebajarlas a la mitad. El número de años no es una cuestión menor, puesto que dependiendo de ello una persona podría o no entrar en prisión. Moncloa considera que la media europea sobre este tipo de penas está en torno a un máximo de seis años. 

Para ERC eso significaría una reforma menor y en principio no la ven con buenos ojos. Este lunes, la portavoz del Govern, Marta Vilalta apuntaba a unas penas que oscilen entre los 3 y los 5 años. Algo que sucede ya en países como Francia, Alemania y Suiza. "Seremos muy exigentes en la línea de que el Código Penal respete los derechos humanos", afirmó la dirigente catalana en una rueda de prensa.  

Vilalta rechazó en todo caso convertir en una "subasta pública" el número de años de las penas. Pero sí que insistió en la necesidad de que el Estado haga reformas en el Código Penal para "acabar con la represión política" y que se adapte a los estándares europeos, como cree que le piden organismos internacionales como el Consejo de Europa, Naciones Unidas o Amnistía Internacional. 

En ERC, han presionado incesantemente sobre esta reforma en numerosas ocasiones. De hecho, es uno de los temas incluidos en la Mesa de Diálogo retomada en verano tras una paralización de meses coincidiendo con el estallido del 'caso Pegasus'. La "desjudicialización" del conflicto, un concepto que no eluden desde Moncloa, incluiría medidas como esta del delito de sedición. 

Se desliga de los Presupuestos 

En lo que sí parece que están de acuerdo ambas partes es en desligar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este tipo de reformas, más basadas en el contexto de la Mesa de Diálogo. ERC anunció el viernes, al límite del tiempo legal previsto, que no presentaría una enmienda a la totalidad. Un hecho que aunque no es definitivo porque las negociaciones siguen, desencalla en gran parte la aprobación de las cuentas públicas. 

Y los republicanos avisan de que los PGE tienen un "amplio margen de mejora" en cuestiones como la vivienda o la transición energética, según destacó Vilalta este lunes. También se reclama una mejor financiación para Catalunya y acordar un mecanismo para garantizar que se cumplan las inversiones. 

Por su parte, el Gobierno también tiene en cartera pendiente la aprobación de dos leyes clave para ERC. Por un lado, la Ley de Vivienda. Por otro, la reforma de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza". Las intenciones del PSOE son desbloquearlas tras llevar encalladas demasiado tiempo. Podrían servir, en paralelo, para acercar a ERC a las cuentas públicas. 

De hecho, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, deslizaba en una entrevista este lunes que la prioridad debería ser la vivienda en lugar de la sedición. Es decir, que considera que en estos momentos la ciudadanía está más preocupada por su hipoteca que por el delito de sedición. "Tenemos que intentar estar en todo", afirmó.